Ayer, la PGR y un vocero del Grupo Colegiado de Expertos en Materia de Fuego dijeron que sí hubo fuego en el basurero de Cocula y que “al menos 17 adultos fueron quemados en el lugar”. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dijo básicamente que hicieron trampa. Los padres señalaron que se violó el acuerdo con el Presidente Enrique Peña Nieto de informarlos a ellos primero.
Sin embargo, la evidencia usada para este tercer peritaje podría ser la misma que rechazó el Equipo Argentino de Antropología Forense. Claramente, en su informe de este año, los expertos dijeron que los restos humanos hallados allí eran de otros eventos.
Ciudad de México, 2 de abril (SinEmbargo).– El tercer peritaje de fuego presentado ayer por la Procuraduría General de la República (PGR) y por un vocero del Grupo Colegiado de Expertos en Materia de Fuego (Ricardo Torres), el cual indica que sí hubo un evento de fuego controlado en el basurero de Cocula, podría haber utilizado, para llegar a esa conclusión, los restos óseos humanos de otros eventos y no de los 43 normalistas, de acuerdo con fuentes cercanas consultadas por SinEmbargo.
La declaración del Grupo Colegiado indicó ayer que “la recolección de restos óseos dice que al menos 17 adultos fueron quemados en el lugar”.
Pero el informe del equipo argentino de antropología forense, del pasado 8 de febrero, claramente rechazó que esos restos óseos fueran de los normalistas.
El subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR aceptó ayer que el informe del Grupo Colegiado usó la investigación de la Procuraduría y “el informe del Equipo Argentino de Antropología Forense”.
“[En este nuevo peritaje] los expertos de fuego conocieron los elementos de la investigación que realizó la PGR en el evento de fuego, así como del informe del Equipo Argentino de Antropología Forense que se dio a conocer y a partir de esa evidencia, que está contenida en el expediente, llegaron al informe que ha leído Ricardo Torres”, dijo en una entrevista radiofónica.
Pero el equipo argentino rechazó que esos restos fueran de los normalistas.
EL INFORME DEL EQUIPO ARGENTINO
En el Informe de los resultados alcanzados sobre el peritaje del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), hecho público el 8 de febrero de este año, sugiere que los restos óseos recogidos en el basurero de Cocula pertenecen a “múltiples eventos de fuego ocurridos a lo largo de los últimos años, sin que se pueda en la actualidad otorgar a cada uno de ellos una datación específica”.
En ese documento se recuerda que entre los días 27 de octubre y 6 de noviembre de 2014, peritos del EAAF y de la Coordinación General de Servicios Periciales de la PGR llevaron adelante las tareas de levantamiento de restos óseos quemados y diversos elementos asociados en el Basurero Municipal de la localidad de Cocula, Guerrero.
“Esta diligencia se realizó en el marco de la búsqueda de los estudiantes de la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’, de Ayotzinapa. En este sitio se alegaba que los 43 estudiantes habían sido ejecutados e incinerados la noche del 26 al 27 de septiembre del 2014”, agrega.
La evidencia física recogida en el Basurero de Cocula, detalla el Equipo de Peritos Argentinos en su informe, es de tipo biológico (consistente en restos óseos animales y restos óseo humanos, plantas e insectos, entre otros) y no biológicos (tales como alambres, clavos, vidrios, neumáticos, proyectiles y casquillos de arma de fuego, entre otros). Estas evidencias fueron analizadas por el equipo de especialistas desde noviembre de 2014 y hasta septiembre de 2015.
La evidencia física se recolectó en la zona alta de acceso al basurero que se denominó “Zona A” y de la zona baja, que se denominó “Zona B”.
El informe detalla: “En esta última [la Zona B] se distinguieron tres zonas de particular interés: 1.- la zona de quema mayor, con amplia depositación de superficie de restos óseos, residuos carbonizados de neumáticos, basura de distinto tipo, sobre la que se estableció la retícula principal de análisis por parte del EAAF y de PGR; 2.- una trinchera realizada en una zona de alta densidad de restos óseos dentro la retícula principal para observar la estratigrafía del subsuelo del lugar. 3.- Las concentraciones, consistentes en pequeñas áreas de focos de quema, consistentes en tierra quemada, rodeada de pequeñas rocas al estilo de fogón, conteniendo en varios de ellas restos óseos, neumáticos quemados, entre otros elementos”.
De acuerdo con el documento exhibido en la página del EAAF, del análisis completo del sitio Basurero de Cocula y la evidencia física recuperada, el equipo concluye:
“El accidente geográfico utilizado como depósito de residuos, denominado Basurero de Cocula, ha estado en actividad al menos en los últimos 10 años”.
Y agrega: “en la denominada Zona B del sitio (parte inferior del basurero) se hallaron evidencias físicas y analizaron suficientes imágenes satelitales para concluir que allí tuvieron lugar múltiples eventos de quema a lo largo de los últimos años”.
Lo anterior fue concluido, detalló el EAAF, a través de diversas líneas de evidencia como fotografías satelitales, consistencia en coma de quema a lo largo de los años, una alteración térmica mixta -carbonización y calcinación- de restos óseos y dientes, entre otras.
Con ello, incluso detalla el dictamen: “La coexistencia y mezcla dentro de las mismas cuadrículas de restos óseos y dientes tanto carbonizados como calcinados sugiere multiplicidad de eventos de fuego o incineración y/o alteración o manipulación de dichos restos dentro del sitio”.
“Por lo tanto, la evidencia física que recogieron peritos de la PGR y del EAAF en la zona inferior del basurero puede pertenecer a múltiples eventos de fuego ocurridos a lo largo de los últimos años, sin que se pueda en la actualidad otorgar a cada uno de ellos una datación específica”, indica.
MESES DE CONFRONTACIÓN
18 de noviembre de 2014
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) surge de un acuerdo formalizado entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los representantes de las víctimas de Ayotzinapa y el Estado mexicano. Su objetivo era proporcionar asistencia técnica para la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos, además de tomar las investigaciones y acciones necesarias para sancionar a quienes resultaran responsables por la tragedia de Iguala.
6 de septiembre de 2015
Tras seis meses de trabajo, un informe del GIEI desploma la versión oficial, “la verdad histórica”, según la cual los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula. “No existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis generada con base en testimonios, de que 43 cuerpos fueron cremados en el basurero municipal de Cocula”, por lo que se debe continuar la búsqueda de los estudiantes, afirma.
Los expertos del GIEI también se quejan que con el mecanismo implementado por el Gobierno mexicano no se les garantizó una forma adecuada de obtener información. Específicamente, en el punto de interrogar a los militares que estuvieron destacados en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014.
6 de septiembre de 2015
Tras revelarse el informe que cuestiona la versión oficial, el Gobierno de México anunció la realización de un nuevo peritaje para determinar qué ocurrió con las víctimas. La Procuradora General de la República, Arely Gómez González, informó que se pediría extender el plazo del mandato del grupo de expertos que elaboró el “Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa”.
12 de septiembre de 2015
La comandancia de la IX Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con sede en Acapulco, Guerrero, consideró que la solicitud de los expertos de la CIDH para interrogar a soldados por el caso de los 43 normalistas carece de “sustento legal”.
“La decisión mexicana de no permitir las entrevistas en los términos del GIEI obedeció a que se trasgrede el orden jurídico mexicano; se excede el mandato otorgado; y principalmente se violan los principios del debido proceso y por ende los derechos fundamentales de los militares, colocándolos en la incertidumbre y vulnerabilidad jurídica”, planteó
En la carta, la Sedena argumenta que una aprobación del Gobierno federal a la solicitud del GIEI “supondría una violación a la Ley”.
6 de octubre de 2015
El General Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, dijo que los militares del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, Guerrero, no tienen por qué declarar sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida hace un año porque, indicó, no hay un señalamiento claro que los involucre en los hechos de la noche del 26 de septiembre de 2014.
“Yo he estado en la posición de que no tienen por qué declarar los soldados. Primero porque no hay un señalamiento claro de algún involucramiento. Nosotros solamente respondemos a las autoridades ministeriales mexicanas. El convenio que hace el Gobierno de la República con la Comisión Interamericana [de Derechos Humanos] en ningún momento dice que pueden interrogar. No es posible, las leyes no lo permiten. No me queda claro ni puedo permitir que interroguen a mis soldados que no cometieron hasta ahorita ningún delito, ¿qué quieren saber?, ¿qué sabían los soldados?, está todo declarado. Yo no puedo permitir que a los soldados los traten como criminales”, dijo Cienfuegos Zepeda en una entrevista con Joaquín López-Dóriga en Televisa.
6 de noviembre de 2015
El GIEI inicia su segunda etapa de trabajo en México e insiste en conferencia de prensa en la necesidad de que los militares del 27 batallón, ubicado en Iguala, sean entrevistados como parte fundamental en la indagatoria de los hechos que derivaron en la desaparición de 43 normalistas.
21 de febrero de 2016
El GIEI denuncia dificultades y obstáculos para realizar su trabajo. Los expertos acusaron que al interior de la PGR se sigue fragmentando el caso y se pone en riesgo la investigación. Además de las entrevistas a los integrantes del 27 Batallón de Infantería, los militares deben entregar fotografías, reportes y videos que recabaron del ataque a los jóvenes, y declaraciones de policías estatales y autoridades de Guerrero.
También pidieron investigar quién ha filtrado presuntas declaraciones de inculpados a medios de comunicación nacionales y con qué fin, y señalar el basurero de Cocula como escenario del crimen.
Sobre el término del mandato del grupo, Carlos Beristain dijo: ‘‘Nuestro mandato puede terminar, pero las medidas cautelares que dieron origen a la creación de esta instancia continúan vigentes. Otros pueden seguir con el esfuerzo de alcanzar el pleno esclarecimiento, la verdad y la justicia’’.
15 de marzo de 2016
El presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, José Antonio Ortega, presentó ante la Procuraduría General de la República una denuncia penal por fraude contra el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, por un monto de un millón 250 mil dólares, relacionados con el presupuesto otorgado al GIEI, por parte del Gobierno federal.
30 de marzo de 2016
El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, descartó una nueva prórroga para el trabajo de investigación que realiza el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre la desaparición de los 43 normalistas, como han demandado los padres de las víctimas, por lo que deberá retirarse en abril del país.
“Quedó muy claro en el segundo acuerdo, no dijeron seis meses, sino cuatro meses más, pero en acuerdo con los papás se logró que se alargaran seis meses más”, dijo.
EL TERCER PERITAJE
La tarde de ayer viernes, Ricardo Damián Torres, quien fue presentado por la PGR como el representante del Grupo de Expertos del Grupo de Expertos en Materia de Fuego, dijo que “hay evidencias para afirmar que sí existió un evento de fuego controlado de grandes dimensiones en Cocula”, al presentar los resultados preliminares del tercer peritaje en el tiradero.
A. Dijo que la recolección de restos óseos “permite determinar que al menos 17 seres humanos adultos fueron quemados en el lugar”.
“Podemos establecer la hipótesis sobre las condiciones, la cantidad de combustibles, tiempo y circunstancias necesarias para una quema masiva de 43 cuerpos, tal y como se indicó en las declaraciones de los detenidos por estos hechos, sin embargo solamente con una prueba a gran escala podrá confirmarse esta posibilidad”, precisó Torres, quien forma parte del grupo de seis expertos en fuego de diferentes países que trabajó en la zona durante seis semanas.
Por su parte, el Subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, dijo en la conferencia de prensa realizada ayer, que la noche del jueves recibieron del grupo de expertos en fuego un sobre con los resultados preliminares del peritaje en el basurero de Cocula. El contenido del mismo fue el mensaje que leyó ante los medios Ricardo Torres.
Dicho sobre fue abierto previo al mensaje a la prensa, ayer mismo en una reunión a la que asistió el GIEI.
“La PGR cede la palabra al Doctor Ricardo Damián Torres, quien por consenso de los integrantes del panel de especialistas de Fuego fue designado como su representante”.
Sin embargo, horas después, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), acusó a la PGR de romper el acuerdo de confidencialidad del proceso sobre el nuevo peritaje en el basurero de Cocula, así como los criterios establecidos en las bases del estudio. Los expertos dijeron además que la información difundida públicamente sobre el estudio no les fue explicada previamente ni es el “consenso de los expertos de fuego”.
El GIEI dijo en un comunicado que en febrero pasado el grupo firmó un acuerdo con la Procuraduría en el cual se establecieron las bases para realizar este nuevo estudio, además se estableció que los peritos debían guardar confidencialidad sobre el trabajo realizado y “que todas las fases del estudio se realizarían de consenso”.
“Este día el equipo de expertos en fuego entregó un estudio preliminar de sus conclusiones. Tras la entrega se entró en un proceso de diálogo sobre los pasos a dar. Es importante señalar que el GIEI tenía un acuerdo con la PGR para manejar conjuntamente y por consenso cualquier paso en relación con dicho estudio”, recalcaron los expertos.
Sin embargo, pese a que en la reunión el GIEI enfatizó en que uno de los expertos no podía salir a hablar públicamente en nombre del grupo sin presentar de manera clara a los integrantes y sin explicar por qué había sido elegido, y aunque parecía que se había alcanzado un consenso, “se nos dijo sorpresivamente que la decisión que se había tomado era que el Sr. Torres saliera públicamente”.
“Torres señaló al GIEI que en todo caso su mensaje era para decir que no se había podido determinar si el hecho habría ocurrido o no, y que el equipo necesitaba nuevos estudios y pruebas experimentales para determinarlo. Sin embargo, su mensaje hizo alusión a partes del contenido de un informe provisional que ni siquiera han sido analizadas por el GIEI y, más grave aún, señalando públicamente cosas que no fueron las explicadas al GIEI durante la reunión, ni son de consenso de los expertos de fuego”, recriminó el Grupo.
“El GIEI señala además que esas declaraciones no reflejan el consenso sobre el contenido ni el proceso de trabajo de un informe que es provisional”, enfatizó.
El Grupo de Expertos incluso había propuesto a la PGR, previo al anuncio de los resultados preliminares, que si querían transmitir un mensaje los expertos en fuego deberían escribir su mensaje de consenso y tendría que ser consultado entre todos ellos para asegurar que no había problemas ni confusiones con el contenido; también exhortaron a que dicho mensaje consensuado fuera enviado a la PGR y al GIEI un día después; así como que conjuntamente se decidiera qué respuesta dar a sus peticiones de hacer público el acuerdo o la respuesta en dos o tres días posteriores.
Pero alguien decidió romper el acuerdo y no escuchas estas propuesta, la PGR tomó “una decisión unilateral”, acusó el GIEI.
Por ello, los expertos interdisciplinarios consideraron roto el acuerdo de trabajo del peritaje en el basurero de Cocula, falta de cumplimiento del acuerdo de Washington y de los acuerdos tomados para este caso en el camino, así como una ruptura en los criterios establecidos en las bases del estudio.
Finalmente, el GIEI anunció que “reconsiderará su trabajo en función de estas respuestas y llevará a cabo las acciones que considera necesarias para avanzar en el esclarecimiento del caso”.
A LOS PADRES NO LES AVISARON
Los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa tampoco fueron informados por la PGR del resultado del nuevo peritaje antes de que se diera a conocer públicamente, dijo a la agencia Efe, ayer por la tarde, su abogado Vidulfo Rosales.
Rosales lamentó que la PGR anunciara públicamente el resultado del peritaje, que es de un “gran impacto” para los padres de las víctimas, “vulnerando” el compromiso del Presidente Enrique Peña Nieto de informarles previamente en caso de tener datos sensibles en torno al caso.
“Volvemos al principio, cuando no se estuvieron respetando los acuerdos, no se estuvo respetando el dolor que a las víctimas les genera este tipo de información”, apuntó.
“Nosotros no supimos nada”, insistió el letrado, quien comentó que los familiares se enteraron de que la PGR recibió la noche del jueves un sobre cerrado con el resultado del nuevo peritaje por un comunicado emitido por esa institución.
El abogado dijo que el GIEI va a “estudiar el dictamen” porque hay cosas que “un poco no cuadran con los que ellos tienen”.
“Esa es la información que tenemos del grupo de expertos”, añadió.
