Ciudad de México, 12 de dic (sinembargo.mx) – Hasta el 5 de dicembre pasado, Jesús Rodríguez Almeida se encontraba al frente de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). Ahora ha sido avalado como el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, en medio de señalamientos en su contra tras las detenciones arbitrarias y torturas cometidas por las autoridades contra manifestantes el 1 de diciembre, durante las protestas contra la toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto.
Pese a ello, el nuevo jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, con quien ya había trabajado, lo integró a su equipo, mientras las denuncias por el proceder autoritario de elementos policiacos se acumulan y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha sustentado las quejas en torno al “uso excesivo de la fuerza”.
Fue justamente la dependencia que estaba bajo el mandato de Rodríguez Almeida la que consignó a los 69 detenidos por los disturbios en el Centro Histórico y San Lázaro con motivo del cambio de gobierno federal y que, según el activista Daniel Gershenson, sólo se limitó a cumplir órdenes sin la intención de investigar primero los hechos, en los que –de acuerdo con pruebas basadas en fotografías, videos y testimonios, incluso de periodistas– se realizó la detención, maltrato e incluso tortura de personas inocentes.
SU TRAYECTORIA
Es maestro en Ciencias Penales con especialización en Ciencia Jurídica Penal del INACIPE. Tiene estudios de doctorado en Derecho en el Instituto Internacional del Derecho y del Estado.
Ha ocupado diversos cargos públicos:
Fungió como Director y primer Comandante de la Policía Ministerial Investigadora del Estado de Chihuahua; en esa entidad también fue Director del Centro de Readaptación Social para Adultos de Ciudad Juárez y Director General del Centro de Readaptación Social de la misma urbe. Al año siguiente comenzó a laborar como Director General de la Cárcel Pública Municipal de Cancún, Quintana Roo, puesto en el que estuvo un año; además, se desempeñó como Director de la Dirección General de Inteligencia e Investigación para la Prevención de la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México (ASE) y Fiscal de Procesos en Juzgados Penales.
En 2010 fue nombrado subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
Tras la renuncia de Miguel Ángel Mancera Espinosa, en febrero pasado, y hasta hace unos días estuvo al frente de la PGJDF.
El pasado miércoles 5 de diciembre el propio Mancera, ahora ya como Jefe de Gobierno, lo designó secretario de Seguridad Pública en el DF, cargo que también fue ratificado por el presidente Enrique Peña Nieto.
EL CASO TELEVISA-NICARAGUA
El caso del 1D no es el único hecho polémico que ocurrió durante la gestión de Rodríguez Almeida al frente de la PGJDF.
El pasado 20 de agosto, 18 mexicanos que aseguraron ser periodistas de Televisa fueron detenidos en Nicaragua y se les decomisaron 9.2 millones de dólares. Los connacionales están acusados de delitos de lavado de dinero, crimen organizado y tráfico internacional de drogas.
Los inculpados llegaron al país centroamericano a bordo de seis camionetas con logos de la televisora, equipo de reporteros y bajo el liderazgo de Raquel Alatorre o Juana Raquel Alvarado Torres, apodada “La reina de las Vans”.
Este caso ha traspasado fronteras y se ha involucrado incluso dependencias del Distrito Federal, como la Setravi, donde se realizó el registro de las unidades a nombre de la compañía de Emilio Azcárraga Jean, tal como han comprobado diversos medios.
Luego de la polémica generada por el registro de las unidades a nombre de Televisa en dependencias capitalinas, el ex procurador tuvo que dar la cara e informar sobre las investigaciones en torno al caso.
El 1 de octubre Jesús Rodríguez Almeida declaró que 15 funcionarios, cinco empleados de la Secretaría de Transportes y Vialidades, y 10 personas de cuatro delegaciones de la Ciudad de México que operaban el sistema de cómputo para realizar trámites vehiculares eran investigados por el caso de las camionetas.
Dos días más tarde, dijo que continuaban las indagatorias para clasificar los delitos que pudieron cometer servidores públicos que registraron, presuntamente de manera irregular, seis camionetas con razón social de Televisa y aseveró que “en los próximos días” habría información sobre los vehículos.
Cinco días después, Almeida informó que se habían detectado al menos otras 10 camionetas registradas a nombre de la televisora, aparentemente de forma irregular.
Pronto se determinó que habían sido cuatro servidores públicos de la Setravi, adscritos a los módulos ubicados en las delegaciones Iztacalco, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Tlalpan, que registraron 16 camionetas de forma irregular a nombre de la televisora de San Ángel y contra ellos se giró una orden de aprehensión el mes pasado como presuntos responsables del delito de ejercicio ilegal del servicio público, informó Milenio. Sin embargo, el secretario de Transportes y Vialidad, Armando Quintero, deslindó a la dependencia a su cargo de los trámites irregulares y manifestó que los cuatro funcionarios no pertenecen a la Secretaría de Transportes y Vialidad, ya que están adscritos a las delegaciones políticas.
El rotativo publicó el 27 de noviembre que el entonces procurador admitó que hasta ese momento se desconocía el paradero de los servidores.
“Vamos a darnos tiempo para ubicarlos y presentarlos ante el juzgado. Desconocemos (su ubicación), para eso está la Fiscalía de Mandamientos Ministeriales y Judiciales haciendo su labor”, dijo.
El juicio contra los mexicanos dio inicio el pasado 18 de noviembre, pero se aplazó e inició el pasado 10 de diciembre.
ESCALADA DE VIOLENCIA EN EL DF
El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Distrito Federal presentó en agosto su octavo Reporte de índice Delictivo (RINDE), donde reveló que de los 14 delitos de alto impacto, durante el periodo enero-julio de este año, hubo una disminución en 12, pero los restantes aumentaron.
Se trata del robo a casa habitación que pasó de 424 casos de enero a julio de 2010 a 483 en el mismo lapso de este año, es decir, un alza de 13 por ciento. En tanto el asalto al interior del Metro aumentó en 4 por ciento.
Pero ese mismo mes la capital fue testigo de delitos de acto impacto antes típicos sólo en el norte del país: descuartizados y ataques a bares.
El primer incidente ocurrió el viernes 3, cuando un pepenador encontró la cabeza de una persona en un bloque de cemento dentro de un costal en calles de Tepito. Al día siguiente, en el mismo Barrio Bravo, al menos tres jóvenes, de entre 20 y 30 años, resultaron lesionados luego de recibir diversos impactos de bala.
Apenas casi mes y medio antes, el 27 de junio, comerciantes de Tepito agredieron a granaderos, luego de que se cumplimentó un operativo para decomisar ropa y tenis en la zona, por lo cual cuatro personas fueron detenidas. Reportes policiacos indicaron que el enfrentamiento tuvo lugar en el Eje 1 Norte, el cual permaneció cerrado a la circulación por espacio de 30 minutos, hasta que logró salir un camión con la mercancía incautada.
Los comerciantes agredieron a los uniformados con piedras, palos, palomas y demás objetos.
También el 4 de agosto pasado, dos personas de la tercera edad y un adolescente fueron asesinados dentro de una casa ubicada en la esquina de las calles Nogal y Xochitepec, colonia del mismo nombre en la delegación Xochimilco.
Luego, el martes 7 de agosto, cuatro jóvenes fueron baleados por la madrugada en la delegación Iztapalapa; tres de ellos fallecieron en el lugar, mientras que otro murió cuando era trasladado hacia el hospital.
El miércoles 8 de ese mismo mes, el empresario Jaime Quiroz Gutiérrez, de 56 años, fue asesinado a bordo de su automóvil marca Honda Accord, placas de circulación 585WTP, por un sujeto que viajaba en compañía de otro en un auto compacto cuando salía de su negocio ubicado en la calle de Nueva York, esquina con Oklahoma, en la colonia Nápoles, delegación Benito Juárez.
Ante estos casos, Rodríguez Almeida, negó el día 9 de agosto que existiera una escalada de violencia en la capital del país, pese a los asesinatos ocurridos anteriormente.
En rueda de prensa, el funcionario precisó que en el primer semestre de 2011 ocurrieron 382 homicidios y en el mismo periodo de 2012 sumaron 389, lo que mantenía al Distrito Federal por debajo de la media nacional y ocupando el lugar número 24 respecto a ese ilícito.
Rodríguez Almeida señaló que en muchas ocasiones ese tipo de eventos están ligados a venganzas, ajuste de cuentas, celos, deudas económicas, robo, narcomenudeo, traición, enemistad, rencillas, odio, alcoholismo y adicciones.
Pese a las declaraciones, la violencia continuó.
El domingo 12, el Ministerio Público de la PGJDF informó del hallazgo del cuerpo descuartizado de un hombre en Iztapalapa, cuyo cadáver estaba cercenado en varias partes y depositado en tres cajas de cartón de huevo y tapadas con bolsas negras de plástico.
Al siguiente día, se registró un ataque a balazos a un centro nocturno en la misma delegación, dejando dos empleados muertos. Según las primeras investigaciones, la agresión fue una venganza de dos hombres a los que trabajadores del Static Bar negaron el acceso anteriormente.
LOGROS EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA
El pasado 28 de noviembre, al término de la presentación del informe de avances del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Distrito Federal, Almeida dio a conocer que los delitos contra las mujeres disminuyeron 10 por ciento en la ciudad de México en el periodo de un año.
El entonces procurador destacó que el índice de feminicidios se redujo en un 33.3 por ciento y los casos de abuso sexual, 3.9 por ciento. Pero reconoció que entre los pendientes en dicha materia se halla el Centro de Justicia para Mujeres Víctimas de Violencia.
También explicó que 23 bandas de secuestradores han sido desarticuladas este año, mientras que 100 extorsionadores fueron detenidos.
Almeida aseguró, según La Jornada, que dependerá de las autoridades de la nueva administración continuar con la capacitación de su personal para que así los agentes del Ministerio Público, los servicios periciales y la policía de investigación trabajen con más atención ciudadana
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LA POLÉMICA
Rodríguez Almeida inicia labores en medio de la controversia causada por las detenciones arbitrarias y torturas realizadas por autoridades capitalinas el pasado 1 de diciembre, en el marco de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como presidente de la República y que derivaron, en un principio, en más de 100 detenidos y 20 elementos de diversas corporaciones policiacas con lesiones.
El 3 de diciembre, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, aún bajo el mando de Rodríguez Almeida, consignó a 69 personas ante jueces del fuero común.
De los consignados, 58 hombres fueron ingresados al Reclusorio Preventivo Norte y 11 mujeres al Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla, todos acusados de ataques a la paz pública en pandilla, delito que se castiga con una pena que va de los 5 a los 30 años de prisión sin derecho a salir bajo fianza.
En un principio, fueron presentados ante la PGJDF 85 personas, 65 hombres y 20 mujeres, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía Central de Investigación, instancia que determinó consignar a 58 de ellos, mientras que 11 menores fueron trasladados a la Fiscalía Central para la Atención a Niños, Niñas y Adolescentes de la misma dependencia.
Rodríguez Almeida aseguró que durante las investigaciones de los hechos se encontraron diversos instrumentos que señalan que hubo premeditación y un plan específico para llevar a cabo actos violentos y atacar la paz social de la ciudad.
Como parte de las investigaciones, dijo, se encontraron, entre otras cosas, cilindros de gas para prender fuego, una granada de fragmentación y bombas molotov.
También precisó que las detenciones se realizaron en la calle de Regina, Eje Central, Madero, Avenida Juárez, la Glorieta de Colón, calle Doctor Lavista y Eje 2 Norte, donde “algunos detenidos fueron sorprendidos en flagrancia y otros son señalados por agredir a elementos de seguridad y dañar propiedad pública”.
Dijo además que diversos detenidos manifestaron depender de grupos anarquistas o del movimiento #YoSoy132. Sin embargo, en rueda de prensa el 7 de diciembre, miembros de la Alianza Anarquista Revolucionaria y la Cruz Negra Anarquista, dos hombres y una mujer, quienes omitieron su nombre, aseguraron que ninguna de las personas consignadas pertenecen a estos grupos y manifestaron que todas las acciones realizadas ese día “en ningún momento fueron premeditadas por los anarquistas o cualquier otra organización”.
Tras la consignación, familiares de los detenidos, amigos y ciudadanos en general demandaron a las autoridades, tanto federales como capitalinas, liberar a éstos, pues aseguran, se han violado los derechos humanos de la mayoría de ellos, al ser inocentes de los cargos que se les acusa.
Ese mismo día, más de 73 organizaciones con presencia en 21 estados de México denunciaron abusos y lesiones contra ciudadanos durante los operativos policiacos y también se dio a conocer la versión de que durante las refriegas del pasado sábado 1 de diciembre en el cerco de San Lázaro, presuntos “grupos de choque” operaron junto a la Policía Federal y el Estado Mayor Presidencial, que es el que tradicionalmente organiza la seguridad en los eventos del jefe del Ejecutivo.
A le exigencia de liberar a los detenidos, se sumarían artistas el 6 de diciembre, quienes se unieron para realizar un video bajo el título “Si uno de nosotros está preso, todos lo estamos”, en el que hacen un llamado a las autoridades capitalinas y federales y les piden “hacer bien su trabajo y buscar a los verdaderos vándalos”. VER VIDEO AQUÍ
Pero mientras los videos y fotografías que muestran abusos por parte de los policías contra manifestantes circulan al por mayor y se exige liberar a los detenidos, Almeida fue designado titular de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina.
ALMEIDA NO MERECE ESTAR AL FRENTE DE LA SSPDF: GERSHENSON
En el caso de Almeida, una de las piezas clave en el nuevo gabinete capitalino, el activista Daniel Gershenson opina, en entrevista con SinEmbargo.mx , que se trata de un Apparátchik, término ruso que se usa para calificar a los funcionarios que acatan las órdenes de sus superiores, en el caso de este secretario, primero de Marcelo Ebrard Casaubón y ahora de Miguel Ángel Mancera Espinosa.
La misma noche del 1 de diciembre, Ebrard ofreció una rueda de prensa en la que atribuyó a “grupos anarquistas” los actos de violencia registrados en el Centro, los cuales –dijo– fueron planeados deliberadamente y representan una agresión a la capital del país. El entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal y su procurador de Justicia, Jesús Rodríguez Almeida, detallaron que entre los grupos que habían sido identificados se hallaban“Bloque Negro Anarquista”, “Cruz Negra Anarquista” y “Coordinadora Estudiantil Anarquista”. (VER NOTA)
Ese día el ex funcionario capitalino calificó como una “barbarie” lo acontecido en la ciudad, en la que se vio un inmenso operativo, “una maquinaria infernal que incluyó granaderos y ministerios públicos abusivos”, aseguró Gershenson.
El activista destaca la labor de la policía ese día, el primero del gobierno de Peña Nieto y previo a la toma de protesta de Mancera, en el que “tal pareciera que se tenía como fin arrestar a toda persona que se encontrara en la zona… y entre menos involucrado estabas, más susceptible eras a los granaderos”.
Gershenson comenta que el servidor público sólo se limitó a obedecer órdenes, “como si no tuviera voluntad propia” y sin la intención de investigar los hechos.
“Almeida se limitó a cumplir órdenes de Ebrard, al más puro estilo priista de antes… este tipo de funcionarios sólo son como engranes de este gran sistema autoritario y se ensamblan de la circunstancia y la impunidad”, dijo.
Los actos cometidos “en cualquier otra ciudad del mundo, les hubieran costado la chamba” a estos servidores públicos, aseguró el activista.
Y es que, según él, en vez de fincar responsabilidades como en cualquier otro país donde se realice una defensa de los derechos humanos, a Rodríguez Almeida se le premió. “No merece estar seis años cumpliendo las órdenes de su antiguo jefe, Mancera”, aseveró el luchador social y cuestionó también al nuevo mandatario capitalino, pues –expresó– debería ser más cuidadoso con quienes lo rodean, pues la seguridad en la ciudad requiere “una cirugía mayor”, ya que la policía del Distrito Federal “es un desastre” y desde “el linchamiento en Tláhuac” se habla de una reforma a fondo que no se ha dado.
También sobre Mancera, Daniel Gershenson declaró que espera “sea cuidadoso en el tema de los derechos humanos”, pues es “increíble que premie a Almeida en vez de cesarlo”.
En el marco de la conmemoración del Día de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, estos hechos tienen en jaque al GDF y según Gershenson, sería un “retroceso descomunal que en esa fecha estrenemos a jefes policiacos como este señor”.
Finalmente, el activista se refirió a Almeida como “un gorila que pretende ser el jefe de la policía los próximos seis años”, mientras que ninguna autoridad superior determine lo contrario y concluyó:
Necesitamos a las mejores gentes y no necesariamente a quienes han sido empleados leales de Mancera… Si él quiere tener un gobierno incluyente, está a tiempo de pensar en otra persona que ocupe un puesto tan crucial donde la defensa de los derechos humanos debe ser primordial”.
Entre lo que se espera que aclare la nueva administración capitalina, se encuentran los abusos, actos de tortura e incluso el uso de aparatos que infligen choques eléctricos cometidos contra manifestantes por parte de elementos de la elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y que fueron comprobados por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
La Comisión también registró casos de detenciones de personas que se expresaban en forma pacífica y elaboró un informe sobre lo ocurrido en la zona del Centro y de San Lázaro de la Ciudad de México, donde se registraron manifestaciones de organizaciones sociales en el contexto del cambio del gobierno federal.
Pero no sólo eso, también destaca la utilización de opiniones, imágenes y comentarios de periodistas como Ciro Gómez Leyva y conductores de Foro TV en la valoración de pruebas de la consignación de los individuos a los que se acusa de “ataques a la paz pública en pandilla” por los actos de vandalismo que se registraron el pasado 1 de diciembre (1D). En un documento, que obra en poder de SinEmbargo.mx, usa también, en el apartado de “valoración de pruebas”, una imagen de Milenio Televisión en la que aparece Andrés Manuel López Obrador. (VER NOTA)
Y es que apenas hace unos días, Jesús Robles Maloof, activista y defensor de los derechos humanos, reveló que la dependencia sí utilizó opiniones del periodista como “pruebas” en contra de los estudiantes detenidos y manifestó que Miguel Mancera tiene una decisión ante sí: “Revisar de manera expedita los expediente y liberar a aquellos donde no haya evidencia suficiente. Lo tiene que hacer antes del domingo día en el que la juez puede, como lo hacen comúnmente condenar por método a quienes son consignados. De no ser así pudieran pasar meses en prisión. Liberarlos como se debe ser, no bastará. Deberán castigarse estos hechos para que no se vuelvan a repetir y esto debe hacerse empezando por Jesús Rodríguez Almeida quien desde la PGJDF consignó a sabiendas de la inocencia de decenas. A Luis Rosales que desde la SSPDF autorizó las detenciones arbitrarias o no supervisó a sus subordinados y a Manuel Mondragón que desde la SSP por los hechos en San Lázaro”. (VER NOTA)
Además, existen otros datos preocupantes. El 6 de diciembre Arturo Sierra, reportero del periódico Reforma, dio a conocer un diálogo con mandos de la Policía Preventiva (SSP-DF) que señalaron que al iniciar los desmanes en Avenida Juárez, el 1 de diciembre, les dieron la indicación de realizar labores de contención y evitar un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con los jóvenes.
Más tarde, agrega, la indicación fue detener a personas que estuvieron incitando a la violencia y que fueron identificadas con las cámaras de seguridad de la Ciudad de México.
Reforma publicó que los mandos de la SSP-DF señalaron que el propio Marcelo Ebrard ordenó con indicativo Apolo y Chacón, con indicativo Aníbal, detener a los jóvenes.
Luis Alberto, policía sectorial en Miguel Hidalgo, dijo al periodista:
En tanto, policías sectoriales denunciaron que a pesar de no tener la capacitación los están obligando a participar como grupos de contención en marchas y plantones.
Mandan de los sectores a compañeros, les ponen un casco y les dan un escudo y los mandan de granaderos, cuando no tienen esa capacitación”.
Por su parte, el Jefe de Gobierno dijo a MVS Noticias que asumía la responsabilidad de las personas que pudieron haber sido detenidas arbitrariamente.
“Asumo y me hago cargo de personas que pudieron haber sido detenidas sólo por estar en el lugar de los hechos”, dijo con Carmen Aristegui. “Yo he dado la instrucción a la Procuraduría que esté muy atenta en el área correspodiente para que se pueda tener un panorama claro de los eventos”.
Tras diversas manifestaciones y peticiones de libertad para los detenidos, la mañana del domingo 9 de diciembre 10 de las once mujeres que se encontraban en Santa Martha, Acatitla fueron liberadas por falta de pruebas.
Además, 46 varones, que se hallaban en el Reclusorio Preventivo Norte, también quedaron en libertad debido a que no se acreditó el delito de ataques a la paz pública que se les imputaba.
Apenas un día antes, el presidente Enrique Peña Nieto aprobó la propuesta hecha por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, para que Almeida encabece la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF).
-Con información de Notimex
