Ciudad de México, 20 de feb (SinEmbargo).– Lía Limón, subsecretaria de Derechos Humanos de la Segob, dijo al término de su reunión con José Manuel Vivanco, Director de Human Rights Watch, que a partir del próximo lunes 25 de febrero se podrá contar con un padrón de 27 mil casos de personas desaparecidas en México,
“Esa base de datos (…) empezará a formar la base de datos que se tiene que crear de acuerdo a la ley que fue aprobada en 2011, en efecto, esa base de datos es la base de datos que empieza la conformación del registro”, comentó.
Precisó que también se actualizará y se buscarán mecanismos de información en las procuradurías estatales. Aseguró que se contarán con mecanismos y protocolos de actualización constante
El padrón estará concentrado en el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Informó que en los casos en los que no se cuente con las información genética necesaria se tendrá que volver a recabar dicho material. Limón sostuvo que todo dependerá de la información con la que cuenten las entidades.
Asimismo dijo que se constituirán protocolos de búsqueda para poder encontrar a personas que están registradas como desaparecidas y que pudieran estar vivas.
Human Rights Watch dio a conocer este día un informe en el que afirma que miembros de las fuerzas de seguridad de México han participado en numerosos casos de desaparición forzada.
“Prácticamente en ninguno de estos casos las víctimas fueron halladas ni se llevó a los responsables ante la justicia, lo cual ha exacerbado el sufrimiento de los familiares de los desaparecidos”, dijo la organización en un informe de 193 páginas, Los Desaparecidos de México: El persistente costo de una crisis ignorada.
La organización internacional documentó casi 250 desapariciones ocurridas durante el gobierno del ex Presidente Felipe Calderón, quien ocupó la presidencia entre diciembre de 2006 y diciembre de 2012. “En 149 de esos casos, Human Rights Watch encontró pruebas contundentes de desapariciones forzadas, en las cuales tuvieron participación agentes estatales”, dijo en un comunicado.
“El Presidente Peña Nieto ha heredado una de las peores crisis en materia de desapariciones que se hayan producido en América Latina a lo largo de la historia”, indicó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “A pesar de que su administración ha anunciado medidas importantes para asistir a las víctimas, todavía debe tomar los pasos necesarios para asegurar que los responsables de estos horribles crímenes sean llevados ante la justicia”.
Human Rights Watch “encontró evidencias que indican que miembros de todas las fuerzas de seguridad intervinieron en desapariciones forzadas, es decir, el Ejército, la Marina y las policías federales, estatales y municipales. En algunos casos, como las más de 20 desapariciones forzadas que habrían sido perpetradas por miembros de la Marina en junio y julio de 2011 en Nuevo León y Tamaulipas, el modus operandi con que se llevaron a cabo los delitos, la magnitud de los operativos y las versiones contradictorias ofrecidas por la Marina sugieren que podrían haber sido planificados y coordinados”.
