Santiago de Chile, 27 nov (EFE).- La Corte de Apelaciones de Santiago condenó hoy a tres marinos retirados a cinco años y un día de prisión por el secuestro calificado (desaparición) de un estudiante universitario en 1974, informaron fuentes judiciales.
La Cuarta Sala del tribunal de alzada ratificó por unanimidad el fallo de primera instancia dictado por el juez especial Leopoldo Llanos en el caso de la desaparición de José Alberto Salazar Aguilera, estudiante de Servicio Social de la Universidad de Chile.
Los condenados son el capitán de navío Ricardo Riesco Cornejo y los suboficiales Juan Reyes Basaur y Valentín Riquelme Villalobos, mientras un cuarto procesado, Manuel Leiva Valdivieso, fue sobreseído por fallecimiento.
Salazar, de 23 años y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), grupo que combatió la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), fue detenido por agentes del Servicio de Inteligencia de la Marina en Valparaíso el 22 de noviembre de 1974.
Horas más tarde, el detenido fue llevado por sus captores a su domicilio, donde antes de entrar intentó escapar corriendo calle abajo, pero fue atrapado por dos agentes que lo persiguieron y dispararon al aire para amedrentarle.
Luego lo llevaron a un sector de la ciudad de Viña del Mar, donde Salazar intentó nuevamente la huida, logrando subir a un autobús del transporte urbano.
El joven fue alcanzado por uno de los agentes y se unió a otro agente que viajaba como pasajero y que ante la negativa del estudiante a rendirse, le disparó dos veces en el abdomen.
El detenido fue llevado al Hospital Naval, donde permaneció hasta el 6 de diciembre, cuando fue llevado al cuartel “Silva Palma”, de la Infantería de Marina, donde se perdió su rastro el 10 de marzo de 1975, según testimonios de presos supervivientes.
En la parte civil, la Corte ratificó que el Estado debe pagar una indemnización de quince millones de pesos (unos 25.000 dólares) a Gloria Salazar Aguilera, hermana de la víctima.
Durante la dictadura de Augusto Pinochet unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, según cifras oficiales. EFE
