Ciudad de México, 10 de junio (SinEmbargo).– La Secretaría de la Función Pública (SFP) está comprando tiempo para encubrir al titular de la Secretaría de Energía (Sener), Pedro Joaquín Coldwell, acusado por la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado de la República por presunto conflicto de intereses, sostuvo en entrevista para Sin Embargo el abogado que lleva el caso del lado perredista, Jesús González Schmal.

Para el abogado, este asunto no debería representar ningún problema para la SFP, dada la cantidad de pruebas que presentó la bancada del PRD y la propia confesión del ex presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien confirmó ser propietario de gasolineras y un depósito de combustible en la isla de Cozumel, Quintana Roo.

Por lo que la demora – insistió González Schmal– podría significar dos cosas: O el encargado del despacho de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Julián Alfonso Olivas Ugalde, pretende ganar tiempo para que el tema se diluya o la intención es encubrir a Pedro Joaquín Coldwell.

“En mi opinión están haciendo esa maniobra, ver cómo ganan tiempo para quizá debilitar el interés de la opinión pública, pero me parece que no lo están logrando porque la gente está enardecida, está demandando que por lo menos en este caso se cumpla con la ley”, afirmó el abogado.

El también ex Diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN) advirtió que Pedro Joaquín Coldwell es sólo “una marioneta” del Presidente Enrique Peña Nieto para hacer el trabajo político a favor de la Reforma Energética.

“Es la marioneta que está usando Peña Nieto para mandarlo a los programas de radio y televisión diciendo que la Reforma Energética nos va a bajar el precio de la gasolina y del gas, y que va a ser la jaula de México. Igual que cuando privatizaron las minas, los bancos o los ferrocarriles, todo el mismo rollo lo ha dicho Coldwell sin recato y sin pudor”, afirmó el abogado.

Agregó que al no tener conocimiento técnico del tema energético, la presencia de Coldwell al frente de la Secretaría de Energía podría considerarse más como un premio por sacar adelante al PRI tras la crisis en que lo sumió ex líder nacional priista Humberto Moreira Valdés, una vez que empezó a revelarse la deuda por 34 mil millones de pesos que heredó al estado de Coahuila.

“Evidentemente que se trata de una compensación, de un regalo, de un bono, que le da Peña Nieto por los servicios que le prestó al PRI en las grandes dificultades en que se encontró con Moreira. En esa virtud, me parece poco inteligente de Peña Nieto colocarlo primero en una función que no conoce y segundo porque está confrontado con el cargo, porque tiene intereses como franquiciatario”, explicó en entrevista.

CONFLICTO DE INTERESES E IMPUNIDAD

González Schmal ha investigado otros casos de abuso de poder o de conflicto de intereses. Cuando fue Diputado federal por Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano (MC), en la LIX Legislatura de 2003 a 2006, le tocó presidir la comisión investigadora de la empresa Construcciones Prácticas S.A. de C.V. sobre el posible tráfico de influencias desde la Presidencia de la República para favorecer los negocios de los hijos de Marta Sahagún de Fox, esposa del ex Presidente Vicente Fox Quesada.

Por lo que no consideró casual que desde las altas esferas del poder se apueste por la impunidad.

“Están pensando cómo encubrirlo [a Pedro Joaquín Coldwell]. Usted sabe que este señor [Julián] Olivas fue director jurídico de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y ellos consintieron el cheque que presentó Alberto Bribiesca Sahagún para ganar un concurso en el IPAB, lo cual era una operación ilícita. Ellos debieron haberla reprobado. Sin embargo, cuando se les llamó en el Ministerio Público dijeron que no, que no era de trascendencia”, recordó el abogado.

Entrevistado en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública, sitio al que acudió para agregar nuevos datos a la denuncia presentada por los senadores perredistas Miguel Barbosa Huerta y Dolores Padierna Luna, el pasado 27 de mayo, Jesús González Schmal fue categórico: “Este señor Olivas seguramente está queriendo ganar bonos con [el Presidente Enrique] Peña Nieto”.

A nombre de los senadores Miguel Barbosa y Dolores Padierna, coordinador y vicecoordinadora parlamentaria, Jesús González Schmal presentó ante la Secretaría de la Función Pública más datos sobre el presunto tráfico de influencias en que habría incurrido el Secretario de Energía.

El también Presidente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó, en conferencia de prensa el pasado 29 de mayo, que sí es propietario de cuatro gasolineras. Además pidió a Julián Olivas hacer públicas sus declaraciones patrimoniales de 2013 y 2014, donde se especifica su participación accionaria en las gasolineras y una planta de almacenamiento de combustibles localizados en Cozumel, Quintana Roo.

Para el abogado de los perredistas, estas declaraciones son conformaciones propias de que el servidor público sí incurre en un delito.

“El señor Pedro Joaquín Coldwell sí incurre en conflicto de intereses porque la ley no cuantifica en qué grado o monto del conflicto de intereses se presente, simplemente habla de que cuando hay en el cargo que uno desempeña y la actividad personal, hay incompatibilidad debe excusarse del desempeño del cargo”, afirmó el abogado.

En esta virtud, los perredistas pidieron a la Función Pública que publicite la totalidad de la declaración patrimonial de Pedro Joaquín Coldwell de los años 2013 y 2014, y no solo parte de esta, como el propio Secretario solicito a la SFP.

–¿Es suficiente la respuesta de Coldwell que pidió publicar parte de su declaración patrimonial? –Se le preguntó.

–No, definitivamente es irrisorio. No tiene ninguna trascendencia que él abra parte de su declaración, y que intente quitarle el curso a un procedimiento que es estrictamente legal, que está sustentado en la Ley Federal de Responsabilidades. Por lo tanto, la SFP tiene la obligación de llegar al fondo para conocer la verdad de lo que se denuncia.

VEREDICTO ANTES QUE REFORMAS

Jesús González Schmal emplazó a la Secretaría de la Función Pública a dar respuesta antes del viernes 13 de junio, de lo contrario, dijo, se hará cómplice del delito en que presuntamente incurrió el secretario Pedro Joaquín Coldwell.

–Si no lo hace, haremos uso de medidas de apremio, primero ante su jefe superior: el propio Presidente de la República y en seguida ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa”, dijo.

–¿Cuál es el riesgo de que la legislación secundaria se apruebe antes de que la SFP emita su veredicto?

–No puede ser Secretario de Energía y presidente del Consejo de Pemex cuando tiene franquicias para su propio beneficio, porque puede beneficiarse enormemente con la Reforma Energética, porque ya las gasolineras franquiciatarias van a poder comprar gasolina directamente del extranjero o a intermediarios y si él tiene el control monopólico de la isla [de Cozumel], imagínese lo que puede hace con los precios–advirtió el ex legislador de izquierda.

–¿Por qué el próximo viernes como plazo?

–Es un tiempo más que prudente si [la SFP] tiene los elementos desde el 27 de mayo. El viernes será 13 de junio, tiempo más que suficiente para haber confrontado los documentos y llegado a una conclusión jurídica, pues eso no tiene vuelta.

–Ya si la conclusión no la acepta Coldwell, pues que sea él el que apele, pero que no sea la SFP la que con una larga tramitación quiera cansar al pueblo y quiera burlar la aplicación de la ley.