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Carlos A. Pérez Ricart

04/01/2022 - 12:03 am

La Comisión de la Verdad de México

Desde la década de los años setenta se han formado comisiones de la verdad en más de cuarenta países.

Marcha en memoria de los desaparecidos. Foto: Frente Mexicano de Grupos Trabajadores de la Cultura, Grupo Germinal (Fotógrafo). Acervo Cristina Híjar Arte y Movimiento Social, CENidIAP/INBA.

México tiene, a partir de este año que inicia, una Comisión de la Verdad para esclarecer graves violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el periodo conocido como guerra sucia. No es el primer organismo creado para realizar esta tarea; con toda probabilidad tampoco será el último. Sí es, sin embargo —hasta ahora— el más importante que se ha creado para este fin.

El nombre completo es largo: Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990. La creación de la COVeH —usemos esa abreviatura— se formalizó a principios de octubre pasado mediante un decreto presidencial en el que se hizo público su arreglo institucional y se establecieron las bases para la elección de las cinco “personas expertas” que dirigirán los trabajos de esclarecimiento histórico. En el proceso de selección resultamos elegidos la profesora Aleida García, la historiadora Eugenia Allier, los defensores de derechos humanos Abel Barrera y David Fernández, y quien esto escribe. Seremos nosotros cinco los encargados de entregar, el 30 de septiembre de 2024, un informe final que indique nuestros hallazgos.

Durante mi encargo aprovecharé varias de mis columnas en SinEmbargo para difundir y divulgar parte del trabajo, retos y hallazgos de la COVeH. Hoy comenzaré por algo más bien pedagógico: explicar de lo que se trata una Comisión de la Verdad y porqué un capítulo mexicano no sólo es urgente para esclarecer el pasado, sino necesario para explicar el presente.

¿Qué es, pues, una comisión de la verdad? Aunque no hay una definición consensuada, Priscilla Hayner, la autoridad en el tema, nos ofrece algunas claves: 1) Las Comisiones de la Verdad se centran en el pasado; 2) Investigan un patrón de abusos cometidos a lo largo de un periodo, y no sólo en un suceso concreto; 3) Son un organismo que trabaja con tiempo limitado —casi nunca menos de seis meses ni más de tres años; 4) Tienen el aval, la autorización y el poder oficial que les concede el Estado.[1] Esto último es especialmente importante: el carácter oficial de las comisiones de la verdad permite (o debería permitir) acceso a mejores fuentes, presupuesto para operar y cierta seguridad para llevar a cabo investigaciones delicadas.

Hay un quinto punto importante: por lo general —hay algunas excepciones— las comisiones de la verdad no son organismos jurisdiccionales —es decir, no ejercen funciones propias del Poder Judicial o ejercitan facultades que corresponden al ministerio público. Esto no significa que las comisiones de la verdad dejen de intervenir en cuestiones de justicia. Todo lo contrario. Como bien apunta Hayner; a pesar de que tienen capacidad legal más limitada que los órganos antes mencionados, “el hecho de que su mandato más amplio se centre en un patrón de violaciones […] les permite ir mucho más lejos en sus investigaciones y sus conclusiones de lo que en general es posible en cualquier juicio a perpetradores en concreto”.[2] Por lo demás, es común que los resultados de las investigaciones hechas por comisiones de la verdad sean remitidas a fiscales o a tribunales que iniciarán (o no) las acciones legales pertinentes en caso de que existan pruebas.

Desde la década de los años setenta se han formado comisiones de la verdad en más de cuarenta países. En América Latina los experimentos más icónicos se celebraron en Argentina (1983-1984), Uruguay (1985), Chile (1990-1991), El Salvador (1992-1993) y Guatemala (1996-1997). Es extraño —por no decir absolutamente extraordinario— que México fuese, hasta ahora, terra incognita para un ejercicio como este. Es extraño —y terrible a su vez— porque el régimen que gobernó México durante la segunda parte del siglo XX mató, desapareció, torturó y encarceló a participantes de movimientos disidentes (obreros, campesinos, estudiantiles, magisteriales y populares). Se calcula, de forma conservadora, que cerca de 1500 personas en México fueron desaparecidos como consecuencia de la política contrainsurgente.[3] De algunos sabemos sus nombres; de muchos otros no.

¿Cómo explicar, entonces, que no se hubiese creado antes una comisión de la verdad en México? La respuesta es tan sencilla como absurda: con pocas excepciones, durante años se analizó a la guerra sucia mexicana como algo menos que una pariente lejana de las expresiones despóticas en el cono sur. Sin embargo, la creciente evidencia recabada en las dos últimas décadas —aun mermada por el saqueo de archivos— apunta a que el Gobierno de México fue a su vez aprendiz y maestro de las peores prácticas de represión en el subcontinente. Los perpetradores en México no sólo no fueron castigados; en muchos casos fueron premiados y conservan aún hoy posiciones de poder tanto en estructuras militares como civiles. El enorme poder que estos perpetradores aún conservan en varios enclaves del Estado mexicano explica, al menos parcialmente, el fracaso de la FEMOSPP, la Fiscalía Especial que, tras la transición política del 2000, pretendió investigar delitos del pasado.[4]

El largo camino hacia la verdad y la justicia no empieza —y no termina— con la creación de la nueva Comisión de la Verdad.[5] Con todo, la COVeH tiene la obligación de estar a la altura de las luchas que le precedieron: luchas y esfuerzos que, ni aun en los momentos más oscuros del régimen, dejaron de construir el derrotero que hoy retomamos.

Son 33 meses —hasta el 30 de septiembre de 2024— los que tenemos para entregar nuestro informe final. Tenemos, sin embargo, otros mandatos a cubrir en el corto plazo. Uno de ellos es el de generar mecanismos que hagan por fin —y de una vez por todas— accesible para todos los mexicanos la totalidad de los archivos históricos de las instituciones de seguridad del Estado que perpetraron graves violaciones a los derechos humanos. Esto incluye, por supuesto, el de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) —a cuyo fondo, si bien de forma limitada y accidentada, es posible acceder parcialmente en el Archivo General de la Nación— pero también los del Ejército mexicano y del Estado Mayor Presidencial.

Sobre este reto —enorme, gigantesco, pero determinante para nuestro mandato último— tratará mi columna de la siguiente semana.

[1] Priscilla Hayner, Verdades innombrables (Distrito Federal: Fondo de Cultura Económica, 2008), 41.

[2] Hayner, 43.

[3] Camilo Vicente Ovalle, [Tiempo suspendido] Una historia de la desaparición forzada en México, 1940-1980 (Ciudad de México: Bonilla Artigas, 2019), 22.

[4] Sergio Aguayo Quezada y Javier Treviño Rangel, “Fox y el Pasado: la anatomía de una capitulación”, Foro Internacional XLVII, núm. 4 (2007): 31.

[5] Para esta reflexión, véase: Carlos A. Pérez Ricart, “¿Una Comisión para la revisión del pasado? ¿Por qué y para qué?”, Nexos, el 8 de noviembre de 2021, https://seguridad.nexos.com.mx/una-comision-para-la-revision-del-pasado-por-que-y-para-que/.

Carlos A. Pérez Ricart
Carlos A. Pérez Ricart es Profesor Investigador del CIDE. Es uno de los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (COVeH), 1965-1990. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y una licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Entre 2017 y 2020 fue docente e investigador posdoctoral en la Universidad de Oxford, Reino Unido.
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