Ciudad de México, 23 agosto (SinEmbargo).— En medio de las protestas en contra el Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, y a un mes de haber sido promulgadas las leyes secundarias de la Reforma en Telecomunicaciones, las radios comunitarias –que fueron allanadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)– mantienen la lucha por seguir ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, pese al constante acoso que, denuncian, cometen las autoridades estatales y federales para impedir que “la voz del pueblo” se escuche.

El 4 de agosto de este año, alrededor de las 16:00 horas, un grupo de policías federales cerró las calles donde se encontraba Radio Zacatepec , también identificada como “La voz del Pueblo”, y realizó un operativo en conjunto con elementos del IFT para despojar a la radiodifusora de su transmisor y parte del equipo electrónico con el que laboraba.

“Nos dijeron que era porque nuestra frecuencia hacia interferencia, luego llegaron con una orden y se llevaron nuestro equipo, después nos dijeron que era porque no teníamos el permiso”, narró a SinEmbargo Miguel López Vega, integrante de Radio Zacatepec.

Horas más tarde, lo mismo sucedió en las calles de Tlaxcalancingo e Independencia. Ahí los elementos policiacos impidieron el paso a los peatones con el argumento de que se realizaba un operativo, esta vez, en las oficinas de la Radio Axocotzin.

“Más allá de hacer una inspección y de hacer una verificación, nos allanaron y quitaron cosas, desde ahí vemos una violación a nuestros derechos”, contó Erik Coyotl Lozada, de Radio Axocotzin.

“Se llevaron una pequeña consola, tres micrófonos, la computadora que contenía una memoria histórica de las comunidades y del municipio, porque nosotros respaldábamos toda la información que teníamos y de las asambleas que realizábamos. Es una pérdida total de la radio comunitaria, no es un hecho que nos deje inertes. Es algo que nos obliga a seguir trabajando”, precisó el activista.

Sin embargo, el despojo y la limitación a la comunicación a la que se refieren no son los únicos atropellos que viven los poblanos bajo la administración de Rafael Moreno Valle, los activistas denunciaron también ineficiencias por parte de los servidores públicos de la entidad, así como violaciones a sus derechos humanos.

“Estamos siendo interlocutores y testigos de todos los atropellos, pues no sólo es una radio que cubre el aspecto cultural, sino también ahora se encuentra sobre una coyuntura política bastante preocupante dentro de la comunidad, el municipio y a nivel estatal”, comentó Coyotl Lozada.

El comunicador explicó que desde abril pasado empezó “la cacería” contra organizadores comunitarios, y activistas ejidatarios. “Nosotros dimos voz a los que estaban viviendo las problemáticas en carne y hueso”, detalló. Denunció que cuando en Radio Axocotzin se tocaban temas de medio ambiente que tenían que ver con las implicaciones que traería la  construcción del Proyecto Integral Morelos (PIM) —gasoducto que conecta a Tlaxcala, Puebla y Morelos—,  los locutores recibían amenazas.

Citó el caso de Ricardo Pérez Avilés, investigador de la Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), quien fue amedrentado por supuestos grupos paramilitares por advertir sobre los riesgos que traería a la población la culminación del proyecto.

LOS PROBLEMAS DE PUEBLA

El Gobernador de Puebla ha sido fuertemente criticado por las represiones a activistas que ha permitido, como es el caso de Juan Carlos Flores Solís, cofundador de ambas radiodifusoras quien actualmente se encuentra preso. También están los señalamientos por la “Ley Bala” que él propuso y que el mes pasado causó la muerte de un menor de 13 años.

El 9 de  julio en San Bernardino Chalchihuapan, pobladores salieron a las calles a protestar contra la desaparición de las oficinas del Registro Civil en las Juntas Auxiliares, este hecho pasó a segundo término cuando el operativo realizado por policías estatales al mando de Facundo Rosas Rosas se salió de control y culminó con la muerte de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo quien fue herido con un proyectil que le perforó el cráneo.

Erik Coyotl comentó que existen problemas con los registros civiles, como es el caso del organismo que opera en Cholula, que no ha entregado las actas correspondientes. Explicó que también se trata de “uno de los tantos mecanismos que a través de una reforma a la Ley Orgánica  Municipal en el Estado de Puebla pretende desaparecer las Juntas Auxiliares y que haya solamente un mando que sería el municipio y posteriormente el estado”.

En este contexto Radio Zacatepec y Radio Axocotzin daban a conocer los hechos ocurridos en las comunidades poblanas, además de otras problemáticas que han causado protestas en el estado.

Coyotl Lozada explicó que uno de estos conflictos fue el que se suscitó con la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) porque el Estado quitó concesiones a las comunidades para que contaran con transporte en Cholula.

La entrada de RUTA iba a provocar que campesinos que cultivan nopal accedieran a las unidades de la comunidad y pudieran llevar sus productos al mercado. “Con esto violaban el derecho a poder elegir de qué manera uno puede generar una sustentabilidad económica porque no habría manera de comercializar”, detalló el integrante de Axocotzin.

El activista también mencionó el caso de los feminicidios ocurridos en Puebla, que de acuerdo con el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos registraron un aumento en el último año, ya que de enero de 2013 a febrero de 2014 se reportaron 54 feminicidios en total. “También se han tocado temas de este tipo en buena medida”, agregó el activista.

Otra situación que puso a Puebla “de cabeza” y que fue retomada por los espacios de las radios comunitarias fue la inclusión del Mando Único donde el Estado tiene el control completo sobre las comunidades. Además de las protestas en algunos municipios de Puebla que se levantaron porque “el Estado quiere imponer tarjetas en el transporte público cuando antes se tenían ambas modalidades”, explico Coyotl Lozada.

“Son temas de los cuales, las radios comunitarias de Puebla siempre han dado a conocer. Nos parece también como un asunto preocupante que el allanamiento de ambas estaciones fuera justamente en esta coyuntura política”, reiteró.

Agregó que durante la transmisión de contenidos en plazas públicas los integrantes de la radio fueron acosados por policías municipales quienes les pidieron se retiraran porque eran peligrosos “cuando estábamos transmitiendo con niños”.

COARTADA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Ante el saqueo perpetrado por elementos del Instituto de Telecomunicaciones a las radios poblanas, organizaciones de la sociedad civil y otras estaciones de radio comunitarias se unieron para rechazar las acciones emprendidas por el organismo, así como contra los actos de acoso de los que han sido objeto los locutores de Radio Axocotzin y Raidio Zacatepec.

Sandra Luz Cruz, Coordinadora de la Radio Huayacocotla, en Veracruz, condenó el allanamineto a ambas estaciones y dijo a SinEmbargo que se trató de “un ataque directo a la libertad de expresión, también al derecho que tienen los pueblos y las comunidades indígenas para contar con sus propios medios de comunicación para subsistir”.

“Los pueblos tendrían que poder acceder a sus propias frecuencias, a poder contar con un permiso y además a los modos y a las maneras para que su radio comunitaria sea sostenible, sin embargo eso no existe”, detalló.

Por su parte, la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) rechazó el  hecho e indicó que “el derecho a que los pueblos indígenas operen una radio comunitaria no solo está contenido en la Constitución Mexicana, [sino] también en Mecanismos Internacionales de Protección de Derechos que México ha ratificado, por lo que es obligación del Estado mexicano respetar y promover la libertad de expresión de los pueblos indígenas”.

LA LUCHA SIGUE

Pese a los obstáculos que han tenido las radiodifusoras siguen trabajando, ya sea en el trámite de los permisos solicitados por el IFT o pidiendo apoyo a los poblanos para poder comparar el equipo necesario para que estén al aire. “Estamos trabajando para volver a transmitir dentro de la comunidad a través de altavoces y de internet para que la gente pueda seguir informada”, dijo el vocero de Radio Axocotzin.

“Abriremos pláticas con la Asociación de Radios Comunitarias para saber cuáles son los trámites para integrar un acta constitutiva para que se avale una radio comunitaria en los municipios de Puebla, porque de los 25 medios de comunicación comerciales que existen, todos están cooptados por el Estado”, comentó Erik Coyotl.

Los activistas explicaron que la reforma en materia de telecomunicaciones aparte de coartar la libertad a la expresión, es también una forma de represión y discriminación que ejerce el Estado mexicano, ya que  con ella “se tachará de ilegales aquellas radios comunitarias que no cuenten con los permisos que otorga el Instituto Federal de Telecomunicaciones”.

“El único sustento que podrían acceder las radios comunitarias será a la publicidad  que el gobierno federal quiera transmitir”, explicó el activista quien también comentó que esta disposición podría desencadenar en una limitación de la comunicación porque “entonces el gobierno ya podrá regular todo lo que quiera que se transmita a la sociedad”, dijo.