Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).– El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados exhortó a la Secretaría de Economía y a las dependencias competentes para que ordenen la suspensión de actividades y la cancelación de la concesión de la  mina de Cananea en Sonora, otorgada a Grupo México, hasta que se evalúan los daños generados por el derrame de 40 mil metros cúbicos de solución ácida de sulfato de cobre al caudal del río Sonora.

Mediante un punto de acuerdo que presentó el Diputado priista Fidel Pacheco Rodríguez ante la Comisión Permanente, y que fue suscrito por su coordinador parlamentario, el sonorense Manlio Fabio Beltrones, se exige tambien una investigación completa de los daños ambientales que el derrame provocó tanto al ambiente como a los habitantes de siete municipios por los que atraviesa el manto acuífero.

“No podemos permitir que una empresa como Grupo México, que cuenta con un amplio historial que abarca desde la tragedia de Pasta de Conchos, hasta denuncias en otros países por sobornos y devastación del medio ambiente, continúe operado con toda la libertad e impunidad”, expuso Pacheco Rodríguez en su punto de acuerdo.

“Es hora de que el Estado Mexicano ejerza sus facultades en materia de preservación del orden público y como garante del cumplimiento del derecho a un medio ambiente sano y sancione con ejemplaridad a esta empresa, cuya conducta raya en lo criminal”, agregó.

En el exhorto, se pide, además, a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que formule las denuncias correspondientes ante el Ministerio Publico, a fin de que pueda investigar la Procuraduría General de la Republica (PGR) y aplique “las penas correspondientes por los daños ecológicos que se generaron por el mal manejo de las sustancias químicas que se derramaron al Río Sonora”.

En el punto de acuerdo se responsabiliza a Grupo México “por su negligencia” en el manejo de los tanques de almacenamientos de residuos químicos, lo que provocó que el pasado 7 de agosto, un derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en el río Sonora, que afecta a más de 200 mil habitantes de los municipios de Aconchi, Arizpe, Huépac, Banámichi, Baviácora, San Felipe de Jesús y Úres.

“Esta situación no fue informada de forma inmediata por la compañía a las autoridades ni a la población, lo cual impidió que se tomaran las medidas necesarias para prevenir que esta catástrofe ambiental llegara al nivel en que hoy se encuentra”, acusó el legislador.

La omisión por parte de la empresa, agregó, generó que la contaminación afectara a los municipios de San Felipe, Arizpe, Aconchi, Banamichi, Ures, Baviácora y Hermosillo, ya que en el afluente del Río se han encontrado mezclados diversos metales pesados y metaloides como hierro, aluminio, arsénico, cadmio, cobre, manganeso y níquel.

“Convirtiéndose en uno de los mayores ecocidios que se ha presentado en el Estado y en el país”, calificó el legislador priista.

El PRI calculó que las consecuencias de esta “negligencia delincuencial” afectarán a los sectores productivos, así como a los estratos más desprotegidos de la sociedad sonorense.

Detalló que los agricultores se podrían ver afectados, ya que los compradores de Estados Unidos establecerían medidas para la adquisición de becerros que provengan de Sonora, a consecuencia de la posible contaminación de la carne del ganado.

También han sido afectados los productores de leche, ya que la autoridad agraria estatal y la Unión Ganadera local han detenido la producción de leche en los siete municipios ribereños.

Además, está latente la pérdida de las cosechas de cacahuate, forrajes, caña de azúcar y alimentos para autoconsumo, esto a consecuencia de que al regar los árboles con agua del Río Sonora o los pozos cercanos al cauce, podrían contaminar con metales pesados la tierra y hacer perder el valor de todas las huertas.

Asimismo, explicó las afectaciones para cinco mil 806 alumnos sonorenses, ya que las autoridades educativas se vieron obligadas a suspender clases en 88 escuelas de los siete municipios involucrados en esta tragedia.

Legalmente, el PRI se sustenta en tres leyes:

La Ley de Aguas Nacionales en el artículos 118 BIS y en la Ley Minera, en el artículo 43, que establecen que la Conagua y la Secretaría de Economía “podrán suspender los derechos para realizar las obras o trabajos cuando exista un riesgo inminente, daño, deterioro a la salud, a las aguas nacionales, la biodiversidad o a los ecosistemas vinculados con el agua; se pongan en peligro la vida o integridad física de los trabajadores o de los miembros de la comunidad, o se causen daños a bienes de interés público, a un servicio público o de propiedad privada”.

La misma Ley Minera en su artículo 55, establece que “a Secretaría de Economía sancionará con la cancelación de la concesión minera cuando no se ejecuten o comprueben las obras y trabajos previstos en la Ley en los términos y condiciones que se señalan en la misma”.

Y la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en su artículo 171 que establece la posibilidad de que la SEMARNAT aplique multas y la suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones correspondientes cuando “las infracciones generen efectos negativos al ambiente”.

En el punto de acuerdo, finalmente se pide la conformación de una comisión especial que dé seguimiento a la problemática generada por el derrame de diversas sustancias contaminantes en el Río Sonora.

EL GOBIERNO ESTATAL NO DEMANDARÁ

Por su parte, el Gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, aseguró a medios de comunicación que “estamos con la gente, que quede muy claro, estamos defendiendo al ciudadano del Río Sonora que sale afectado, a ese pequeño productor que hace queso, que hace leche, que siembra forraje, al que tiene una pequeña siembra le mando el mensaje que tiene todo el apoyo del Gobierno”, sin embargo, aclaró que como Gobierno no les corresponde interponer la demanda, pero se apoyará con lo que necesite, inclusive con asesoría jurídica, tiempo y recursos.

El Gobernador Padrés lamentó la decisión de la Coordinación Nacional de Protección Civil del Gobierno Federal de no declarar zona de emergencia a la región del Río Sonora al considerar que no puede incluirse como tal pues se trata de un desastre ecológico provocado por la mano del hombre y no de un desastre natural, sin embargo, Estado y Federación tomarán todas las medidas conjuntas para apoyar a los ciudadanos.

“Nos hubiera gustado que así fuera para poder tener acceso a más recursos pero entendemos que hay normatividad que cuidar. Esperemos que el apoyo que nos van a brindar venga a cubrir las necesidades que pudiesen resolverse si se declarará zona de emergencia”, dijo en entrevista con medios de comunicación.

OTRO AFECTADO

Un hombre de 41 años que vive en la zona cercana al río ha sido internado en cuatro ocasiones con vómitos, dolores agudos abdominales y diarrea, síntomas que presentó tres días después de haber bebido agua del Río Sonora.

Juan Villalba Córdova narró a Uniradio Noticias que fue un viernes en la mañana cuando estaba en el monte con otras personas, en busca de unos animales, cuando se sintió cansado y decidió refrescarse con el agua del río.

“Andábamos correteando un animal y bajé al río y tomé agua. Era normal. Me empecé a sentir mal a los tres días”, apuntó.

Fue al siguiente día, el sábado en la noche, que a su comunidad, La Labor, perteneciente al municipio de Baviácora, llegó la información de que se suspendería el suministro de agua de los pozos por un derrame de metales pesados en la corriente de agua.

Para el domingo ya se había declarado zona de alerta en siete municipios del Río Sonora y se pedía a la población no tener contacto con el agua del río.

El lunes Juan, junto con sus padres Isidro y María, viajó a Hermosillo para acudir a su cita programada por la esquizofrenia.

En el seguro de la Clínica 37 empezó a sentir un dolor abdominal y mareos, al grado de casi desvanecerse en el baño. Ya no salió del seguro. Lo internaron.

Ahí le hicieron unas radiografías y lo enviaron a la Clínica de la calle Juárez en donde le pusieron suero vía intravenosa, le dieron medicamento para el dolor, antibióticos y lo dieron de alta, aseguró don Isidro.

Pero a partir de ahí, cada tercer día se ha sentido mal y lleva ya cuatro ingresos al área de urgencias.

La desesperación que siente su padre es que no cree que una infección en el estómago lo haya llevado a Urgencias en cuatro ocasiones, además de ver despreocupación de los médicos por el antecedente de contaminación en el río.

“Él les dijo que tomó agua, ya les dijo que había tomado agua en el río y pues nomás no ha tenido unos estudios en forma, nomás como es en Urgencias, cualquier cosa y vámonos para fuera… Pido que lo atiendan bien, para ver si es por lo contaminado del agua a ver qué es”, enfatizó.

Este miércoles don Isidro acudirá a la Clínica 37 para sacar una cita para Juan con el médico familiar, para que éste envíe una orden a un especialista.

La familia es de bajos recursos y han estado en Hermosillo por seis días, durante los que han gastado más de lo que pueden y lo único que piden es que la Secretaría de Salud o el IMSS descarten que Juan se enfermara por beber agua contaminada y den un diagnóstico.