En México la reforma laboral es un dialogo político ausente de los elementos económicos fundamentales, que atañen tanto a la comunidad empresarial como a la trabajadora. Las reformas estructurales, entre ellas la laboral, no son una sugerencia, sino una necesidad impuesta por las transformaciones tecnológicas y económicas, que explican el rumbo de la economía mundial y nacional.

Analizar el mercado laboral y su reforma requiere incorporar la perspectiva económica, piso sobre el cual se erigen los derechos y las obligaciones de trabajadores, autoridades y empresarios.

Ganancias, salarios y prestaciones laborales son categorías que trascienden el marco de la legalidad, para encontrar su origen en conceptos como productividad y competitividad.

La productividad, responde, por ejemplo, a la necesidad de incrementar los ingresos de los empresarios como de los trabajadores. En el espectro económico, subyacente al jurídico, se encuentra la respuesta del alcance y las implicaciones de la reforma laboral propuesta en nuestro país.

Más allá de las diversas manifestaciones políticas, sindicales y empresariales en materia de reforma laboral, el nuevo proceso productivo y organizacional que permite el paradigma informático-global de tipo neoliberal, presiona a la liberalización y flexibilización del mercado de trabajo; como condición necesaria en la carrera de la competitividad mundial.

Reformar o no, no es el centro del dilema. Lo que importa son las particularidades que la reforma otorgue a la relación tripartita entre productividad, competitividad y protección al trabajador, o para usar la jerga de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo decente.

La productividad del trabajo se refiere a la relación entre el producto –mercancías y servicios- y el tiempo de trabajo necesario para su producción por parte del trabajador. Una alta productividad del trabajo incrementa el volumen de producción disminuyendo los costos por unidad de producto, y eleva la explotación del trabajador en beneficio de la tasa de rentabilidad. El concepto de competitividad está en estrecha relación con el de productividad.

Un alto nivel de productividad redunda en un nivel de precios bajos con respecto de la competencia; competitividad es, en este sentido, la capacidad de ofrecer el mismo producto que el competidor a un precio inferior, lo cual no sólo eleva la utilidad de la empresa y su posición en el mercado, sino beneficia la distribución del ingreso de los trabajadores-consumidores vía precios. El efecto final en un análisis de costo-beneficio –explotación del trabajo vs distribución del ingreso- dependerá de las características concretas del mercado –monopólicos, oligopólicos o de competencia-  y de la política fiscal y salarial.

El tercer elemento de la relación que anotábamos arriba, es el llamado trabajo decente, en el contexto del proceso económico-productivo, significa contar con oportunidades de un trabajo que sea productivo y que produzca un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad, libertad para que la gente exprese sus opiniones, organización y participación en las decisiones que afectan sus vidas, e igualdad de oportunidad y trato para todas las mujeres y hombres (OIT).

En un escenario ideal, una estrategia de reforma laboral que maximice la relación tripartita mencionada, -productividad-competitividad-trabajo decente-, estará impulsando, el cambio en el mercado de trabajo, que la inserción a la economía global y la evolución de los procesos productivos está demandando.

EL AÑEJO PENDIENTE

La Ley Federal del Trabajo que rige en México está vigente desde 1970. El debate legislativo en materia de reforma laboral cumple ya 20 años. En los últimos doce años y hasta abril de 2011, de acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) se han registrado 332 iniciativas de reforma laboral. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó 97, el Partido Acción Nacional (PAN), 87; el de la Revolución Democrática (PRD) 76 y el Verde Ecologista (PVEM) 32. Diversas organizaciones empresariales, sindicatos y la Unión de Trabajadores presentaron 40.

Ninguna de las anteriores fue aprobada a la fecha. Los trabajos de la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Leobardo Martínez Soto (PRI), aún no presenta un dictamen que incorpore el análisis de las iniciativas más recientes. En el contexto de las coyunturas políticas actuales es posible asegurar que el debate se pospondrá hasta la próxima legislatura.

Las iniciativas más acabadas y susceptibles de ser integradas al dictamen para su discusión, es la del PRI de marzo de 2011, la del PAN de marzo de 2010 y la del PRD de abril de 2010. Los aspectos más sobresalientes de las propuestas, en el contexto de la relación tripartita que hemos planteado al inicio, son: Productividad e incremento del rendimiento por trabajador.

Se ha propuesto: períodos de prueba, capacitación inicial, trabajo de temporada o discontinuo. Se considera el pago por hora. Se impulsa la existencia del trabajador multi-tareas. Salario por productividad de obra en función de criterios de productividad, cantidad y calidad.

La fuerza de trabajo en su noción de factor de producción es inducida, como el resto de los factores a incrementar su movilidad; de ahí las propuestas de diversas modalidades de trabajo que prevén el pago por hora y la jornada discontinua. El primer efecto de la movilidad de los factores de producción es la reducción de los costos. Una jornada de trabajo maleable permite, entre otras cosas, la reducción de “tiempos muertos” y materializa la jornada de trabajo continua. El proceso productivo sin interrupciones puede minimizar a cero la capacidad ociosa, maximizando la productividad en función de la utilización plena de los factores de producción.

Dicha utilización plena dependerá de la “calidad” del factor trabajo, que puede garantizarse a priori, sometiéndolo a prueba y capacitación. Si, incluso, el factor en cuestión puede desempeñar diversas tareas, el beneficio potencial de su utilización se maximiza. El trabajador, como factor, y no como individuo, converge históricamente con las características del resto de los factores, en especial con el tecnológico. En el paradigma económico actual; el factor trabajo trasciende el tiempo –jornada continua-, el espacio, se flexibiliza -discontinuidad- y diversifica sus funciones –capacitación, multi-tareas-.

La ruptura de las rigidices –jornada de trabajo de ocho horas seguidas, especialización de tarea única, altos costos de transacción- expone nuevas rutas de explotación que no sólo garantizan una mayor productividad, sino que se vuelven condición necesaria en las nuevas estrategias de desarrollo que el sistema de economía global demanda.

En los tiempos actuales, la productividad del trabajo está en función del conocimiento y las habilidades del trabajador, la fusión de éstos con la tecnología vigente, y la capacidad de adaptación al cambio constante –movilidad, flexibilidad-. Esta noción, incluida en la iniciativa presentada por el PRI, tiende a ligar las diversas compensaciones del trabajador –salarios y prestaciones- a la demostración de competencias y niveles de productividad, fiscalizadas por el patrón.

El patrón adquiere en este sentido, mayor libertad para disponer del factor trabajo en tiempo y forma, insumo que ha adquirido temporalmente. Así como mayor flexibilidad para prescindir de éste.

¿Por qué es importante la productividad? En palabras simples, la productividad es la base de las ganancias, éstas son la base del crecimiento y el desarrollo, suponiendo un entorno institucional eficiente, en la distribución del ingreso y el ejercicio del gasto. El rendimiento del trabajo es el indicador clave en cualquier sistema económico, del progreso de la humanidad.

La productividad del trabajo en México, en comparación con otros países con los que se encontraba en niveles similares hace un par de décadas, ha decaído dramáticamente. Un nivel bajo de productividad nos habla en principio de tecnología obsoleta, bajas calificaciones del trabajador y procesos organizacionales ineficientes. Este comportamiento es consistente con que México ocupe los últimos lugares en nivel educativo en el grupo de países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de acuerdo al informe PISA.

En materia de innovación, la consultora Aregional dio a conocer el índice de innovación estatal en 2010. En éste se señala que en promedio, los estados de la republica se encuentran rezagados cuatro décadas en relación a los niveles de innovación europeos. Señaló también que en México solo se invierte el 0.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en innovación y desarrollo tecnológico. Mientras que las naciones desarrolladas destinan entre el 3 y 3.5 por ciento en relación al PIB. En el índice global de innovación, México ocupa el lugar 82 detrás de países como Albania (80), Botswana (79) y Panamá (78) (Global Innovation Index, 2011, INSEAD)

Si observamos los niveles de productividad por sectores, es sorprendente, que sea el sector agrícola el más productivo, sobre todo en un país en donde el campo mexicano se ha declarado en crisis, y se ha perdido desde hace más de una década la soberanía alimentaria.

La explicación es la siguiente; el sector agrícola empresarial utiliza tecnología de punta al nivel de países como Israel, Estados Unidos, Holanda, España y otras potencias agribusiness. La tecnología no deviene de procesos endógenos de innovación, sino de requerimientos externos de los grandes compradores que se materializan en importación de tecnología. El resultado es rendimientos de cuatro a uno, comparados con la tecnología de la revolución verde. Además, el sector agrícola cuenta con uno de los mercados de trabajo más liberalizados, poco regulados y corruptos. Factores que contribuyen en la evasión de responsabilidades, que redundan en la reducción del costo en general.

La grafica anterior es una muestra clara de que México no está aprovechando las ventanas de oportunidad que las potencialidades del país y el entorno global le presentan. El sector manufacturero, palanca indiscutible de crecimiento de los países asiáticos, mantiene una productividad estancada. El comercio, en el marco de un mundo interdependiente, y en un país en donde se ha privilegiado el modelo de crecimiento hacia afuera, tiene la productividad más baja respecto del resto de los sectores.

Lo que la lectura sobre la productividad debe arrojar, en el marco de la iniciativa de reforma laboral es lo siguiente: La reforma laboral es una necesidad material del proceso de crecimiento en México. Si la reforma no se acompaña de inversiones eficientes en materia de educación e innovación, sus efectos tenderán a reducir los costos en el corto plazo, pero sólo temporalmente; la pérdida de competitividad –bajos niveles de productividad, altos costos de producción frente a la competencia- presionarán a una nueva baja de los costos salariales, que  podrían agudizar el ciclo de precarización del trabajo. La reducción de los salarios como estrategia competitiva tiene límites y sólo funciona en el corto plazo.

 

COMPETITIVIDAD, REDUCCIÓN DE COSTOS

La iniciativa contempla, la subcontratación. El aviso de rescisión o despido será a través de correo certificado o por medio de la Junta de Conciliación y Arbitraje, o por “cualquier medio que juzgue conveniente”. Pago por hora, con base en el salario mínimo, así como la renuncia voluntaria como término a la relación laboral. Se limita el pago de los salarios caídos a un año. Se plantea que las prestaciones, derechos y obligaciones serán garantizados en proporción al tiempo laborado en estas nuevas formas de contratación. Se añade las faltas del trabajador a los clientes del patrón como causal de rescisión, facilitando los motivos de despido.

Todas las acciones encaminadas a reducir los costos impactan directamente en la competitividad. Si el patrón reduce los trámites para comunicar al trabajador que este ha sido despedido, los costos de transacción se reducen –como en el caso de la reducción de los salarios caídos a un año- y abonan directamente la tasa de beneficio. Uno de los aspectos más sobresalientes en este renglón es el pago por hora. Teniendo como base el salario mínimo, el pago por hora se convierte en el instrumento más eficiente para reducir los costos laborales. Si la productividad se incrementa –adelantos tecnológicos y organizacionales- la reducción del tiempo de trabajo necesario, impactará en la reducción del costo laboral. El salario, las prestaciones y los derechos laborales se vuelven proporcionales, minimizando “las mermas” en función de la productividad del trabajo. Si la tarea/jornada se reduce, gracias al incremento de la productividad, el salario lo hace de igual manera al eliminar el pago absoluto del salario mínimo. Si la productividad se mantiene sin cambios, la reducción en materia de costos, podría ser limitada. Todas las acciones que simplifiquen los instrumentos de contratación y despido reducirán los costos administrativos.

La subcontratación, en este sentido, muestra la evolución del mercado laboral y la tendencia del factor trabajo a la movilidad como lo explicamos arriba. Con la subcontratación, la flexibilización se abarata y se externalizan costos asociados a la seguridad social y demás obligaciones del patrón. Se supera uno de los obstáculos más rígidos en el proceso de acumulación y se rompe con la relación patrón-empleador gracias a la aparición del intermediario. Los agentes económicos que coexisten en este proceso –empleador, intermediario y trabajador- buscarán maximizar sus beneficios –reducción de costo laboral, rentabilidad en la prestación del servicio y el salario, respectivamente-.

¿Por qué es más barato subcontratar, si la presencia de intermediarios incrementa los costos de transacción? En este caso, la reducción de costos añadidos como reclutamiento, recursos humanos, administrativos, capacitación, etc.,  que permiten reducir las funciones de la empresa y maximizar la especialización de ésta, abonando al incremento de la productividad, es un elemento esencial. La reducción de estos trámites evita externalidades que podrían llevar a elevar costos considerados o no en la relación empleador-empleado (prestaciones, indemnizaciones, costos legales, jubilaciones, vacaciones, etc.)

En un entorno de niveles de poder adquisitivo y productividad altos, así como contextos institucionales eficientes en la protección de derechos laborales y humanos, la subcontratación permite al trabajador elegir su jornada de trabajo y su tiempo de descanso en función de sus necesidades. Esto es una realidad para las clases profesionales especializadas, directamente beneficiarias de la globalización. Esta clase de trabajadores, expresa las necesidades y los beneficios de la flexibilización y desregulación del mercado de trabajo, en detrimento de las clases no especializadas y obsoletas en relación a la evolución del sistema económico.

La iniciativa de reforma laboral que aquí analizamos, considera un contexto que supone un terreno de juego nivelado para todas las clases de trabajadores; lo cual, de no cumplirse, deriva en competencias asimétricas, que en ausencia de educación e innovación, abre la puerta para violaciones a los derechos del trabajador en un marco de incertidumbre laboral y bajos salarios. Lo deseable es proporcionar el libre acceso a la capacitación y procesos de innovación que permitan el escalonamiento real por capacidades, de otra forma, la simulación será un costo añadido que las empresas seguirán asumiendo, y los trabajadores padeciendo. Tal y como lo reconoció  el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) hace unos días, las empresas destinan el 10 por ciento de sus ingresos en corrupción, en un entorno en el que el índice de impunidad alcanzó el 98 por ciento. (El Economista, 16/06/12)

“Ocupamos el lugar 134 de 142 países en costos derivados del crimen y el 133 en fiabilidad de los servicios policiacos. La valoración es reprobatoria en derechos de propiedad, protección de patentes, desvío de fondos públicos, favoritismo de autoridades, pagos irregulares y sobornos o en independencia judicial”, afirmo Gerardo Gutiérrez, líder empresarial del CCE, refiriéndose a los resultados del índice de competitividad del Foro Económico Mundial (FME). (El Economista, 16/06/12)

Las ventajas más sobresalientes en materia de competitividad son la estabilidad macroeconómica, lugar 28, y el tamaño de mercado, lugar 12, lo que mantiene vigente una importante ventana de oportunidad para detonar trayectorias de crecimiento. No obstante, en el renglón laboral, dicha ventana se pretende aprovechar sólo en políticas de bajos costos laborales, con grandes dificultades para desplazar a países como China e India en la competencia mundial.

Trabajo decente, condiciones de trabajo y vida digna

Se prevé que:

-En las nuevas modalidades de trabajo las prestaciones, derechos y obligaciones serán garantizados en proporción al tiempo laborado

-Permanecen intactos los derechos colectivos. Establece no intervención por parte de las autoridades públicas

-La empresa que recurra a la subcontratación se asegurará de que la empresa que presta el servicio sea una persona física o moral legalmente constituida y en cumplimiento de sus obligaciones fiscales; y todo trabajo en régimen de subcontratación deberá formalizarse por escrito.

-La modificación de la jornada de trabajo no excederá los máximos legales

-Los trabajadores no serán rechazados por motivos de discriminación

-Las licencias de lactancia serán flexibles (se podrán transferir hasta cuatro de las seis semanas posteriores al parto, o bien reducir la jornada de trabajo los primeros seis meses)

-Se propone eliminar la tabla de enfermedades y valoración de incapacidades de la Ley Federal del Trabajo, otorgando facultades a la Secretaría del Trabajo  para elaborarla.

 

Es necesario aclarar que los criterios de productividad y competitividad consideran al trabajador o la fuerza de trabajo, como factor de producción y costo respectivamente. Dicha consideración nos lleva a un análisis material y pecuniario que en principio se abstrae de las condiciones de justicia y dignidad que establecen a la fuerza de trabajo como una mercancía con características únicas y sujetas de derechos humanos. En este sentido, el tercer elemento, trabajo decente o digno, pretende el equilibrio entre las necesidades materiales de producción y acumulación, y las necesidades de reproducción del trabajador en un contexto de “mejores perspectivas de desarrollo personal”.

Las consideraciones de la iniciativa, contempla en lo general las disposiciones de la OIT en relación al trabajo decente. Se establecen los derechos del trabajador de manera declarativa sin definir los mecanismos de vigilancia y regulación. Los qué son satisfactorios, los cómo quedan pendientes. La ambigüedad en los mecanismos de vigilancia, en un marco institucional como el que se ha señalado por el CCE y el FEM propician un margen de violación a los derechos del trabajador, no sólo respecto de la Ley Federal del Trabajo, sino en el marco de las nuevas reformas de derechos humanos.

Las contradicciones históricas en la relación capital-trabajo requieren de la intermediación eficiente del Estado, como el agente institucional que equilibre la relación tripartita entre productividad-competitividad-trabajo decente; con el objetivo de lograr crecimiento elevando la calidad de vida y oportunidades de los trabajadores. En este momento, de acuerdo al análisis del Foro Económico Mundial, México no cuenta con estas características en sus instituciones. La reforma laboral, en este contexto podría, abatir costos sin impulsar la productividad y el empleo.

Los ganadores de lo anterior serán, en el corto plazo, las empresas en materia de reducción de costos, las clases profesionales integradas a los sectores económicos de punta y, parcialmente, la iniciativa otorga incentivos para que las empresas en la informalidad se regularicen; la población ocupada en dicho sector, alcanza casi el 30 por ciento de acuerdo a datos del INEGI (SinEmbargo 20/04/12). Los perdedores son los trabajadores fijos y/o aquellos carentes de los nuevos conocimientos que el paradigma informático requiere. La sustitución de competencias por antigüedad abre la puerta a la lucha libre por la sobrevivencia del más apto; las conquistas de las clases trabajadoras del siglo pasado son desestimadas por el argumento de la rentabilidad.

 

REFORMA LABORAL, NECESARIA

Es necesario hacer hincapié en la necesidad de la reforma laboral, en un clima empresarial que impulse el incremento de la productividad y el empleo. En México, las condiciones y la ventana de oportunidad siguen a la espera de la voluntad política; el reto del o la próximo (a) presidente (a) de la república, es propiciar, en lo general, un entorno institucional que se libere de la captura de intereses políticos y empresariales específicos, con el objetivo de coadyuvar a un ambiente competitivo e innovador. La reducción de los niveles de corrupción es impostergable, en la medida que su costo es creciente. En materia laboral, la corrupción debe ser combatida en los sindicatos y la impartición de justicia.

Instituciones eficientes no es un imperativo moral de la clase política, es una necesidad material y económica, su ausencia hasta ahora, inhibe el despegue de la economía mexicana.