Montevideo, 28 jul (EFE).- Varias organizaciones sociales uruguayas exigieron hoy un sistema de justicia que “garantice los derechos humanos” y no la “impunidad de quienes los violan” en los casos de explotación sexual infantil, para lo que pidieron eliminar concepciones “adultocéntricas” y “estereotipos sexistas”.
Las agrupaciones manifestaron en un comunicado sentirse sorprendidas “con actuaciones judiciales que si bien hacen hincapié en la importancia de contar con un adecuado marco de contención y tuición de menores”, omiten “deliberadamente la responsabilidad de los explotadores”.
El texto pone como ejemplo un reciente caso de explotación sexual de dos adolescentes, K.S y K.M, acontecido en el departamento de Rivera (noreste), por el que se procesó sin prisión a la madre de la primera por omisión de los deberes de patria de potestad y a dos funcionarias del Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay (INAU) por omisión de los deberes del cargo.
El pasado 19 de julio la Policía anunció estar investigando la causa del embarazo de K.S, una niña de 13 años custodiada en régimen de semilibertad en un hogar de menores del INAU y que fue víctima de prostitución.
La joven se encontraba bajo la órbita de dicha entidad, que se encarga, entre otras tareas, de acoger a niños y adolescentes cuyos derechos hayan sido vulnerados, como víctimas de maltratos, abusos o abandono por parte de la familia, o menores en conflicto con la ley.
La Justicia sostuvo que en el caso de la directora del hogar, no se desplegaron las acciones que pudieran permitir la contención y amparo tanto de K.M. como de K.S., menores “con un contexto familiar crítico, con serios problemas de salud, que abandonaban (el hogar) en múltiples ocasiones”.
Además, el auto de procesamiento expresa que “varias personas de sexo masculino declararon (…) en carácter de indagados por ser policialmente vinculados a la posible explotación sexual de K.M.”.
Sin embargo, añade que “si bien todos ellos han mantenido contacto sexual con la misma (…) no se han encontrado, a criterio del Ministerio Público y Fiscal, elementos probatorios que permitan atribuirles inicialmente alguna responsabilidad que desde el punto de vista penal se encuentre tipificada”.
Por ello los colectivos denunciantes reiteraron que el Estado tiene la “obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar este tipo de delitos”.
“El Poder Judicial forma parte fundamental del Estado y como tal debe responder con pronunciamientos jurisdiccionales que se encuentren a la altura del estilo que requiere la protección de derechos fundamentales”, concreta el texto.
