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Carlos A. Pérez Ricart

20/06/2024 - 12:04 am

Claudia contra las armas (I)

“Hay una enorme brecha entre el impacto de las armas y las acciones que se toman desde los gobiernos de América del Norte”.

La evidencia es contundente: el flujo de armas estadounidenses tiene un impacto directo en la violencia homicida que padece nuestro país. Este impacto es medible y predecible. Veamos.

Según datos del INEGI, en 2022 se registraron 32 mil 223 homicidios en todo el país. Según estas mismas cifras, en el 67% de los casos, la causa de la defunción fue catalogada como “agresión con disparo de arma de fuego”. Esto es, 21 mil 547.

Aquel año, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos del gobierno de Estados Unidos (ATF) estimó que el 65.5% de las armas encontradas en escenas del crimen en México provenían de Estados Unidos. Si extrapolamos ese porcentaje al total de homicidios, obtendremos que, en 2022, unos 14 mil 118 homicidios (el 43.8% del total) habrían sido perpetrados con un arma ilegal proveniente de aquel país.  De ese tamaño es el impacto en homicidios del comercio ilegal de armas.

Esto no tiene por qué ser así. Son homicidios que pueden evitarse y deben reducirse.

Según estimaciones del gobierno de México, en la última década, unas dos millones de armas de fuego habrían sido traficadas de manera ilegal desde Estados Unidos. Algo así como 200 mil armas al año. Esto significa que, en promedio, todos los días son contrabandeadas unas 547 armas por los diferentes pasos fronterizos localizados en los 3 mil 169 kilómetros de frontera que comparten nuestros países. Todos los días.

Frente a esa realidad se hace muy poco. En su reciente libro Exit Wounds: How America’s Guns Fuel Violence across the Border, la investigadora Ieva Jusionyte (University of California Press, 2024) recupera datos sobre los esfuerzos en México y Estados para detener el tráfico transfronterizo de armas. Las cifras son desalentadoras y dan cuenta de la negligencia con la que se trata el tema en uno y otro lado del Río Bravo.

En todo 2019, por poner un ejemplo, la Administración General de Aduanas de México logró confiscar el gran total de 122 armas, un promedio de un arma cada tres días. Esto incluye todas las inspecciones hechas en los cruces de Agua Prieta (Sonora), Juárez (Chihuahua), Colombia (Nuevo León), Mexicali (Baja California), Naco (Sonora), Nogales (Sonora), Nuevo León (Tamaulipas), Ojinaga (Chihuahua), Piedras Negras (Coahuila), Reynosa (Tamaulipas) y Tijuana (Baja California).

Ese mismo año, las autoridades estadounidenses no fueron mucho mejores. Según una solicitud de información hecha por Ieva Jusionyte y referida en su obra, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) logró confiscar 226 armas de fuego entre todos las inspecciones realizadas a lo largo de la frontera.

Sumados los esfuerzos mexicanos y estadounidenses, en 2019 fueron confiscadas en trabajos de inspección aduanal 348 armas, casi una diaria. Esto significa que, grosso modo, una de cada 547 armas es confiscada en su tránsito ilegal de Estados Unidos a México. Una aguja en un pajar.

Esto no puede ser así. El enorme tráfico ilegal de armas y las pocas acciones que se toman para prevenirlo no son normales para dos socios comerciales. Hay una enorme brecha entre el impacto de las armas y las acciones que se toman desde los gobiernos de América del Norte.

La administración de Claudia Sheinbaum puede (y debe) tomar acciones contundentes. Además, tiene un amplio margen de maniobra para obligar al gobierno de Estados Unidos para que asuma su parte de responsabilidad. En mis siguientes columnas esbozaré algunas propuestas que puedan servir a Claudia Sheinbaum a enfrentar el que es —desde mi punto de vista— el reto más grande que tiene en materia de seguridad y uno de los más sobresalientes de la agenda bilateral.

No hacer nada es seguirse acostumbrando a lo peor, aunque para lo peor nunca hay límites.

Carlos A. Pérez Ricart
Carlos A. Pérez Ricart es Profesor Investigador del CIDE. Es uno de los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (COVeH), 1965-1990. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y una licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Entre 2017 y 2020 fue docente e investigador posdoctoral en la Universidad de Oxford, Reino Unido.

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