El Grupo de Expertos de la CIDH resaltó la necesidad de que se investigue la versión sobre el quinto camión y el tráfico de droga Iguala-Chicago. Pidió también que se detengan filtraciones del expediente. El grupo continúa insistiendo en entrevistar a los miembros del 27 Batallón del Ejército y en estar presentes en las entrevistas.

Ciudad de México, 21 de febrero (SinEmbargo).– La Procuraduría General de la República (PGR) rechazó obstruir la investigación de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa como lo afirmó esta mañana el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y aseguró que ellos han tenido acceso en todo momento a las constancias que integran la averiguación previa que se encuentra radicada en la Oficina de Investigación del Caso Iguala creada en la Subprocuraduría de Derechos Humanos.

“La indagatoria de los hechos de Iguala durante la actual administración se ha caracterizado por su apertura y transparencia con los familiares, sus representantes y el GIEI, así como con la sociedad en su conjunto”, señaló la dependencia en un comunicado emitido esta tarde.

Esta mañana, el GIEI acusó a la PGR de filtrar información a los medios de nuevos detenidos con la intención de llevar el caso a la versión de que los estudiantes fueron quemados en el basurero de Cocula.

Dijeron que se trata de una quinta versión que señala que 17 de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos” desaparecidos en Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre de 2014, fueron asesinados y quemados en el basurero.

Al respecto, la dependencia informó que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada(SEIDO) abrió nuevas averiguaciones previas en torno a la detención de Gildardo López, “El Gil”, y los hermanos Ramírez Osiel, cuyas declaraciones fueron solicitadas por el GIEI, pero no forman parte del expediente.

“La Oficina de Investigación del Caso Iguala se encarga de la indagatoria de los hechos respectivos, mientras que la SEIDO conoce eventos relacionados con delincuencia organizada y otros delitos de su competencia, sin que ello implique que deje de remitir las declaraciones de inculpados vinculados directamente con el Caso Iguala para su desahogo”, respondió la PGR.

Indicó que las filtraciones de declaraciones, criticadas por el GIEI, serán investigadas por el Ministerio Público Federal.

“La PGR reitera su rechazo y desaprobación a las filtraciones de información, por lo que ha instruido al MPF investigar estos hechos. Cabe señalar que a esta información tienen acceso diversos actores procesales”, expuso la dependencia federal.

Sobre los 22 policías consignados el 30 de septiembre de 2014 por las autoridades guerrerenses, la PGR dijo que el acto reclamado en el Juicio de Amparo que promovieron es “la formal prisión dictada por un juzgado del fuero común”.

Respecto a las tomas de muestra del ADN del normalista asesinado, Julio César Mondragón, la PGR subrayó que, si bien la familia de Mondragón solicitó el estudio, debió pasar por la autorización y trámites entre órganos jurisdiccionales estatales donde la dependencia actuó como conducto para acortar tiempos.

FALLAS JUDIUCIALES Y FILTRACIONES

A dos meses de que concluya su segundo mandato, el GIEI reveló esta mañana que la PGR insistía en la tesis del basurero de Cocula.

La quinta versión se refiere a que los jóvenes fueron divididos en dos grupos y, uno de ellos fue incinerado en Cocula.

“Se filtran a los medios declaraciones de nuevos detenidos con intención de llevar el caso al basurero de Cocula”, dijo el GIEI en redes sociales y lo ratificó en conferencia.

“El GIEI tiene preocupación por esta quinta versión que se está tratando de construir, y que no se sustenta ni en detenciones ni en otros elementos”, dijo la experta Claudia Paz.

Francisco Cox agregó:

“Cuando nosotros publicamos el informe había cuatro versiones, en esa fecha nadie planteaba que había una seperación del grupo.

Lo que llama la atencion es la forma en la que se hacen las declaraciones en este país, donde no se muestran las preguntas”.

Los expertos, coadyuvantes en la investigación, dijeron que sólo cinco inculpados sostienen la hipótesis del Basurero de Cocula, mientras que 11 soportan otras versiones.

Indicaron que los obstáculos de las autoridades mexicanas al trabajo que realizan en el país han llevado a que no se haya avanzado en estos meses del segundo mandato.

Algunos de estos obstáculos es la fragmentación interna del expediente, en donde la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO) ha abierto otras averiguaciones previas relacionadas con la desaparición de los estudiantes.

Hay detectados más de 12 expedientes abiertos a partir de 2015, que no están dentro de la investigación de los desaparecidos. Los expertos del GIEI informaron que solicitaron copias certificadas de todos los asuntos relacionados con el caso de los 43.

Ángela Buitrago dijo que “cualquier informanción relevante que no se allegue a la investigación de los desaparecidos, es un obstáculo en términos de la investigación y responsabilidad”.

La experta Claudia Paz ejemplificó que hay restos óseos que fueron encontrados en La Carnicería, en Guerrero, que no han sido procesados de acuerdo con lo acordado con las familias.

Tampoco la detención de Gilberto López Astudillo “El Cabo Gil” forma parte del expediente de los normalistas y se encuentra en una averiguación previa distinta.

Alejandro Valencia informó que otro de los obstáculos es el amparo de 22 policías de Iguala, por violaciones al debido proceso, que pueden impactar en el caso.

Los expertos resaltaron la necesidad de que se investigue la versión sobre el quinto camión y el tráfico de droga Iguala-Chicago. Pidieron también que se detengan filtraciones del expediente.

Francisco Cox indicó que hay algunas diligencias propuestas por el GIEI que no se han realizado, como las declaraciones de algunas autoridades estatales y municipales.

El Grupo insistió además en entrevistar a los miembros del 27 Batallón del Ejército y en estar presentes en las entrevistas.

Los expertos señalaron que la PGR no les ha entregado las fotos y los videos que fueron tomados por el 27 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano.

Carlos Beristain destacó que después de que se acordó con el Gobierno mexicano, un segundo periodo del mandato, los expertos han sido víctimas de calumnias y difamación.

“Esta descalificación trata de cerrar el espacio para la búsqueda de la verdad. Se busca generar confusión y denostar a miembros del grupo”, dijo.

El mandato del GIEI concluye el 30 de abril, pero no es una fecha cerrada. La CIDH y las partes, podrían solicitar una ampliación.