Una de las obras de infraestructura más importantes del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el Tren Maya, arrancó. Aunque de un bando hay aplausos y en el otro protestas, las licitaciones y el dinero ya empezaron a correr, incluso desde antes de que fuera aprobado en la consulta popular.

Ciudad de México, 3 de junio (SinEmbargo).- El Tren Maya, proyecto de la Secretaría de Turismo y uno de los más importantes de todo el plan de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, echó a andar 40 mil 505 millones 421 mil 410 pesos en contratos, el 29 por ciento del presupuesto que se tiene contemplado para la obra.

De acuerdo con la información del portal Compranet, del 1 de noviembre de 2019 a 30 de abril de 2020, el Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur) celebró ya 17 contratos y tiene uno en trámite.

A diferencia de otros sectores, para el Tren Maya no se ha contemplado únicamente la vía restringida para asignar los contratos, ya que hasta el momento hay igual número de licitaciones públicas, adjudicaciones directas e invitación a cuando menos tres o cuatro personas.

El pasado lunes 1 de junio, el Presidente López Obrador dio por terminado su resguardo voluntario y viajó al sureste para dar el banderazo de la construcción del Tren Maya. Dijo ese día que la obra le cambiará la cara a la región, ya que permitirá que convivan dos vías de comunicación, la férrea y la carretera, “como sucede en muchos países desarrollados del mundo, en China, España, Francia”.

De acuerdo con una evaluación de ONU-Habitat, programa de la Organización de las Naciones Unidas para los asentamientos humanos, el Tren Maya generará casi un millón de nuevos empleos y sacará de la pobreza a más de un millón de personas en el sureste de México.

“ONU-Habitat ha generado una base de datos con un total de 30 indicadores para 268 municipios de los estado de Campeche, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, lo que permite conocer la situación previa a la construcción del tren y calcular su impacto en los años siguientes”, destaca la ONU en dicho documento.

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El Presidente Andrés Manuel López Obrador en uno de los tramos de Palenque, Chiapas, considerados para construir el Tren Maya. Foto: Cuartoscuro.

“La infraestructura y el desarrollo de proyectos de esta naturaleza son un gran detonador de crecimiento económico y eso va a ser muy positivo para la zona y le va a permitir a la península y a la región del sureste realmente detonar sus crecimientos económicos”, dijo en el evento.

Ese mismo día en su conferencia matutina anunció que se trata de cuatro tramos los que se van iniciar: de Palenque a Escárcega, de Escárcega a Campeche, de Campeche a Mérida y de Mérida a Cancún, es decir, alrededor de mil kilómetros de vías férreas.

El Gobierno federal prevé que este año se autoricen contratos por 90 mil millones de pesos, convirtiéndose en la inversión pública federal “más importante que se haya visto en muchos años en el sureste”.

 Agregó que los dos tramos últimos los va a construir el Ejército apenas termine el Aeropuerto Felipe Ángeles, que se prevé quede inaugurado el 21 de marzo del 2022.

“De modo que vamos a inaugurar en el 23 ya el tren en los cinco tramos Palenque, Campeche, Yucatán, Cancún, Tulum; y en el 24 los dos tramos de Tulum-Carrillo Puerto-Escárcega los que va a terminar el Ejército, ese es el plan general. Ya se está preparando la licitación, decía, para el tramo de Cancún a Tulum y esto va a ayudar mucho porque van a significar empleos para esta región del país”, añadió.

Esa es una parte de la historia. La otra está en los habitantes de esos estados que se oponen a la obra por los daños ambientales que ocasionará.

La comunidad de Xpujil, Campeche, obtuvo una suspensión contra un tramo de la obra y mayas alistan más recursos jurídicos por la violación a estándares internacionales sobre su derecho a la consulta indígena, por su alto impacto ambiental en una zona rica en diversidad biológica y cultural, y ahora por el riesgo a los trabajadores y comunidades debido a la pandemia.

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Imagen de la ruta que recorrerá el Tren Maya. Foto: Fonatur, Tren Maya.

La Red de Litigio Estratégico en favor de Comunidades Indígenas y Campesinas de la Península de Yucatán, no descarta que surjan nuevas solicitudes de amparo, pero no hay suficientes abogados para apoyar a las comunidades campesinas e indígenas.

A esto se sumó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al emitir el 14 de mayo medidas cautelares para pedir “de manera urgente” y debido a la pandemia de COVID-19 la suspensión de las actividades no esenciales relativas al Tren Maya, cuya construcción ya había iniciado ese mes, dato que puede comprobarse con la celebración de contratos.

A pesar de todo eso, Fonatur siguió en lo suyo y no suspendió los trabajos. Con base en el acuerdo publicado el pasado 13 de marzo en el Diario Oficial de la Federación (DOF), Fonatur argumentó que la continuación de la construcción de los primeros tres tramos del Tren Maya (Palenque, Chiapas, a Izamal, Yucatán) pueden considerarse actividad esencial ya que se están realizando reparaciones en esa parte de la línea férrea.

 Otra situación se desarrolló hace unos días, el pasado 31 de marzo, cuando la Asamblea itinerante Maya, compuesta por hombres y mujeres mayas de diferentes comunidades de la Península de Yucatán, enviaron una misiva al Presidente López Obrador en la que denuncian que sus derechos colectivos indígenas “son ignorados y pisoteados con impunidad presidencial y sin recato”, en todo el territorio nacional.

“Y usted, Sr López, viene a cortar el listón inaugural de otro ejemplo atroz”, sentenció la asamblea.

 LOS CONTRATOS

Son 18 los contratos que ya están públicos en Compranet para tareas como supervisión de trabajos, rehabilitación y acondicionamiento de la zona, análisis de la región, estudios integrales y anteproyectos arquitectónicos.

Para el 16 de diciembre, fecha en que se realizó la consulta para decidir el futuro de la obra, ya se habían licitado seis contratos por un total de 15 millones 496 mil 452 pesos. El más costoso, por 9 millones 317 mil 081 pesos, fue para un “Estudio integral de seguridad para el Tren Maya”. Se trató de una Licitación Pública que ganó KA de México S.A. de C.V.

La consulta no cumplió con “los estándares internacionales” en la materia, de acuerdo con la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH). También indicó que la información que el Gobierno proporcionó acerca del proyecto en la convocatoria, el protocolo y la información presentada “sólo hacían referencia a los posibles beneficios del proyecto y no a los impactos negativos que pudiera ocasionar”.

Para ese entonces ya se había pagado por un anteproyecto arquitectónico para las estaciones, líneas estratégicas para proyectos detonadores en Tabasco, por arrendamiento de camionetas y por un diagnóstico social.

Ya en el año 2020, los contratos son mayores y se ha gastado en 11 contratos, 40 mil 489 millones 924 mil 958 pesos.

El más costoso fue asignado a Operadora Cicsa S.A. de C.V. y a FCC Construcción S.A. para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo, Suministro de materiales y Construcción de plataforma y vía del Tren Maya correspondientes al tramo Escárcega-Cakiní. Tuvo un costo de 15 mil 994 millones 602 mil 016 pesos.

El segundo más costoso es por 10 mil 192 millones 938 mil 694 pesos, asignado en una licitación pública al consorcio conformado por Triada Diseño, Gerencia y Construcción; Egismex S. de R.L. de C.V.; Operación y Conservación de Autopistas Concesionadas S.A. de C.V. y Triada Consultores, S.A. de C.V. para la Supervisión técnica y Verificación de control de calidad de los trabajos de construcción de la plataforma y vía del Tren Maya correspondiente al tramo Palenque-Escárcega.

Además de los contratos en Compranet, para el Tren Maya el Gobierno federal pagó por derecho de vía más de 750 millones de pesos a propietarios de terrenos por los que pasará el proyecto.

Esta obra tendrá un costo total de 139 mil 072.4 millones de pesos y permitirá un retorno de capital de 206.6 mil millones de pesos, con lo que se determinó que el proyecto es “socialmente rentable”. Información de la Secretaría de Hacienda señala el proyecto dejará beneficios económicos por alrededor de 352 millones 600 millones de pesos, debido a aspectos como la productividad, el turismo nacional e internacional, transporte de carga y de pasajeros, y el plan de rescate que se implementará en la zona.