Ciudad de México, 11 de marzo (SinEmbargo).– La puesta en marcha del paquete reformas impulsadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, ha traído consigo una serie de nuevas legislaciones y otras nuevas reformas que van encaminadas en cumplir los objetivos planteados por la presente administración, en especial en materia de energéticos. Sin embargo, de acuerdo con organizaciones civiles, todo esto se ha tratado de negociaciones Estado-empresas, y se ha dejado de lado la opinión de la sociedad civil que desde hace varios años sufre las consecuencias de la llegada de grandes compañías a diversas comunidades mexicanas, muchas de ellas de población indígena.
De acuerdo con la postura de los activistas, la Reforma Energética podría atentar contra los derechos humanos a la tierra, el territorio y los recursos naturales, por lo que esta situación encuentra lugar en el marco de la crisis de derechos humanos que se vive en el país.
Los especialistas asistentes al “Conversatorio sobre escenarios en México: derechos humanos, empresas & Reforma Energética”, coincidieron en que la implementación de esta reforma no contempla las consecuencias que tendrá en la tierra y en los recursos naturales, ya que las leyes están realizadas bajo la premisa de que las empresas trabajarán, explotarán el hidrocaruro y se irán, dañando el patrimonio territorial de las comunidades.
Además insistieron en el tema de los movimientos sociales que se manifiestan en contra del despojo, ya que la creación de la Gendarmería Nacional se dio tan sólo 10 días después de la aprobación de las leyes secundarias de la Reforma Energética, lo que interpretaron como una señal muy clara de que el Estado brindará seguridad a los objetivos de las empresas.
Fernanda Hopenhaym, del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investifación (PODER), comentó que no se puede confiar en “buenas intenciones” del gobierno o las empresas. “El Gobierno federal está generando un plan de acción que lo posicione a la vanguardia a nivel mundial a través de la Reforma Energética […] Las empresas tienen objetivos cortoplacistas que no toman en cuenta los efectos a la salud y al ambiente. Quizá algunas buscan mejorar, pero bajo la premisa de no perder productividad, la lógica sigue siendo la misma. La Reforma Energética es despojo para las comunidades”, dijo.
En un caso concreto, Bettina Cruz, de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, declaró que las violaciones a los derechos territoriales de las comunidades se ha venido ejerciendo en la región oaxaqueña desde hace ocho años, con los proyectos de energía eólica.
Durante su participación mencionó que, actualmente, muchas comunidades indígenas oaxaqueñas ya se encuentran completamente “atrapadas” por los parques eólicos, que de acuerdo con estimaciones realizadas por la Asamblea, tienen ganancias anuales por más de 8 mil millones de pesos.
“Dentro de este modelo capitalista que capta los recursos financieros del exterior, no se ven beneficios en lo local. En el Istmo ya están instalados 24 parques eólicos […] el beneficio puede ser de más de 8 mil millones de pesos, pero el beneficio para nosotros no existe […] Las empresas buscan la maximización de las ganancias a costa de la explotación de la gente, de recursos naturales y culturales que hay en los territorios indígenas. Nosotros nos quedamos con desplazamiento, contaminación de los suelos y crecimiento limitado de las poblaciones”, denunció la activista.
Bettina también habló del modo en que el Gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Energía, (Sener), Secretaría de Gobernación (Segob) y el Gobierno de Oaxaca, intenta realizar una consulta en las comunidades del Istmo sobre el proyecto de energía eólica, pero sólo como “un requisito más que cumplir”.
“Sólo se trata de justificar el despojo. Ya hay 24 parques; se debió haber consultado el proyecto, no parque por parque, porque además, ya hay contratos firmados”, agregó.
VIOLACIONES A DERECHOS DESDE EL INICIO
Aroa de la Fuente, del Centro de Análisis Fundar, precisó que las violaciones a los derechos humanos se dieron desde el proceso de aprobación de la reforma y posteriormente, para la Ronda Cero y Ronda Uno, “El Gobierno dice que beneficiará a la gente, pero jamás lo sustentó en datos. Toda la información fue deficiente y no permitió hacer una valoración sobre la efectividad de las medidas que se tomaron, lo que influyó en la forma de participación, que fue cerrada, realizada entre partidos, nunca con la sociedad. Las organizaciones que de forma limitada nos acercamos observamos durante toda la negociación que los acuerdos ya estaban cerrados”, expuso.
En este sentido, la investigadora puso de ejemplo los contratos de arrendamiento a corto plazo, en los que se contempla que los dueños de las tierras podrán rentar a los privados sus tierras para la explotación de hidrocarburos. Sin embargo, con la legislación quedan obligados a rentarlas con la creación de la figura de “servidumbre legal”, aunque aunado a esta situación, dadas las condiciones de pobreza de muchas de las comunidades, resulta sencillo convencerlos de ceder sus terrenos.
Además, por tratarse de arrendamientos de corto plazo, las empresas, después de extraer lo que necesitaban pueden retirarse, dejando las tierras contaminadas de tóxicos, y en muchos casos quedan comercialmente inviables.
Phil Bloomer, del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, comentó que el tema de la llegada de grandes inversiones, provoca un gran temor a las comunidades, por lo que el tema de sus derechos humanos tiene que estar al centro del debate energético, ya que también se ha registrado un aumento en las agresiones contra defensores de la tierra.
“[Las empresas] No viven en un mundo si ética, aún con los reglamentos del Estado, ellos toman decisiones que afectan enormemente a sus empleados, a las comunidades donde actúan y también a sus consumidores, y hay una enorme cantidad de abusos de esas empresas, ya que esto se manifiesta en actos de violencia contra quienes buscan manifestarse en México […] hay 82 casos de agresiones contra defensores de tierras en México.
La realidad es que los pueblos marginados tienen un gran poder, ya que ellos pueden elevar los costos de estas inversiones”, puntualizó Bloomer.
