Ciudad de México, 14 de marzo (SinEmbargo).– El pasado 4 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó en comisiones la propuesta para la nueva Ley General de Aguas; sin embargo, luego de diversas críticas tanto de los partidos de oposición como de organizaciones civiles y ciudadanos en general, el lunes pasado los legisladores pospusieron la discusión.
Organizaciones como Greenpeace han alertado que la propuesta que se pretende aprobar está “vacía de contenido sustantivo los derechos humanos que implican factores de disponibilidad, calidad, asequibilidad, sustentabilidad, accesibilidad física, sin discriminación y acceso a la información, y simula su inclusión reduciéndolos a un mal entendido mínimo vital”.
Incluso, Robin Perkins, director de la oficina Detox para Greenpeace México, en entrevista para SinEmbargo, sostuvo en días pasados: “La Ley [General de Aguas] habla de 19 contaminantes que van a ser controlados, pero estamos hablando de miles de químicos que utilizan las industrias todos los días, todos los años, entonces 19 es increíble, no va a hacer el cambio que necesitamos”.
La organización internacional expuso que para ser una legislación de vanguardia, la Ley General de Aguas tendría que prohibir el uso de sustancias peligrosas y el uso de aguas nacionales para fracking o fractura hidráulica, y la minería tóxica. Además cancelaría las concesiones de empresas contaminadoras.
Greenpeace detectó que la nueva Ley no pone énfasis en la inspección de fábricas para evitar que derramen diariamente miles de litros de químicos a ríos y océanos. Tampoco prohíbe el uso de químicos altamente nocivos para flora, fauna e incluso para los humanos, que se vierten en las aguas nacionales.
Incluso, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua afirmó que la iniciativa para crear la Ley General del Agua viola diversos derechos humanos, es privatizadora, y va en contra de normas internacionales para garantizar la accesibilidad del líquido para la gente que no puede pagarla.
Las organizaciones civiles precisaron que la también llamada “Ley Korenfeld” violenta derechos humanos que implican factores de disponibilidad, calidad, asequibilidad, sustentabilidad, accesibilidad física, sin discriminación y acceso a la información.
Entre los artículos que causan más alarma está el 129, que abre una mayor intervención de la iniciativa privada en infraestructura y servicios. Además esta ley impone un nivel de 50 litros por persona para establecer su gratuidad, lo cual es menor al estándar internacional de 100 litros por persona.
Aquí un lista de los 10 artículos que violan los derechos humanos y que buscan imponer las decisiones de la Conagua sobre el líquido vital, de acuerdo con las organizaciones civiles.
