Ciudad de México, 28 de noviembre (SinEmbargo).– Mujeres víctimas de violaciones de derechos humanos, entre las que destacan las víctimas de Atenco y las dos indígenas acusadas de haber secuestrado a seis agentes de la extinta Agencia Federal de Información (AFI) en Querétaro, denunciaron ayer que las aportaciones económicas que el Estado proporciona para los daños causados por desapariciones, violaciones con participación de policías o militares, o encarcelamientos injustos, son insuficientes.
“Se habla de indemnización, de atención médica, de reparación integral del daño. Pero lo que queremos saber es qué pasó con ellos y dónde están los responsables”, dijo Tita Radilla, hija del luchador social guerrerense Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido en 1974.
Radilla participó en el foro “Del daño a la reparación: La voz de las mujeres frente a la violencia de Estado”, que se realizó en el Centro de Derechos Humanos Miguel Augusto Pro Juárez A.C.
La activista consideró que mientras se ignore el paradero de su padre, la tortura permanece. “Cuando alguien desaparece no se sabe si tiene hambre, frío, es desesperante, la familia sufre intensamente, es una tortura permanente para familia, saber si murió ya o no”.
Ahí expuso que oficialmente se han reconocido 275 desapariciones de 532 que ella tiene registrados de aquella época, durante la llamada “Guerra Sucia”.
“Lo principal de la reparación no es monetario, sino recuperar a familiares. Pasó con dos familias, exhumaron a sus familiares y su actitud ya es diferente”.
Al encuentro también asistieron Teresa González y Alberta Alcántara, indígenas hñähño, quienes fueron detenidas en 2006 por presuntamente haber secuestrado a seis agentes de la extinta Agencia Federal de Información (AFI), en Querétaro.
Liberadas en 2010 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ambas recibieron una sentencia favorable del Tribunal Federal de Justicia Federal y Administrativa (TFJFA), la semana pasada, por la que se obliga al Estado mexicano a reparar de manera económica, una disculpa y establecer condiciones para que un caso como el suyo no se repita, luego del daño causado por ser injustamente encarceladas.
Pero ambas aún resienten las secuelas del encierro. Aún temen que la Procuraduría General de la República (PGR) vuelva por ellas, que les inventé cargos.
“Yo tuve cargo de secuestro y posesión de cocaína”, recordó Alberta Alcántara.
González explicó que tampoco nada repara el daño causado en su familia.
“La reparación no es fácil, el daño no es sólo a nosotros, sino a nuestros padres”. Agregó que ella está casada y con su pareja le costó trabajo regresar a la vida cotidiana.
“Es difícil olvidar lo que hemos vivido”.
Reiteró que fue encerrada por una situación que no debía. “Ha sido muy difícil superarlo. Tuve una niña estando ahí y pensando en ella dije ‘voy a salir de aquí’”.
Otro caso expuesto fue el de la guatemalteca Juana Solís Velásquez, quien en 1982 se enteró del secuestro de su hermano y su papá por parte de grupos militares. Desde entonces no sabe nada de ellos. Ella, amenazada y también embarazada, vino a vivir 11 años a Chiapas, México.
Aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó una reparación económica: darle una casa a la centroamericana. Ella sabe que con eso no va a recuperar a su familia.
Afirmó que debido al conflicto armado, al venirse a México dejó de hablar su lengua materna, de usar su traje típico.
“Jamás se puede olvidar”, dijo sobre la desaparición de sus familiares y su exilio forzado.
Dijo incluso, tener presente el secuestro de sus familiares, día a día. Esto la separó de su esposo. “Nunca hemos llegado a tener una recuperación”, indicó.
El foro fue presentado por mujeres que sufrieron agresiones físicas y sexuales el 3 y 4 de mayo de 2006 en Atenco, Estado de México, cuando la entidad era gobernada por quien ahora es Presidente de México, Enrique Peña Nieto.
Recordaron ese operativo donde participaron tres mil policías.
Una de las mujeres agredidas, Patricia Torres, ahora de 30 años, recordó que en el operativo sufrieron tortura psicológica y sexual al grado de decir “ya no se puede más”.
“No es fácil que una mamá, mucho menos unos hermanos vean en esa situación”, expuso en relación a su familia.
En el caso de las mujeres de Atenco, la Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, expresó el 14 de marzo de este año su voluntad política para reparar el daño.
“Ofrecemos una disculpa pública por los excesos cometidos por las fuerzas del orden”, dijo.
Para las mujeres agredidas esta disculpa fue insuficiente y por la jerarquía de Limón dentro del gobierno federal fue considerado como un comentario personal.
CUESTIONAN A CNDH
Las víctimas de violaciones de derechos humanos también coincidieron en señalar que el papel de las comisiones de Derechos Humanos en sus casos fue prácticamente nulo.
“Nosotras ni siquiera sabíamos que teníamos derechos”, recuerda Teresa González.
“Te dicen que no pueden hacer nada por ti, entonces qué caso tiene que sean de derechos humanos”, cuestionó.
Les dicen que como indígenas y mujeres tienen derechos, pero a la hora de defenderlos no los aplican, lamentó.
Alcántara reafirmó que nadie de las comisiones de Derechos Humanos las ayudaron, y que el caso fue tomado por el Centro Pro de Derechos Humanos.
En el caso de Radilla, dijo que en el sexenio de Vicente Fox, que como candidato había prometido que investigaría las desapariciones de la “Guerra Sucia”, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se negó a reconocer todos los casos, ya que sólo reconocía uno por familia aunque hubiera más.
“De la CNDH sólo tengo malas experiencias”, afirmó, igual que de Fox, que aunque creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), la desapareció meses antes de concluir su mandato.
