Legisladores y académicos cuestionan que la Comisión Anticorrupción, propuesta en una iniciativa de ley por el Presidente, sea la solución para este mal pandémico, cuyo costo anual para el país es de 1.5 billones de pesos

Al firmar la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas el tres de marzo del 2011, el entonces presidente Felipe Calderón anunció el inicio de una campaña contra la corrupción y al estilo del viejo oeste convocó a la población a denunciar “conductas contrarias a la ley”, a cambio de una recompensa económica, con la garantía de que la identidad del denunciante sería protegida para evitar represalias.

Han transcurrido 20 meses. Calderón ya no vive en Los Pinos y no se cuenta con algún registro de que esa campaña haya tenido algún impacto entre la población. Era natural que así sucediera, la invitación no fue resultado de una acción sistematizada, concertada ni respaldada con promocionales en los medios masivos de comunicación.

Tan sólo fue una ocurrencia de Calderón ante un problema que le cuesta a la nación 1.5 billones de pesos, un monto igual al 10 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) o el equivalente a las ventas de Pemex en 2011, de acuerdo con un estudio del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado.

Con el 2012 llegaron las campañas electorales presidenciales. Todos los candidatos expusieron preocupación por el problema. La panista Josefina Vázquez Mota se comprometió a impulsar medidas relacionadas con la transparencia y rendición de cuentas, y al igual que el abanderado de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, le endosó al PRI la autoría de la corrupción en México.

Para resolver este problema, el priísta Enrique Peña Nieto anunció que crearía una Comisión Nacional Anticorrupción. Tras su triunfo electoral, el mexiquense envió al Senado de la República una iniciativa de ley el pasado noviembre para crear la comisión que prometió en campaña. La propuesta implica desaparecer a la Secretaría de la Función Pública y destinar su presupuesto al nuevo órgano.

LA COMISIÓN

De acuerdo con la iniciativa, la comisión actuará de oficio, por notificación de otros órganos del Estado o por denuncias ciudadanas; no tendrá límites por razones de secreto bancario, fiduciario o fiscal, por lo cual podrá indagar incluso casos de lavado de dinero.

Entre otras cuestiones, también estará facultada para impulsar acciones y programas de carácter preventivo, y promover la ética y la honestidad en el servicio público, por lo que se creará un Consejo Nacional por la Ética Pública, con representantes del gobierno y los ciudadanos.

La comisión se integrará por cinco comisionados que serán nombrados por el Presidente de la República. Las designaciones podrán ser “objetadas” por el Senado o la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Contra lo deseado por el priísmo, la iniciativa todavía no es aprobada por el Senado. El coordinador del PRD, Miguel Barbosa dejó en claro que ellos no están de acuerdo en que el Ejecutivo designe a los integrantes del nuevo órgano autónomo para combatir al flagelo de la corrupción.

Incluso, el pasado 20 de enero, el PRD presentó ante el Senado una iniciativa para crear la Agencia Nacional Anticorrupción, que a diferencia del órgano propuesto por Peña Nieto, tal y como lo explica el senador Armando Ríos Piter, sí cuenta con facultades de investigación y de persecución de ilícitos.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, donde será dictaminada. En ese grado del proceso legislativo, puede quedar “congelada”, prevén analistas políticos.

El legislador considera que la comisión que propone el PRI no va a funcionar porque se requiere de “una institución que tenga dientes”. La comisión, explica, no puede ejercer la acción penal. Requiere de una verdadera autonomía y de nuevos tribunales. La propuesta del Presidente Peña Nieto carece de esos elementos.

La efectividad de la propuesta de Peña Nieto también es puesta en duda por la senadora panista, Laura Rojas, la cual recuerda que su partido presentó en la anterior legislatura, una iniciativa de ley elaborada por el senador Ricardo García Cervantes, para crear la Fiscalía Nacional contra la Corrupción, y que fue aprobada por el Senado el 13 de marzo del presente año.

Sostiene que dicha instancia incluye mecanismos efectivos para combatir la corrupción, en tanto que al constituirse como fiscalía, y no como comisión, puede solicitar el ejercicio de la acción penal a las autoridades judiciales.

“Esta diferencia no es menor, porque el talón de Aquiles de la lucha anticorrupción en México es la impunidad que existe en la materia. A diferencia de otras naciones, en México es casi imposible ver a un funcionario público tras las rejas”.

El ex senador García Cervantes, recién nombrado subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, se siente desilusionado de sus colegas panistas en el Congreso porque no defendieron la iniciativa, “incluso mencionaron que presentaran otra propuesta”. De la iniciativa de Peña Nieto, a García Cervantes, presidente para América Latina de la Organización de Parlamentarios contra la Corrupción (GOPAC), le preocupa que la Comisión no sea otra cosa que una “llamarada de petate”.

Destaca que “se corre el riesgo de que la comisión, al funcionar como órgano colegiado (en el que participarán cinco personas) politice su movilidad en función de intereses político partidista”. Y se pregunta que cuál será la postura que asuma el órgano colegiado cuando se investigue a un alto funcionario, gobernador o alcalde priista.

¿FUNCIONARÁ?: ACADÉMICOS

Para el analista Leo Zuckermann la creación de la comisión es más una propuesta cosmética, y coincide con la senadora Rojas al expresar que no está “facultada para procesar penalmente a los presuntos responsables de actos de corrupción, sino que tiene que dar vista al Ministerio Público Federal o a los estatales”.

Para José Roldán, investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), estudioso de la Corrupción, es equÍvoca la apreciación que han manejado algunas fuerzas partidistas: “Dicha instancia está proyectada para imponer sanciones administrativas. Las penales son responsabilidad del Ministerio Público frente a delitos de alto impacto.

“La comisión sí tiene ese tipo de atribuciones. No es cierto que no tenga dientes. Está dotada de facultades para sancionar faltas administrativas, aplicando multas o inhabilitando al funcionario corrupto; pero no puede ejercer facultades de Ministerio Público o propias de los jueces, que están facultados para sancionar ilícitos penales de mayor gravedad que ameriten pena de prisión, como el cohecho o abuso de autoridad”.

David Arellano, secretario académico del CIDE y especialista en temas de corrupción en el mundo, expone que hay más de 50 naciones que cuentan con una comisión de las características de la propuesta priísta, pero con ninguna –dice- se ha logrado abatir este problema.

Considera que puede ser que de esas comisiones, sólo 10 funcionen, “pero esto depende de la fuerza con que cuentan para auditar, vigilar y exigir rendición de cuentas. Indudablemente que sí ayudan a reducir la corrupción. No basta con tener una comisión, sino que hay que tener el aparato para perseguir los casos. El sistema jurídico no ha resultado muy efectivo. Los grados de corrupción son muy altos”.

De acuerdo con su criterio se requiere de una fiscalía y un Ministerio Público especializados. De tal modo que las persecuciones sean efectivas, y asegura que eso “es lo que se está proponiendo en estos momentos. Se tienen que crear un MP y una fiscalía especializados en casos de corrupción”.

Con respecto a la oposición a que sea el Presidente Enrique Peña Nieto quien designe a los integrantes de su órgano de gobierno, el investigador José Roldán menciona que el procedimiento de selección es un arma de doble filo. “El Presidente puede designar a sus preferidos y estos deberán obeceder a sus intereses; por otro lado, se podría dar el caso de que consense con los partidos la designación de los comisionados. Es probable que se siga este último proceso de selección. El mecanismo está hecho para establecer este tipo de acción”.

Al abordar el tema de la autonomía, José Roldán enfatiza que el éxito de la comisión depende en mucho de la forma en cómo se integre la comisión. Desea que se haga una buena selección, que se forme con personalidades que cuenten con una preparación solvente, prestigio y sean autónomos de las presiones de los partidos políticos.

“Hay que evitar –abunda- el riesgo de que la selección de los comisionados obedezca a un reparto de cuotas, tal y como ha sucedido en el IFE o en la Cofetel”. Y opina que el IFE realmente no es un órgano ciudadanizado porque a la fecha son “los partidos políticos los que deciden quiénes son los consejeros ciudadanos. No es autónoma de los partidos”.

Para el director ejecutivo de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción implica realizar una reforma constitucional que permita el establecimiento de un órgano autónomo colegiado, que no sea dependiente del Presidente de la República.

DESDE LA MORDIDA

El problema de la corrupción es un asunto complejo en el que se involucran diversos factores. Desde hace muchos años se ha generalizado la impresión de que la corrupción se padece en gran medida en la esfera gubernamental. Pero no es del todo certera esa apreciación.

Esa enfermedad se detecta en todos los sectores sociales y no es resultado de que se haya incubado en determinado periodo gubernamental o gracias a determinado partido político.

Para el investigador David Arellano la corrupción en México es sistémica. No sólo se padece a nivel gubernamental, sino que “participamos todos, los ciudadanos, los empresarios, los comerciantes. Lo que ocurre es que cuando la corrupción ayuda a resolver un problema, resulta que no es problema, pero cuando la corrupción nos complica la existencia, entonces sí es muy grave.

“La corrupción fomenta el desempleo, delincuencia y esto a la vez, pobreza. Pero en México no logramos apreciar esa conexión, cuando es un problema de conciencia programática. Este problema debe reducirse. No hay que verlo sólo como asunto ético; sino de conciencia programática”.

EL FANTASMA PARECE INVENCIBLE

La corrupción es una pandemia que padece la nación desde hace cientos de años. En el XVIII, durante el gobierno virreinal los Alcaldes Mayores eran impuestos por los grandes comerciantes y agricultores para contar con funcionarios que los favorecieran en todo tipo de gestiones.

El historiador del Colegio de México, Lorenzo Meyer, ha dicho que la corrupción en México es una herencia secular y es uno de los principales obstáculos para un cambio real, no formal, en la naturaleza del ejercicio del poder, además de que históricamente ha constituido un obstáculo a la modernización y dignificación de la vida pública mexicana.

Desde hace 30 años, se empezó a impulsar en México una serie de medidas para abatir el fenómeno de la corrupción. A finales del sexenio 76-82, después de que el periodista Miguel Ángel Granados Chapa denunció que Carlos Hank le había regalado un rancho en Tenancingo al presidente José López Portillo, el mismo Presidente emitió un decreto para que los funcionarios públicos no recibieran regalos costosos.

El gobierno lopezportillista se caracterizó por el nepotismo y la corrupción de varios funcionarios públicos, entre ellos, el director de Pemex, Jorge Díaz Serrano, y el jefe de la policía capitalina, Alfonso Durazo Moreno.

Ante el descrédito gubernamental en que arribaba a la campaña presidencial, Miguel de la Madrid, bajo la asesoría de Samuel del Villar, impulsó como uno de los principales ejes de su campaña la renovación moral de la sociedad.

Para tratar de frenar la corrupción en la administración pública, Del Villar le propuso al candidato presidencial priísta “nuevas formas sobre la gestión pública (Secretaría de la Contraloría General de la Federación) para prevenir, detectar, corregir y, en su caso, sancionar conductas inmorales de los funcionarios y empleados públicos”.

Sin embargo, de acuerdo con lo que comentó en su oportunidad Del Villar, la función de esa nueva secretaría se “pervirtió” debido a que Miguel de la Madrid no le hizo caso sobre los tiempos que le proponía. A la dependencia arribaron funcionarios de comprobada probidad. Prefirió seguir los consejos de Carlos Salinas y de Francisco Rojas, que lo presionaron para que por “razones políticas” entrara en funciones de inmediato.

Para Del Villar la Contraloría se convirtió por esa razón en una “Secretaría de Estado globalizadora, burocratizada, politizada y tan inefectiva para cumplir con su cometido que debía contratar a terceros la realización de sus funciones”.

La razón le asistió a Del Villar. Treinta años después, la Secretaría de la Contraloría, conocida finalmente como Secretaría de la Función Pública, desapareció de la administración pública federal por su ineficacia y en su lugar, se intenta crear la Comisión Nacional Anticorrupción.