Gordillo contrata al ex fiscal del caso Colosio, acusado de enriquecimiento ilícito, extorsión y cohecho

27/02/2013 - 4:41 pm

Ciudad de México, 27 de feb (SinEmbargo).– Arturo Germán Rangel, abogado de Elba Esther “La Maestra” Gordillo, fue investigado por enriquecimiento ilícito, peculado, extorsión y cohecho en 2010.

Germán Rangel fue fiscal del caso Colosio durante la gestión del panista Antonio Lozano Gracia en la Procuraduría General de la República (PGR).

Pablo Chapa Bezanilla, el fiscal que recurrió a una vidente para resolver el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, fue quien lo llevó a la dependencia. Pero Germán Rangel estuvo destinado no a ése, sino al caso Luis Donaldo Colosio.

Él es el autor de la tesis de que al ex candidato presidencial priista le mató un segundo tirador. Así consignó a Othón Cortés, además de Mario Aburto Martínez, asesino confeso. Cortés fue absuelto y demandó por daños y perjuicios a Rangel.

Arturo Germán Rangel permaneció en la 1996 y regresó en 2009 como subprocurador de Delitos Federales, durante el periodo de Arturo Chávez como Procurador. En 2010 salió otra vez, ahora acusado de presunto enriquecimiento ilícito, peculado, extorsión y cohecho.

La PGR investigó al abogado y a varios jefes de unidades especiales apenas 2011 por presunto enriquecimiento ilícito, peculado, extorsión y cohecho.

Elba Esther Gordillo nombró como abogado a Germán Rangel al comparecer ante un juez federal por la acusación de delincuencia organizada y lavado de dinero. La líder compareció esta tarde en la rejilla de prácticas del Juzgado Sexto de Distrito en Procesos Penales Federales junto con Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores, también acusados de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Gordillo apareció tras las rejas con una blusa blanca con cuello de tortuga, con aretes y el cabello recogido en cola de caballo. Jorge Alberto Bernal Reyes, secretario de acuerdos del Juzgado, le informó a Gordillo que los dos delitos que le imputa la PGR son calificados como graves y que, en caso de ser procesada, no tendrá derecho a la libertad provisional bajo caución.

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