Ciudad de México, 21 de marzo (SinEmbargo).- Florence Cassez, quien cumplía una condena en México por secuestro, quedó en libertad el pasado 23 de enero. La ciudadana francesa pudo regresar a su país gracias a que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó su  liberación por “graves violaciones a sus derechos humanos”.

El principal argumento de los magistrados fue que a Cassez se le violó el debido proceso por  el montaje que hicieron Luis Cárdenas Palomino y  Genaro García Luna, entonces Secretario de Seguridad Pública,  para “presumir” el arresto de la banda de secuestradores Los Zodiaco y de Florence.

Ayer,  la fracción parlamentaria del PRI en el Senado presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de la República (PGR) a iniciar el proceso de investigación contra mandos policiacos de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), que participaron en la detención de Cassez y se proceda a reparar los daños.

Asimismo, el pasado 15 de marzo el ombudsman nacional Raúl Plascencia presentó un recurso ante la PGR en contra de García Luna y 20 funcionarios más por dicho operativo. Ante ello, propuso que el Senado lance un exhorto a Jesús Murillo Karam para iniciar los procedimientos de responsabilidad y acciones de investigación.

EL MONTAJE DE CASSEZ

El 9 de diciembre de 2005, en medio de un gran despliegue mediático de Televisa y TV Azteca, miles de televidentes fueron testigos de la captura “en vivo” de la francesa Florence Cassez y su pareja sentimental Israel Vallarta, presuntos integrantes de la banda de secuestradores Los Zodiaco en el rancho Las Chinitas, ubicado en la carretera México-Cuernavaca. En la transmisión, también tuvo lugar la presunta liberación de Ezequiel Yadir Elizalde Flores, Cristina Ríos Valladares y su hijo de 10 años por parte de elementos de la ahora extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), cuyo titular en ese entonces era Genaro García Luna.

Meses más tarde, el 5 de febrero de 2006, Cassez denunció la edición de su detención en el programa “Punto de Partida” con Denise Maerker. Ante esto, García Luna reconoció que la escena fue recreada y se disculpó argumentando que se trató de ”una reconstrucción solicitada por los medios de comunicación” y que esto no se tendría en cuenta durante el juicio.

Tras la declaración del funcionario, la televisora de San Ángel despidió a Pablo Reinah, reportero que cubrió esa mañana el operativo, luego de que fue acusado junto con otros empleados de la compañía de planear con las autoridades la simulación; sin embrago, el comunicador emitió una carta en la que aseguraba que nunca se enteró que se trataba de una recreación y que fue “sorprendido por las autoridades de la AFI, que ahora pretenden hacernos creer que un reportero puede ordenarles cómo y cuándo hacer su trabajo”.

Después de un año de polémica, en marzo de 2007 la Procuraduría General de la República (PGR) reconoció que Reinah no recibió información de que el operativo era un montaje.

Por su parte, el Poder Judicial encontró motivos para sentenciar a la ciudadana francesa a 60 años de cárcel en México. Según las pruebas presentadas a la justicia, Cristina Ríos Valladares y su hijo Cristian, quienes vivieron en cautiverio 54 días, identificaron a Cassez por su voz.

GARCÍA LUNA, EL PROTEGIDO DE CALDERÓN

El 1 de diciembre de 2006, el entonces nuevo Jefe del Ejecutivo federal, Felipe Calderón,  lo nombró Secretario de Seguridad Pública Federal. Desde ese momento demostró ser hombre de todas las confianzas del mandatario.

Nacido en 1968, Genaro García Luna estudió ingeniería mecánica pero dejó de lado esta profesión para incursionar en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, desde 1989. El puesto con el que empezó a cobrar notoriedad le fue designado en 2001 durante el sexenio de Vicente Fox: el de Director General de Planeación y Operación de la Policía Judicial Federal, corporación transformada en la Agencia Federal de Investigación, ahora extinta.

No está claro quién es el autor de la estrategia calderonista contra las drogas –lanzada en 2006–, pero se dice que él fue el hombre que la ideó. Ninguno de los analistas del fenómeno del narcotráfico o de los especialistas en seguridad conocen a alguien, a uno que haya sido consultado por el Presidente entrante sobre los posibles efectos de lanzar una guerra. Se dice que el proyecto fue de García Luna. Y que Calderón, cuyo triunfo electoral era cuestionado por la mitad de la población, la compró para buscar un golpe de efecto en la población.

Durante el sexenio de Calderón, García Luna estuvo al resguardo de la seguridad del país y del Ejecutivo Federal, pues a pesar de sus múltiples descalabros, se mantuvo al frente de la dependencia de seguridad y era casi intocable. Hasta ahora que, gracias a la denuncia de la CNDH y el punto de acuerdo de los legisladores priistas, podrá ser investigado.

 

OTROS ESCÁNDALOS

• Jacinta Franciso Marcial
  

El 3 de agosto de 2006, la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González fueron detenidas de forma arbitraria, acusadas por el secuestro de seis efectivos de la extinta AFI, supuestamente ocurrido el 26 de marzo de ese mismo año en el tianguis de Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro.

Tras enfrentar un proceso judicial repleto de irregularidades, Jacinta fue condenada en diciembre de 2008 a 21 años de prisión, sus presuntas cómplices recibieron la misma sentencia un mes después; sin embargo, ante la falta de solidez de las pruebas, las autoridades retiraron los cargos y un juez decretó su liberación el 15 de septiembre de 2009.

• “El rescate” de tres reporteros 

El 31 de julio de 2010, Genaro García Luna apareció ante las cámaras de diversos medios de comunicación, esta vez el escenario fue el hangar de la Policía Federal, donde ofreció una rueda de prensa. El entonces titular de la SSP leyó un comunicado para anunciar que luego de “un intenso trabajo de inteligencia”, la dependencia a su cargo había logrado el rescate de Alejandro Hernández Pacheco, camarógrafo de Televisa Torreón; Javier Canales, reportero de la empresa Multimedia, y de Héctor Gordoa, reportero del programa “Punto de Partida”, quienes cubrían un motín y una protesta en un penal de Gómez Palacio, Durango.

Los reporteros habían sido secuestrados el 26 de julio y llevados a una casa de seguridad en dicho municipio, donde fueron golpeados y permanecieron sin alimento, denunció uno de sus abogados. En el encuentro con los medios, García Luna aseguró que uno de los hombres fue liberado el 29 de julio y que “la Policía Federal realizó un esquema operativo” cerca de la casa donde estaban privados de su libertad sus dos compañeros, lo que ocasionó que “al darse cuenta de la presencia de los federales, los secuestradores huyeron, terminando así el cautiverio”.

Pero la versión del ingeniero no coincidió con la de Luis Cárdenas Palomino, su brazo derecho y jefe de la División de Seguridad Regional, quien afirmó en entrevista televisiva que los reporteros desarmaron una ventana para escapar, y fueron ellos quienes encontraron a los agentes policiacos, no al revés.

Días después, Alejandro Hernández dijo que todo había sido un “montaje” de la SSP y reveló que los engañaron diciéndoles que se iban a entrevistar con el presidente Felipe Calderón, cuando en realidad irían a la conferencia de prensa.

El rescate y la presentación de dos periodistas plagiados en Durango es un montaje de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) y producto de una serie de chantajes para llevarlos ante los medios de comunicación, sostuvo más tarde el abogado Carlos Spector-Calderón, representante legal de Hernández Pacheco, quien pidió asilo político en Estados Unidos.

• La detención de ”La Barbie”

El 30 de agosto de 2010, justo un día antes del cuarto informe de Gobierno de Felipe Calderón, el narcotraficante Edgar Valdez Villarreal fue arrestado por la Policía Federal.

La dependencia “presumió” que la captura se debió a una operación derivada de 14 meses de investigación y a través de un comunicado detalló que oficiales pertenecientes a la Policía Federal realizaban “acciones de prevención del delito” y recorrían “una carretera del Estado de México”. “Debido a las labores de inteligencia, se tenía conocimiento (de) que en el poblado de Salazar, perteneciente al municipio de Lerma, se encontraban miembros de la delincuencia organizada”.

Pero poco tiempo después empezaron a darse a conocer versiones que indicaban que el ex integrante de la organización delictiva de los Beltrán Leyva en realidad se había entregado por cuenta propia, luego de que el vehículo en el que viajaba había sido detenido por transitar a exceso de velocidad.

Según reportes de prensa, la verdadera historia refiere que los agentes circulaban a las orillas del poblado cuando vieron que un convoy de tres automóviles los rebasó “a alta velocidad y sin precaución alguna”.

Los policías siguieron a los vehículos, les pidieron que se detuvieran y después de seguirlos a lo largo de cuatro kilómetros de la autopista, los alcanzaron. Los federales pidieron a los tripulantes del convoy, sin saber quiénes eran, que bajaran de los autos y más tarde “La Barbie” se identificó como Edgar Valdez Villarreal, narcotraficante.

Esta revelación causó mucha especulación, sobre todo porque durante su presentación el capo no paró de reírse, lo que hizo pensar a algunos que se burlaba de las mismas autoridades.

• Tres Marías

El ataque tuvo lugar la mañana del 24 de agosto en la carretera federal México-Cuernavaca en Huitzilac, Morelos, en la zona conocida como Tres Marías, cuando federales abrieron fuego contra un vehículo diplomático de Estados Unidos en el que viajaban dos estadunidenses y un elemento de la Marina. La unidad recibió 152 impactos de bala.

Luis Cárdenas Palomino dijo en conferencia de prensa el domingo 2 de septiembre que los agentes vinculados al caso estaban asignados en esa zona para investigar un secuestro ocurrido apenas horas antes del incidente (el del jefe de protocolos del Museo de antropología e Historia, salvador Vidal Flores).

“Tenemos acreditado es que lo que hacían los elementos exactamente en Tres Marías era una investigación de secuestro que se había perpetrado horas antes a que los muchachos estuvieran ahí a las 8 de la mañana”, dijo entonces.

Luego de salir a la luz toda clase de versiones, se dio a conocer que los policías iban vestidos de civil en varios automóviles particulares y al ser presentados ante el agente del Ministerio Público de la Federación “lo hicieron uniformados”, y a bordo de las patrullas.

Tras las investigaciones, el 8 de noviembre pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) consignó a 14 agentes de la Policía Federal y los trasladó del Distrito Federal a un penal del estado de Morelos por su presunta implicación en el caso.

La PGR indicó que los 14 agentes implicados en el ataque “simularon hechos para intentar evadir su responsabilidad”, con ello comenzó a manejarse el hecho como un nuevo “montaje” de las autoridades.

La dependencia federal detuvo a Juan Manuel Pacheco Salgado, jefe de los 14 policías federales, quien ingresó el 12 de noviembre al penal de Puerta Grande en Jalisco acusado de falsear declaraciones.