México

FGR investiga presuntas irregularidades cometidas por los que tramitaron la extradición de Ancira

01/03/2021 - 7:48 pm

El expresidente de AHMSA solicitó la investigación por presuntas conductas irregularidades, entre ellas la violación al secreto sumarial.

Ciudad de México, 01 marzo (SinEmbargo).- Un Tribunal colegiado de la Ciudad de México confirmó el amparo concedido al empresario Alonso Ancira Elizondo, expresidente de Altos Hornos de México (AHMSA), tras su denuncia por presuntas irregularidades durante su trámite de extradición.

La Fiscalía General de la República (FGR) es la encargada de la investigación por el delito de ejercicio indebido del servicio público, de acuerdo al diario Reforma, Miguel Ángel Ortega Sánchez, Fiscal de la Dirección General de Procedimientos Internacionales, es uno de los indagados.

En 2019, Ortega Sánchez habría declarado que Ancira era investigado por delitos como cohecho, uso indebido de atribuciones y facultades, delitos previstos principalmente para servidores públicos y no sólo por lavado de dinero, ante las autoridades españolas, por medio de una “declaración jurada”, la cual no existe en la legislación mexicana, acción que contribuyó a la petición formal de extradición del empresario.

El expresidente de AHMSA solicitó la investigación por presuntas conductas irregularidades, entre ellas la violación al secreto sumarial.

El amparo fue promovido hace un año, en el cual se solicita exponer las razones y fundamentos de una “declaración jurada” enviada a España para apoyar la petición de extradición, por medio de una figura que no existe en México.

Luego de que el amparo fuera concedido y confirmado, la Fiscalía informó la indagación a los servidores públicos responsables.

Ancira Elizondo permanece internado en el Reclusorio Norte, desde su extradición el pasado 3 de febrero.

ANCIRA NO PODRÁ SEGUIR JUICIO DESDE CASA

Alonso Ancira Elizondo, no podrá enfrentar su proceso penal en prisión domiciliaria, tal como lo había solicitado, ya que un Juez federal rechazó la suspensión definitiva, por lo que deberá continuar en la cárcel mientras se determina su situación legal.

De acuerdo con la información, el Juez Primero de Distrito en Amparo de la Ciudad de México, Antonio González García, fue quien negó al empresario la petición con la que buscaba llevar su juicio desde casa.

El jurista señaló que con la medida cautelar se le darían efectos restitutorios y no del incidente de suspensión.

Por otra parte, el Juez González García concedió una suspensión definitiva con la que la libertad de Ancira quedará a disposición de su juzgado de amparo.

“Sin que haya lugar a conceder la suspensión en los términos solicitados por la parte quejosa, esto es, que se ordene la prisión preventiva bajo modalidad domiciliaria, ya que de hacerlo, se estarían dando efectos restitutorios, los cuales, en términos del Artículo 77 de la Ley de Amparo, son propios del fondo de la sentencia que se dicte en el juicio de amparo y no del incidente de suspensión”, dictaminó el Juez.

Debido a que uno de los argumentos latentes por parte de la defensa de Alonso Ancira es su salud, el juzgador federal solicitó al director del Reclusorio Norte, donde se encuentra detenido el empresario, que garantice y preste de manera inmediata la la atención médica que necesite el quejoso y le suministren los medicamentos que correspondan para que no corra riesgo de enfermar de la COVID-19.

“Y, dado el contexto de la pandemia derivada del virus COVID-19, de manera inmediata tome todas las prevenciones, acciones y medidas pertinentes para controlar y/o evitar su contagio, por lo cual debe actuar bajo su más estricta responsabilidad e informar las medidas de seguridad implementadas para preservar la salud del justiciable y, en consecuencia, su vida”, precisó.

Finalmente, el Juez se consideró incompetente para seguir tramitando las demandas de Ancira y turnó el caso al Juzgado Octavo de Distrito en Amparo de la capital del país, bajo el argumento de que en dicho órgano hay antecedentes de otros amparos presentados por Ancira contra actos derivados de la causa penal en la que está procesado.

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