El tema de la publicidad oficial está, otra vez, sobre la mesa. Desde años, algunos medios nacionales han dado cobertura a la práctica discrecional y parcial que se ha repetido en los gobiernos federales y estatales. El dispendio en ese rubro crece y los lineamientos a la publicidad oficial que rigen a todas las administraciones públicas –a cargo de la Segob y que podrían tirar buena parte de los anuncios oficiales por los que se pagan millones cada día– son ignorados.

El problema, insisten periodistas, expertos y activistas en defensa de la libertad de expresión, no es la publicidad oficial per se, sino su uso como propaganda política con cargo al erario público y que se vuelve autoritario con la prensa. El reportaje del diario The New York Times, señalaron, impulsó otra vez el debate sobre el uso de esos millones de los mexicanos que son entregados a privados, y el Gobierno mexicano, hasta el momento, permanece mudo.

“La Secretaría de Gobernación mantiene el silencio porque sabe que es una discusión perdida. Dicha dependencia ya no debería controlar los recursos de la publicidad gubernamental ni mucho menos vigilar los contenidos en medios impresos y electrónicos. Es indispensable hacer una reforma de las atribuciones gubernamentales en este ámbito”, planteó Gabriel Sosa Plata, experto y académico.

Ciudad de México, 27 de diciembre (SinEmbargo).– En septiembre de 2016, la Secretaría de Gobernación (Segob) difundía un comercial que era acompañado por un logotipo con las iniciales del nombre de su titular Miguel Ángel Osorio Chong, y que giraba en torno a su imagen y sus labores públicas.

Mediante una solicitud de información, SinEmbargo pidió a la Segob el monto y el objetivo de la campaña que se desplegó. La respuesta oficial fue que esa campaña no había significado algún gasto extra, ya que formó parte del plan anual de comunicación social.

El video podría ser uno más de los tantos en los que se resalta la imagen de un funcionario con dinero público, pero en este caso la Segob es la dependencia a la que le corresponde formular, regular y conducir la política de comunicación social del Gobierno federal y las relaciones con los medios masivos de información, así como orientar, autorizar, coordinar, supervisar y evaluar los programas de comunicación social de las dependencias del Sector Público Federal.

Además, es también la institución que debe autorizar los recursos destinados a comunicación social.

Hoy el tema del uso de los millones de pesos empleados en publicidad por parte de los gobiernos está, de nuevo, en la mesa luego de la publicación del reportaje “Using Billions in Government Cash, Mexico Controls News Media” en The New York Times. La reacción inmediata vino de los medios ahí señalados, pero hasta el momento, la Segob no se ha pronunciado al respecto.

Para periodistas, académicos y activistas, el trabajo periodístico exhibió a una clase política mexicana que no ha entendido muy bien la manera en cómo funciona la democracia y evidencia un retroceso político que tiende al autoritarismo.

Aunque por otro lado, señalaron, luce una victoria que beneficia a esa misma clase, pues puso de relieve que hay un Estado que ha logrado mantener quieta a la figura que debería cuestionarle todos sus movimientos: los medios de comunicación.

La libertad de expresión, apuntaron, es la más afectada; las opciones de información se reducen y la elección presidencial del siguiente año tampoco da mucha esperanza de encontrar una solución al problema, comentaron.

Una parte de esas esperanza en el corto plazo, recordaron, está en la orden que dictó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al Congreso de la Unión para elaborar una ley que regule la publicidad.

La relación prensa-gobierno en México es una muestra de autoritarismo, dicen especialistas en medios de comunicación. Foto: Cuartoscuro

GOBIERNO Y PRENSA VISTOS DESDE FUERA

Para el periodista Francisco Goldman, un veterano con amplia experiencia y muy respetado en el medio –que publica tanto en The New Yorker como en The New York Times–, esa relación Estado-medios de comunicación resulta impresionante y planteó que es una muestra de que tanto en México, como a nivel mundial, se observe una nueva ola de autoritarismo.

“Los gobiernos no tienen mucho respeto por lo que es la democracia realmente, están haciendo de la prensa el enemigo número uno y eso sucede en los Estados Unidos, en México, China, Cuba. Todos los poderes están en contra de la libertad de prensa. Tienen mucho miedo y han encontrado las maneras de silenciarla. Pero la esperanza es que la presa sigue batallando. Hay gente con mucho valor en todo el mundo que sabe la importancia de una prensa que puede contestar al poder y vamos a estar viviendo esta batalla que podrá definir el futuro, no solo de México, sino de todos los países”, dijo en entrevista con SinEmbargo.

Con el periodista coincidió el académico y experto en telecomunicaciones Gabriel Sosa Plata.

“México queda como un país cuyo gobierno está poco comprometido con la democracia y los derechos humanos […]. A quienes toman la decisión de asignar estos recursos, por supuesto no les importan dichos derechos. Su lógica es coyuntural y de alcance reducido. A la larga es dinero que en muchos casos se tira a la basura porque ahora hay otros medios, como Internet, que contrastan la ficticia construcción de una imagen que se aprecia en medios como los que menciona el diario estadounidense”, dijo en entrevista con este diario digital.

Pero esta ha sido una práctica que se ha ido perfeccionando.

Como lo menciona Goldman, este tipo de campañas se han visto por años y años, “está el caso de Ricardo Anaya o el odio que tienen contra Andrés Manuel López Obrador. Se puede estar en contra de él, pero compararlo con Hugo Chávez es incluso ignorante; entonces, ¿por qué lo hacen? Esa es una campaña propagandista de los medios completamente corrompidos por el dinero […]. La Jornada dejó de ser un referente poco a poco. No me di cuenta que dejé de leerlo y quizá sea esa la razón, que ya no encontré cosas fuertes. La televisión, no la veo. Entonces las opciones de información comienzan a reducirse. No sé cuál es la solución. ¿Cómo le haces en un país en el que no hay Fiscal General, en el que la prensa no tiene protección?”.

Al respecto, Leopoldo Maldonado Gutiérrez, oficial del Programa de Protección y Defensa de la organización Artículo 19, consideró que el dinero pagado a medios de comunicación revela un proyecto de gobernabilidad autoritaria que persiste en México y da cuenta de un proceso regresivo en términos de libertades democráticas. Y ahora, el reflector internacional muestra que el país tiene una diplomacia muy ágil y astuta que vende a un país que no es, en donde nadie vive.

“Ahí está la Ley de Seguridad Interior que también volteó reflectores y muestra este sistema de gobernabilidad autoritaria que pretende arraigarse y quedarse por muchos años. En materia de libertad de expresión, se cierra el círculo de las diferentes violencias que vive la prensa: la violencia física, el uso de la publicidad oficial para censurar a los medios de comunicación (violencia económica)”, comentó Maldonado.

EL SILENCIO DE SEGOB

Aunque en el quehacer político la tarea de legislar la publicidad oficial ha recaído en el Congreso, la Secretaría de Gobernación no ha respetado los lineamientos que dictan lo que debe ser la comunicación social, ya que eso no es el problema, sino una herramienta informativa del Estado con la población.

De acuerdo con ese documento, “es facultad del Secretario de Gobernación conducir a la política de comunicación social del Gobierno federal y las relaciones con los medios masivos de información”.

De acuerdo con las Cuentas Públicas anuales del gobierno federal, los gastos de publicidad y comunicación social aumentaron 80 por ciento de 2013 a 2016 y en total se han gastado en ese rubro 25 mil 649 millones 236 mil 567 pesos, sin contar 2017.

Tan solo en 2016, el gasto de comunicación social ascendió a 8 mil 589 millones 734 mil 606 pesos. Del total del dinero, fueron ocho medios los que acapararon el 37 por ciento, es decir, 3 mil 187 millones 427 mil 841 pesos.

“La Secretaría de Gobernación mantiene el silencio porque sabe que es una discusión perdida. Dicha dependencia ya no debería controlar los recursos de la publicidad gubernamental ni mucho menos vigilar los contenidos en medios impresos y electrónicos. Es indispensable hacer una reforma de las atribuciones gubernamentales en este ámbito, además de crear al órgano ciudadanizado que supervise y haga valer con criterios democráticos este gasto”, comentó Sosa Plata.

Publicidad oficial: propaganda y sometimiento de medios en México. Foto: Cuartoscuro

Según la misma Segob, una campaña de comunicación social es aquella en la que se difunden el quehacer gubernamental, acciones o logros del Gobierno o estimulan acciones de la ciudadanía para acceder a algún beneficio o servicio público y los medios deben ser seleccionados conforme a criterios objetivos, por lo que deben tomar en consideración las características, tarifas, destinatarios, cobertura y especialidades que cada uno presenta.

Además se sostiene que las erogaciones de dichos recursos y las contrataciones respectivas “deberán sujetarse a los criterios de austeridad y racionalidad del gasto contenidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017”.

Otra de las acciones que están prohibidas son los pagos por concepto de notas, entrevistas o imágenes con fines periodísticos.

Y se contempla que en caso de incremento de recursos al Programa anual, será necesario presentar una justificación detallada de la causa. En consecuencia, la Segob tendría que tener información de los últimos cinco años en que se ha registrado un sobrecosto.

“El silencio del Gobierno federal, da cuenta de que es un tema incómodo y que ha sido una herramienta sumamente útil para mantener el poder y mantener una narrativa totalmente plegada a los intereses de los gobernantes en turno. Ya merece una respuesta, es urgente una respuesta en este contexto actual. El Congreso se tiene que abocar a legislar y evidentemente se requiere de la participación del gobierno federal en esta discusión para que aporte elementos técnicos y políticos que permitan avanzar. Sobre todo de voluntad política, para que esto avance y luego, se revierta”, concluyó Maldonado Gutiérrez.