Caracas, 15 Ene (Notimex).- Nuevas leyes en Venezuela acabaron con el mercado secundario de la vivienda y ahora muchos venezolanos no tienen donde vivir, porque nadie quiere alquilar, aseguró hoy el dirigente social y profesional del derecho Roberto Orta.
“Estas leyes vulneran el derecho a la propiedad y miles de personas perdieron en la práctica la vivienda que tenían alquilada, al verse impedidas de recuperar sus bienes”, precisó a Notimex el presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (APIUR).
Orta destacó que estos propietarios quedaron en un estado de confiscación indirecta, inhibiendo a los demás propietarios a alquilar sus viviendas por temor a que les ocurra lo mismo, perjudicando así familias que carecen de casa.
Señaló que la Ley de Arrendamiento generó una gran anarquía entre arrendatarios e inquilinos, ya que estos últimos no pueden ser desalojados en caso de incumplimiento de pago, y los propietarios tampoco podrán hacer libre uso de su propiedad.
“Es inaudito que la Ley Contra Desalojos Arbitrarios contemple que no se puede desalojar a nadie, bajo ningún concepto, hasta tanto la Dirección de Inquilinato le asigne una casa, algo muy difícil en un país donde el gobierno congeló la construcción de viviendas”.
Resaltó que ante un déficit de más de dos millones de viviendas, estas asignaciones serán imposibles, y enfatizó que “la prueba de lo que estamos diciendo es que según informes oficiales la construcción publica cayó un 30.00 por ciento durante 2013”.
Orta cuestionó también los parámetros establecidos para fijar el canon de arrendamiento, así como el precio de las viviendas fijado por el Ministerio de la Vivienda y Habitat, los que dijo, están “fuera del contexto económico del país”.
“Un precio tope de 360 mil bolívares (57 mil 200 dólares) por apartamento, al igual que un precio de 500 mil bolívares por casa, no se corresponde con la realidad del mercado venezolano, que debe hacer frente a la devaluación, inflación y escasez de materiales”, dijo.
Orta rechazó que la mayoría de los propietarios sean “latifundistas urbanos”, como el gobierno los llama, sino clase media que invirtió en inmuebles o habitantes de barrios que construyeron piezas en sus viviendas para tener una fuente adicional de ingresos.
Finalmente, dijo que por esta razón, durante el año que acaba de concluir, la oferta de alquileres de casas y departamentos se contrajo en casi un 90.00 por ciento, un verdadero drama para los denominados “venezolanos sin techo”.
