En una reunión en la Segob a inicios de 2016, se planeó enviar a estudiantes infiltrados a El Poder del Consumidor, una de las organizaciones impulsoras del impuesto a bebidas azucaradas y del etiquetado claro. Meses después, su director Alejandro Calvillo recibió SMS del malware Pegasus para ser espiado y, además, inusuales correos de universitarios solicitando hacer su servicio social.

Esta es la primera entrega de una serie sobre el poder de la industria de la chatarra en México: desde su influencia en las políticas de salud hasta los contratos que ha obtenido del Gobierno.

Ciudad de México, 3 de agosto (SinEmbargo).– La industria de la chatarra, actualmente cuestionada por la Secretaría de Salud por agravar la COVID-19, usó la estructura de poder del Gobierno federal de Enrique Peña Nieto para espiar a los activistas que impulsaron el aumento al impuesto a bebidas azucaradas y el etiquetado claro sobre el nivel de azúcar, sodio y grasas de los productos ultraprocesados, medida que entrará en vigor en octubre y podría evitar 1.3 millones de casos de obesidad y ahorrar 1.8 mil millones de dólares en costos de atención médica durante cinco años, estima un reciente estudio del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).

En el 67 por ciento de las casi 50 mil muertes por coronavirus en México la persona contagiada también tenía diabetes, hipertensión, obesidad o alguna enfermedad cardiovascular, comorbilidades relacionadas con una mala alimentación y falta de ejercicio, informó la Secretaría de Salud en una de las conferencias vespertinas donde el vocero de la pandemia Hugo López-Gatell ha cuestionado la corresponsabilidad de la industria chatarra en la lucha contra la pandemia en un país líder en consumo de refrescos.

Señores tomando refresco. Foto: Cuartoscuro.

En julio de 2016, el investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, Simón Barquera, el entonces coordinador de ContraPESO, Luis Encarnación, y el director de El Poder del Consumidor, Alejandro Calvillo, recibieron mensajes de texto a sus celulares para ser espiados con el malware “Pegasus” comercializado por la empresa israelí NSO Group a gobiernos del mundo incluyendo el mexicano, documentó Citizen Lab, de la Universidad de Toronto a petición de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y SocialTIC. R3D dijo que la Fiscalía no les ha notificado algún avance en la investigación.

La entonces Procuraduría General de la República (PGR) notificó al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) la existencia del contrato en 2014 para la adquisición del malware; sin embargo, en febrero del año pasado la Fiscalía informó que existían otros dos contratos celebrados en 2016 y 2017 para actualizar la licencia de uso del sistema.

Calvillo, quien lleva años señalando los daños a la salud generados por la chatarra, recibió el 8 de julio de 2016 un SMS notificándole que el padre de un amigo acababa de fallecer. Adjunto a las palabras, se encontraba un enlace. Dos días después recibió otro; esta vez, el mensaje le alertaba sobre una supuesta aparición suya en la revista Proceso que se estaba viralizando.

“No nos quedaba duda de que un grupo dentro del Gobierno mexicano estaba actuando a favor de las empresas”, evocó el director de El Poder del Consumidor en entrevista para este texto.

Pero desde abril de 2016 el activista ya sabía que podía ser objeto de espionaje por parte del gobierno mexicano y de las grandes corporaciones de alimentos. Además de contar con asesoría de SocialTIC sobre ciberseguridad, le informaron que en una reunión en la Secretaría de Gobernación (Segob), en la que se encontraban funcionarios de otras dependencias y de una agencia de relaciones públicas, se habló de la intención de introducir a la oficina de El Poder del Consumidor a estudiantes del Colegio de México para obtener información interna. Los intentos de los universitarios para infiltrarse se documentaron a través de correos electrónicos enviados a la organización civil. Una de las personas presentes en esa reunión confirmó a SinEmbargo que ocurrió para esos fines.

Un empleado descarga rrefrescos de un tráiler, protegido contra la COVID-19. Foto: Cuartoscuro.

Para el director de El Poder del Consumidor, Alejandro Calvillo, era evidente que en la Segob había funcionarios al servicio de las empresas de bebidas y alimentos, lo cual podría explicar que tiempo después, a inicios de 2019, Roberto Campa Cifrián, quien se había desempeñado como subsecretario de Derechos Humanos en Gobernación, sustituyera a Genaro Borrego Estrada como Director de Asuntos Corporativos de FEMSA, la embotelladora de productos Coca-Cola, “veneno embotellado”, en palabras de López-Gatell. La Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC) rechazó que se pretenda construir un culpable único de la obesidad “con interpretación sesgada”. Borrego ahora es vicepresidente de FunSalud, una fundación relacionada con Nestlé.

“A nosotros nos llegó el pitazo de que querían entrar a nuestras oficinas ofreciendo servicio social. Detrás del espionaje había una liga entre grupos del gobierno de la Segob y la industria”, dijo Calvillo.

Comunicación Corporativa de FEMSA negó a este diario “tajantemente la participación de la empresa en los hechos aludidos.  Cualquier dicho en ese sentido se trataría de una aseveración sin fundamento”.

Mensajes recibidos por activistas impulsores de regular a la industria de la chatarra. Tabla: R3D con información de CitizenLab.

EL INTENTO DE INFILTRACIÓN

Semanas después del pitazo sobre la Segob, el director de Poder del Consumidor Alejandro Calvillo dio una entrevista a un periodista sobre temas relacionados con FEMSA, también conglomerado de tiendas OXXO y Cervecería Cuauhtémoc.

Pero antes de que ese texto saliera a la luz, el periodista recibió una llamada del área de comunicación de FEMSA.

“Querían opinar sobre mis declaraciones acerca del director de FEMSA. Él me comentó que, sorprendido, les preguntó cómo se habían enterado que me entrevistó, le respondieron que yo le había comentado a un conocido de la gente de FEMSA”, dijo Calvillo, quien no comentó con nadie la entrevista otorgada. “Lo único que podía pensar era que mi teléfono estaba intervenido y que esa información llegaba a FEMSA”.

El periodista comentó a este medio que prefiere evitar ser involucrado en este tipo de discusiones, por lo que rechazó dar algún tipo de comentario “ni a favor ni en contra, ni otorgando ni rechazando”.

Para mayo 7, después de la junta en la SEGOB, el Poder del Consumidor comenzó a recibir solicitudes no comunes sobre deseos de hacer servicio social. Un estudiante de El Colegio de México pidió colaborar en la organización y solicitó que se le informara sobre los eventos que realizaría la asociación civil, documentó la organización con un correo electrónico al que SinEmbargo tuvo acceso.

En los diez años de existencia que llevaba la asociación civil El Poder del Consumidor, nunca habían recibido una solicitud de un alumno de esa institución para realizar su servicio social y menos con esa insistencia.

En julio comenzaron los primeros SMS al celular de Alejandro Calvillo. “Alejandro perdóname, pero acaba de fallecer mi padre. Estamos mal. Te envío los datos del velatorio. Espero asistas”, recibió el viernes 8 de julio de 2016 a las 8:30 de la noche acompañado de un link. El lunes 11 de julio casi a las ocho de la mañana recibió otro: “Alejandro, buen día. Te envío esta nota de Proceso, donde hacen mención de tu nombre. Se está viralizando. Mira”, acompañado de otro link.

Una vez se le da clic al link, un programa se instala inadvertidamente en los teléfonos móviles de los objetivos, brindándole acceso a los atacantes a todos los archivos guardados en el dispositivo, así como capacidades para utilizar la cámara, el micrófono, el GPS, entre otros.

Un hombre se sirve un refresco. Foto: Cuartoscuro.

Para julio 12 de 2016, un día después de que el director de Poder del Consumidor recibió el segundo SMS con el malware Pegasus, decidió responder al estudiante del Colmex que aceptaban su solicitud para realizar el servicio social como asistente en la dirección de la organización. Calvillo tenía la intención de entrevistarlo a fondo. Pero, consideró, la propuesta de ser asistente directamente del director intimidó al estudiante y el joven le respondió que ya estaba en otra asociación civil.

Aunque, agregó en el correo electrónico, un amigo de otra universidad estaba interesado en hacer práctica profesional con ellos. El estudiante dirigió dos correos a El Poder del Consumidor, el 13 y 22 de julio de 2016, para manifestar su interés en poder aprender sobre difusión y “cabildeo” de causas sociales.

Cuatro meses después del primer intento de ingresar, el estudiante insistió en un evento en el Senado, donde se proyectó el documental “Dulce Agonía” de El Poder del Consumidor, seguido de un foro sobre el impuesto a las bebidas azucaradas. El estudiante se acercó al activista y le reiteró poder realizar su servicio social en la asociación. El evento, le llamó la atención a Calvillo, no fue anunciado públicamente por lo que no se explicaba la presencia del universitario. Solo se había enviado la invitación a prensa y a senadores.

La vigilancia contra científicos y defensores de derechos humanos “es inaceptable y agravia a toda la sociedad”. Resultaría particularmente “insultante” que las capacidades del Estado sean puestas al servicio de la industria para atacar a aquellos que desde el propio Estado y desde la sociedad civil trabajan en favor de la salud de las y los mexicanos, acusó R3D en su informe “Destapa la vigilancia: promotores del impuesto al refresco, espiados con malware gubernamental” (2016).

Cuatro años después de ese informe, y con una pandemia que tiene a México entre los países con más miles de muertes a nivel mundial, la Secretaría de Salud ha volteado a ver a la industria de la chatarra como una de las corresponsables de las comorbilidades de la COVID-19.