Una mujer sostiene una cámara y un chaleco de prensa.

“El periodismo libre e independiente se enfrenta al yugo de la violencia institucional y se encuentra bajo sentencia, un sentencia que coarta la libertad, que silencia o que mata”. Foto: Crisanta Espinosa, Cuartoscuro

El día de ayer, la oficina de ARTICLE 19 para México y Centroamérica presentó el informe Bajo Sentencia: la censura en Cuba, Guatemala y Honduras. Cuba, Guatemala y Honduras han estado sujetos a una historia de represión derivada de muy diversas causas que difícilmente se pueden comparar. Sin embargo, el efecto para la libertad de expresión del autoritarismo en sus distintas modalidades es fatal. No sólo por las pérdidas humanas que en países como Guatemala y Honduras ocurren cuando se asesina a un periodista o por la autocensura que se provoca tras la detención y vigilancia sistemáticas en Cuba, si no por las afectaciones que genera la falta de información en el ejercicio de derechos. Desafortunadamente en estos países la expansión del silencio provocado por los gobiernos que ejercen diversas maneras de presión hacia la prensa, tiene un costo muy alto que la ciudadanía termina pagando a través de la desinformación.

Y es que allí ser periodista libre, crítica y alejada del poder implica enfrentarte a los poderosos y someterse a la guerra que ellos mismos han declarado en contra de cualquiera que atente contra la narrativa oficial, el pacto de impunidad o la corrupción. Así, el periodismo libre e independiente se enfrenta al yugo de la violencia institucional y se encuentra bajo sentencia, un sentencia que coarta la libertad, que silencia o que mata.

En Cuba, el reconocimiento constitucional de la democracia significa poco cuando las libertades están sujetas a la obediencia y acatamiento de las directrices formales e informales del Estado socialista y sus representantes. En ese caso, el estado de la libertad de expresión en Cuba es particularmente grave, ya que si bien en este país no se registran asesinatos o desapariciones a periodistas como sí sucede en los otros dos países, el terreno en el que se ejerce el periodismo hace casi imposible su desarrollo. Cualquier periodista que no se adapte a las reglas oficiales y no pertenezca al gremio en una forma reconocida por el Estado es sujeto de encarcelamiento, intimidación, amenazas, vigilancia sistemática que muchas veces derivan en una muerte social. La captura de los medios a través de un monopolio estatal, la colegiación obligatoria y la falta de reconocimiento del periodismo independiente son elementos que sin duda truncan cualquier posibilidad de acceso a información diversa y plural en el país y por lo tanto al desarrollo democrático. No obstante, el potencial de Internet ha logrado conectar a los cubanos entre ellos mismos y con otras realidades.

Guatemala, por su parte, ha presentado un largo proceso de debilitamiento institucional y marginación, generando altos grados de inseguridad y violencia. Los intentos de reconstrucción institucional de la CICIG no lograron el alcance deseado en la lucha contra la impunidad. Las campañas de desprestigio y el uso de tecnologías de vigilancia para atacar periodistas es una forma común de provocar el silencio, principalmente cuando se ataca a las mujeres periodistas. Además, los proyectos de comunicación comunitaria enfrentan retos particularmente graves derivados de la falta de reconocimiento del Estado sobre su necesidad e importancia en la difusión de información de interés público dentro de las comunidades más alejadas y vulnerables. La llegada de Alejandro Giammatei al poder en este 2020 parece representar la continuidad de la represión que se ha vivido en los últimos años en contra de la prensa y defensores de derechos humanos.

En Honduras los problemas a los que se enfrenta la prensa son la proyección de décadas de luchas de la sociedad hondureña y las respuestas fallidas del Estado para abordar el problema. Bajo distintos niveles de riesgo y tipos de agresores, los periodistas se enfrentan a la violencia de las fuerzas de seguridad civiles y castrenses en sus coberturas de protestas, a las amenazas de funcionarios y crimen organizado cuando evidencian corrupción o negligencia en el ejercicio público, a la amenaza constante de cierre de sus radios comunitarias y al sabotaje de las mismas además de tener que lidiar con la violencia diferenciada a la que las mujeres periodistas se enfrentan en el día a día, donde no sólo son víctimas de condiciones adversas para realizar su trabajo, sino que los espacios laborales fungen como espacios de supresión de sus derechos.

El miedo al encarcelamiento, a la desaparición y a la muerte, son elementos suficientes para el acallamiento más aún cuando se efectúan en total impunidad. Las agresiones contra la prensa en estos tres países garantizan el ocultamiento del mensaje y el silencio del mensajero, limitando así la posibilidad de la sociedad de participar en el espacio cívico y ejercer sus derechos. Es entonces que podemos decir que sin una prensa que pueda trabajar de manera libre solamente asistimos a una simulación de la democracia. Bajo sentencia, la censura está garantizada.