Ciudad de México, 28 de junio (SinEmbargo/Pulso).– Guillermo Gil Torres, uno de los cuatros sacerdotes de San Luis Potosí acusados de pederastia fue detenido anoche por la Policía Ministerial y recluido en el penal de La Pila, en la capital potosina.

El religioso, acusado de abuso sexual por un menor de edad, oficiaba en la parroquia de Santa Rosa de Lima, ubicada en la colonia 21 de Marzo, en Soledad de Graciano Sánchez.

Por otra parte, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ya realizó el trámite para que se active la “alerta roja” ante la Interpol para la búsqueda en 190 países del ex sacerdote Eduardo Córdova Bautista, también acusado oficialmente del abuso sexual calificado, corupción, violación y privación ilegal de la libertad de 19 menores, aunque según sus detractores podría haber abusado de al menos 100 niños durante 30 años de ejercicio.

Sobre el aseguramiento de Gil Torres, fuentes policiacas confirmaron que agentes ministeriales lo detuvieron cerca de las 19:30 horas de ayer y fue trasladado directamente a La Pila para ser puesto a disposición del Juez Cuarto del Ramo Penal.

El padre fue acusado de haber abusado sexualmente de un menor de edad el pasado 27 de mayo.

En el caso de Córdova, fuentes de la PGJE  informaron que ya se tramita la notificación de “alerta roja” para solicitar la detención y extradición y la realiza directamente el Procurador, Miguel Ángel García, con el Director de Asuntos Internacionales y Policiales de la Interpol.

“Ya está en proceso la petición y la Interpol tiene cobertura en 190 países, entre ellos, México”, indicó la fuente de la PGJE.

La “alerta roja” incluirá la foto y datos de Córdova Bautista y, en caso de ser detectado en el extranjero, el ex sacerdote podría ser detenido por las autoridades del país en que se encuentre y posteriormente, pedir a las autoridades mexicanas que acudan por él.

El pasado 27 de mayo, el Vaticano anunció la expulsión de Córdova y su caso llegó hasta la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que ofreció asesoría legal y jurídica a los presuntos afectados, y se pronunció porque se ejerza una investigación a fondo no sólo contra el sacerdote sino contra las instituciones religiosas y civiles que, pese a las denuncias en su contra, permanecieron mudas durante tres décadas.

Las denuncias contra el ex cura, que se encuentra prófugo, se hicieron más álgidas al conformarse un expediente enviado por los padres de un menor del que abusó sexualmente en 2012. “Se hicieron las entrevistas a los testigos, se integró toda la investigación y se envió a Roma para que allí evaluaran [el caso]”, dijo Armando Martínez Gómez, presidente del Colegio de Abogados Católicos de México.

En abril pasado, el Arzobispo de San Luis Potosí, Carlos Cabrero Romero, había denunciado en entrevista que sí hubo un proceso en El Vaticano por pederastia en contra del ex sacerdote, pero que la institución religiosa no instruyó removerlo.

Asimismo el 23 de abril la Arquidiócesis de San Luis Potosí impuso a Córdova Bautista la suspensión de sus funciones y atribuciones ministeriales, a instancias del propio Vaticano. Esta noticia trascendió apenas hacia finales de mayo. Dicha suspensión no fue más que una medida cautelar aplicada por los tribunales de la Santa Sede mientras concluía el procedimiento. No obstante, la prensa mexicana interpretó que aquella era la sanción definitiva.

Esa medida cautelar fue impuesta porque las acusaciones contra el clérigo tenían fuertes indicios de verosimilitud.

Por otra parte, la CEAV exigió una investigación puntal por las recientes denuncias de abuso sexual y advirtió que el encubrimiento es un delito. Lo último referente al Arzobispado, que durante más de tres décadas supo de las agresiones que Córdova Bautista cometía contra los menores y no hizo nada.

Tampoco el gobierno encabezado por el priista Fernando Toranzo Fernández ni el anterior hicieron nada para someter al presunto pederasta a investigación.

Incluso, el sacerdote llegó a ocupar cargos de alto de rango en la administración clerical y tuvo funciones ciudadanas en el gobierno estatal, donde actualmente es Consejero Ciudadano de Transparencia y Vigilancia para las Adquisiciones y Contratación de Obra Pública.