Este año, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) dedicó su informe sobre el estado mundial de la infancia a estudiar la situación de los niños y niñas con discapacidad. Lo dio a conocer el pasado 30 de mayo junto con una variedad de materiales audiovisuales que lo hacen de fácil comprensión desde distintas perspectivas y están disponibles en su página web. El lema que han usado para difundirlo es: “Hay que ver al niño y no la discapacidad”, lo cual apunta a que el principal problema de esta población sigue siendo el estigma, es decir, la discapacidad no como una característica más de la persona, sino como una marca social formada con prejuicios que les quita derechos e impone barreras que limitan su desarrollo.
El mensaje es claro: detrás del bastón, la silla de ruedas, las dificultades para hablar, moverse, relacionarse o comprender cosas complejas hay una persona que tiene capacidades que los definen mejor que su discapacidad. Sin embargo, como esto no es claro para muchos, sigue habiendo una preocupante disparidad entre las oportunidades que tiene un niño con discapacidad y las que tienen otros. Se ilustra el informe con historias de vida a las que Unicef ha identificado con el juego de palabras en inglés “this ability” en vez de “disability”.
Unicef señala que el otro problema que afecta de manera general a los niños con discapacidades es que siguen siendo invisibles para muchos Estados porque aún no están en los conteos de población o en las estadísticas de cobertura en salud, educación, vivienda o servicios urbanos, por ejemplo. Los datos estadísticos sobre población con discapacidad en general, pero en particular sobre los niños, siguen siendo de baja calidad; no siempre se mide lo mismo ni de la misma forma.
El informe reconoce que el tema es complejo y anota que ha habido avances en el desarrollo de herramientas de medición y análisis, como la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, conocida como CIF y creada por la Organización Mundial de la Salud. Para la incorporación del tema en los censos de población, Unicef colabora con el llamado Grupo de Washington, un grupo de expertos que están trabajando para mejorar la metodología que usan los países y tratar de uniformar criterios.
Sin embargo, el organismo advierte que la falta de datos sobre cuántos niños hay, en dónde están, si asisten a la escuela, si reciben servicios básicos de salud, si viven con VIH/sida, si tienen familia, si son migrantes o desplazados de conflictos armados, si viven en pobreza, si padecen hambre, si tienen acceso a servicios de rehabilitación, recreación o deportes, en fin, todos los indicadores que permitan verificar si pueden ejercer los derechos establecidos en la Convención sobre los Derechos de la Infancia y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, no debe ser pretexto para que los gobierno no estén desde ya ejecutando programas públicos con los cuales den la atención que requieren estas poblaciones.
Por ello, Unicef propone un programa de acción para que en todo el mundo, más allá de los diferentes niveles de desarrollo, los gobiernos, o los Estados de manera más amplia, logren “la promesa de la equidad por medio de la inclusión”:
– Ratificar y aplicar en los países las convenciones que protegen los derechos de la infancia. Los tratados citados anteriormente cuentan con más de 150 ratificaciones cada uno, pero sigue en entredicho su verificación en los hechos.
– Luchar contra la discriminación que es “una forma de opresión”, señala el informe. Para ello llama a distintos actores sociales a estar alerta para erradicar este flagelo: “Los organismos internacionales y sus aliados en el gobierno y en la comunidad pueden contribuir a superar los prejuicios dando a los servidores públicos una comprensión más profunda de los derechos, las capacidades y los desafíos de los niños y niñas con discapacidad”. Para ello es fundamental la continuidad en las campañas de información y concientización.
– Eliminar los obstáculos a la inclusión. El informe subraya el papel de los gobiernos en acabar con todas las formas de explotación, violencia y abuso, pero advierte: “No es apropiado crear sistemas separados para niños y niñas con discapacidad, ya que la meta debe ser establecer mecanismos de protección incluyentes de alta calidad que sean accesibles y estén adaptados a todos los niños y niñas.”
– Poner fin a la institucionalización. Esto se refiere a la urgente necesidad de acabar con sistemas de segregación como psiquiátricos o centros de internamiento y en su lugar fortalecer las formas de rehabilitación con base en la comunidad.
– Apoyar a las familias. “Las políticas sociales deben tener en cuenta los costos monetarios y de tiempo relacionados con la discapacidad. Estos costos se pueden compensar con préstamos sociales, subsidios para transporte o fondos para recibir asistencia personal o atención alternativa”, sugiere el estudio.
– Avanzar más allá de las normas mínimas. No está siendo suficiente para superar condiciones de atraso. “Los niños y los jóvenes con discapacidad son las fuentes más autorizadas de información sobre lo que ellos mismos necesitan y para saber si sus necesidades están siendo satisfechas.”
– Coordinar los servicios para apoyar al niño. “Un programa coordinado de intervención temprana en los sectores de salud, educación y bienestar ayudaría a promover la detección temprana y la gestión de las discapacidades”. Se ha demostrado, apunta el informe, que este tipo de intervención permite obtener mayores avances en la capacidad funcional y al eliminar los obstáculos al comienzo de la vida se amplían las posibilidades de desarrollo.
– Incorporar a niños y niñas a la toma de decisiones. “El derecho a ser escuchado tiene que aplicarse a todos”.
– Promesa mundial, puesta a prueba local. “La evidencia final de todos los esfuerzos mundiales y nacionales se llevará a cabo en el ámbito local, donde se demostrará si todos los niños y niñas con discapacidad disfrutan de sus derechos, a la par que otros niños, incluso en los entornos más remotos y desfavorecidos”.
Un plan de acción válido para cualquier país y que debiera ser retomado por el gobierno federal, pero sobre todo por cada uno de los gobiernos estatales y municipales para empezar a convertir en letra viva las convenciones ratificadas por México y traducirlas en cambios verdaderos.
