Ciudad de México, 13  septiembre (SinEmbargo).– El Presidente Enrique Peña Nieto designó a una comisión federal “con el propósito de llevar a cabo acciones inmediatas, oportunas y eficaces para evaluar y subsanar los daños causados a la población con motivo del derrame tóxico en el Río Sonora”. Tres días antes el Gobernador Guillermo Padrés Elías expulsó del Comité de Operación de Emergencias a los delegados federales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Por medio de un comunicado de prensa, Presidencia de la República informó la noche del viernes que este grupo de trabajo se trasladará en las próximas horas al estado de Sonora para cumplir de forma permanente con las tareas que les han sido encomendadas y estará informando oportunamente a la población respecto al desarrollo y resultados de su gestión.

A inicios de semana el mandatario panista expulsó a los delegados federales de Conagua, Profepa y de la Semarnat del Comité Estatal de Protección Civil que investigaban el derrame de tóxicos de la mina Buenavista del Cobre en los ríos Bacanuchi y Sonora.

Los funcionarios federales expulsados del Comité Estatal de Protección Civil en Sonora son César Lagarda Lagarda, de la Conagua; Jorge Carlos Flores Monge, de la Profepa, y Jorge Andrés Suilo Orozco de la Semarnat.

Padrés Elías consideró que los funcionarios federales no eran interlocutores válidos, luego de que calificaron como ilegal una presa construida en el rancho, “El Pozo Nuevo de Padrés”, de la cual él era propietario. “El presidente de ese consejo es el Gobernador del Estado o su representante, y seguiremos al frente de ese consejo, pero de ninguna manera considero yo como un válido representante a ninguna de esas dependencias, a los señores delegados”, afirmó Padrés.

“No son bienvenidos, que manden algún otro representante de la misma dependencia, menos a esas personas que han actuado de mala fe y con dolo”, dijo el Gobernador sonorense en conferencia de prensa el pasado 9 de agosto.

Ese día, agricultores y pobladores denunciaron que el panista tenía un rancho con presa propia y varios pozos. Los pobladores denunciaron a medios de comunicación que mientras unos 22 mil habitantes aledaños al caudal del Río Sonora padecen de falta de agua debido al derrame de tóxicos de la  mina Buenavista del Cobre, cerca del área más afectada, el Gobernador panista tiene acceso a una presa supuestamente ilegal de 4 millones de metros cúbicos de agua limpia y pozos por casi 3 millones de metros cúbicos al año que abastecen a su rancho “Pozo Nuevo”.

Ante estas acusaciones, Padrés aseguró en una entrevista con Radio Fórmula que la cortina de concreto de 120 metros de largo y 80 de alto que construyó en 2010, únicamente sirve como represo, retiene el agua momentáneamente. Señaló: “Esa agua no se utiliza para nada, en ninguna actividad, más que agarrar el cauce del río, esa agua ahorita se está yendo hacia donde se debe de ir”, comentó el mandatario.

Un día después, el 10 de septiembre, a través de un desplegado publicado en la prensa nacional, Padrés se dirigió al Presidente Enrique Peña Nieto: “Recurro a usted para hacerle un respetuoso pero a la vez enérgico llamado a que AYUDE al pueblo de Sonora, que está sufriendo uno de los peores desastres ecológicos y ahora también económicos en la historia de México”. (sic)

“Recurro directamente a Usted, Señor Presidente, debido a que los funcionarios federales encargados de PREVENIR y ahora CORREGIR esta fuga tóxica que tuvo Grupo México, fallaron y le siguen fallando a los más de 23 mil sonorenses que habitan en las márgenes del Río Sonora, cuya desesperación crece día con día”, decía el documento.

Un día después, la Secretaría de Gobernación (Segob) canceló la reunión que sostendría con Padrés Elías, en tanto “no existan las condiciones necesarias para un diálogo respetuoso y constructivo”, por lo que el mandatario sonorense respondió que siempre ha sido respetuoso de las instituciones.

En un comunicado oficial, la Segob informó que por ese motivo la reunión programada para este viernes con el mandatario sonorense en la Ciudad de México no se llevará a cabo. Al término de una reunión de trabajo con integrantes del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), el propio titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, corroboró ese comunicado y dijo que si bien en días pasados se había acordado dicha reunión, “hoy estamos en una circunstancia diferente”.

NO HAY ENFERMOS NI MUERTOS

Representantes de Grupo México y el mismo Gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, negaron que a raíz del derrame de 40 mil litros de sulfato de cobre a los ríos Sonora y Bacanuchi el pasado 6 de agosto, se hayan registrado muertes de animales, personas o reportes de enfermos, según un informe de la comisión especial de la Cámara de Diputados que investiga el caso.

La comisión dio a conocer que Grupo México violó el artículo 156 de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental al no construir al menos tres piletas de contención, lo que provocó a que el derrame de 40 mil metros cúbicos de sufato de cobre contaminara los ríos; también corroboró que la empresa además violó la norma 159 de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) del año 2011; la cual regula los derrames peligrosos.

Sin embargo la mina contraviene esta normatividad ya que transporta los residuos a los ‘‘jales’’ (contenedores a ras de tierra donde se almacenan desechos de la vieja mina), vertiendo miles de litros del sulfato para que esos contaminantes se filtren través de la montaña, reintegrando los fluidos a los lechos sin considerar que el contaminante es un metal pesado y afectará durante decenas de años el entorno, según explica la nota periodística.

De acuerdo con la Comisión especial el Gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, como la empresa, representada por Joaquín Rojo de la Vega, director de proyectos especiales; Irma Potes, subdirectora de desarrollo comunitario; Amaranta Guerrero, directora jurídica, y Horacio Sánchez Unzueta, abogado de Germán Larrea y ex gobernador de San Luis Potosí, todos giran en torno a la siguiente aseveración: ‘‘No se ha registrado ninguna muerte en animales, tampoco en personas, y mucho menos se han detectado enfermos del estómago’’, según publicó la prensa.

Los legisladores también encontraron que la minera está pagando de 2 mil a 3 mil pesos a los habitantes afectados para que desistan de una futura demanda por daños a la salud.

La Diputada Lilia Aguilar del Partido del Trabajo (PT), consultada por La Jornada, aseguró: ‘‘Grupo México trata de desviar su responsabilidad al culpar ahora a una empresa proveedora de tubos y soldadura defectuosos.’’

Y detalló que en el contexto en que el caso apunta a la responsabilidad de la minera, la empresa de Germán Larrea ha mostrado su cercanía con el gobernador Guillermo Padrés, cuyo ‘‘liderazgo’’ conduce los trabajos para mitigar los graves efectos al entorno y sobre todo a los seres humanos de la región.

La Comisión especial de legisladores acudió la semana pasada al la zona del desastre ecológico, donde se instaló ‘‘un montaje de la empresa para que los diputados viéramos que traían brigadas uniformadas de trabajadores y que éstas trabajaban limpiando con cal el agua y la tierra que aún permanece estancada en el lugar del siniestro’’, denunció la Diputada.

Y destacó que el funcionario de la minera, Joaquín Rojo de la Vega, cayó en contradicciones frente a los legisladores. Quien alegó que Grupo México ha resuelto el problema suscitado en la pileta donde se resguardaban los 40 mil metros cúbicos; sin embargo, ‘‘aceptaron que no avisaron y nos dijeron que les falló la soldadura de un tubo, del que están esperando que les responda el proveedor’’, apuntó Aguilar.

‘‘Nosotros les dijimos que la concesión se encuentra en vilo, porque ellos incumplieron los protocolos de seguridad. Y sobre todo no saben qué hacer, porque primero acusaron que el desastre ocurrió por los altos niveles de lluvia y después argumentaron que se trató de la falla de una soldadura. ¡Eso es inaudito!’’, sentenció la legisladora.