El tema de las licitaciones para la administración de Enrique Peña Nieto fue una de las que más problemas le causó por las reiteradas sospechas de corrupción en casos como OHL, Grupo Higa, la Casa Blanca, el socavón en el Paso Exprés, la construcción del NAIM y hasta la organización de los eventos presidenciales.

El nuevo gobierno incluyó la transparencia de las licitaciones en la lista de 100 compromisos base, pero en la práctica no se ha cumplido a cabalidad en este primer tramo de su gobierno.

Ciudad de México, 4 de marzo (SinEmbargo).- A una semana de cumplir 100 días en el poder, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha fallado en uno de los compromisos que hizo el pasado 1 de diciembre referente a la transparencia en las licitaciones y compras del gobierno.

El Presidente ha argumentado que las razones por las que no se han hecho convocatorias abiertas van desde circunstancias especiales hasta la prisa por iniciar “la cuarta transformación del país”. Sin embargo, ya varios proyectos que no han gozado de transparencia ni de la supervisión de integrantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como se dijo en un inicio.

Los compromisos relacionados a este tema son el 51 y 52 de su lista de 100, en los que señala que “Las compras del gobierno se harán de manera consolidada; mediante convocatoria y con observación ciudadana y de la oficina de transparencia de la ONU” y que “Los contratos de obra del gobierno se llevarán a cabo con la participación de ciudadanos y de observadores de la ONU”.

En estos tres meses el Gobierno de México compró 571 pipas por 85 millones de dólares sin licitación. Dijo que eso se debió a la urgencia de abasto que generó el combate al robo de combustible. Está también la construcción del Aeropuerto en Santa Lucía, que estará a cargo del Ejército, y el anuncio de que los contratistas del extinto Nuevo Aeropuerto Internacional de México pasarán a ser del actual Aeropuerto.

En entrevista con SinEmbargo, Pablo Montes, Coordinador Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitivida (IMCO), dijo que estos actos, los más sonados como pipas, Banco Azteca o las obras a las Fuerzas Armadas sorprendían por el discurso manejado de que este es un gobierno que busca acabar con la corrupción y que además tiene la bandera de austeridad.

“En cualquier compra pública el objetivo del gobierno es encontrar el mejor producto al mejor precio. El procedimiento de contratación que nos garantiza es la licitación pública porque pones a competir a las empresas y ellos al querer ganar el contrato mejoran sus condiciones. Sorprende entonces porque la licitación brinda la mejor calidad y precio”, comentó.

Y esos procedimientos no solo favorecen a la austeridad, sino también al combate a la corrupción: “la licitación pública da menos riesgo de corrupción, porque es mucho más transparente y con menos discrecionalidad. Nos permite entender por qué se le dio a alguien cierto contrato”, agregó.

Para la investigadora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Sunny Villa, este gobierno ha realizado anuncios “sin tener tanta certeza de cómo se va a operar, promover o financiar las distintas obras”.

“Afortunadamente México tiene una ley de adquisiciones y se tiene que cumplir y en la medida en que esto suceda veremos si las licitaciones avanzan. Si bien hemos visto avances en algunas obras ya prometidas, muchos de estos corresponden a cosas que ya se reían avanzadas en el año anterior. Todavía faltan muchos detalles de cómo será la implementación de estos mecanismos”, consideró.

El tema de las licitaciones arrastra gran importancia al ser uno de los más recurrentes en la administración de Enrique Peña Nieto por los constantes señalamientos de corrupción.

En los 700 mil procedimientos de compras públicas federales realizadas de 2012 a la fecha, en las que se invirtieron 2.3 billones de pesos, se detectaron anomalías, prácticas poco transparentes y falta de competencia, lo que generó graves riesgos de corrupción.

De acuerdo con el estudio “El Sistema Mexicano de Contrataciones Públicas” realizado por el IMCO, 2 mil 512 proveedores, que son el 1.9 por ciento de los 129 mil 411 proveedores registrados, concentraron el 80 por ciento del monto total destinado a compras públicas.

El 71 por ciento de los contratos fueron otorgados por adjudicación directa, cuando la licitación pública es lo que debe ser la regla. La causa: tres años en que la Secretaría de la Función Pública (SFP) no tuvo titular y porque las unidades de vigilancia dejaron de vigilar, resulta más fácil una adjudicación directa que un concurso público y no hay nadie que castigue esa irregularidad.

El 36 por ciento de las empresas en las que se concentró el gasto, han ganado el 50 por ciento de los procedimientos, ganan 2 de cada 3 concursos.

REPETIR LOS ERRORES DE PEÑA NIETO

Para Montes, la posible causa de este comportamiento con las compras es una mala planeación porque los argumentos que se han dado para justificar lo hecho es porque los procesos son tardados y sí, pero justo porque da garantías.

“Se requiere una buena planeación para poder hacerlo de manera efectiva. Si se quiere cumplir con el discurso de austeridad y de minimizar los riesgos de corrupción, se tiene que hacer énfasis en la planeación y en los megaproyectos de infraestructura, lamentablemente no estamos viendo esto. Estamos hablando de un tren, una refinería sin los estudios de factibilidad e impacto ambiental y eso nos lleva a un proyecto mal planeado que resulta más caro y de menor calidad, como fue en la administración pasada en el Tren México-Toluca”, explicó Montes.

Justo el pasado 26 de febrero, el Presidente reiteró que hoy se viven “otros tiempos”.

“Yo les comentaba o antier, de lo del tren de Toluca a la Ciudad de México y les decía yo que nos iba a costar alrededor de 15 mil millones terminarlo. Ayer mismo tuve la reunión sobre el tren, y para terminarlo vamos a necesitar, no 15 mil, 25 mil y si se proyectó en 20, 30 mil millones y va a costar al final 70 mil. ¿Qué sentido tiene una inversión así? Primero, que está sobrestimado el costo, y al final es una obra que está parada, que no sirve, que no tiene ninguna utilidad. Entonces, yo tengo mucha confianza que sin corrupción va a salir el país adelante”, dijo en conferencia.

Para Montes, estos actos podrían tener efectos negativos en los objetivos planteados por el mismo Gobierno, por lo que tendrían que añadir a esos procesos una planeación, no brincarse pasos y eso permitirá tener proyectos de infraestructura de mucho mayor calidad y menos riesgo de corrupción.

“Experiencias ya tuvimos el sexenio pasado, ¿cómo podemos evitar las malas prácticas? Tenemos un catálogo de todo lo que no se debe hacer y el Tren México-Toluca es el mejor ejemplo; la mala planeación llevó a una mala contratación y luego a una mala ejecución, entonces la obra se prolonga, cuesta más y al final, los beneficios que se pudieron haber sacado son más contraproducentes”, sostuvo.

“La nueva administración puede aprender de los errores del pasado y corregir. Lamentablemente no estamos viendo que estos procesos de planeación se estén llevando a cabo de manera correcta”, concluyó el investigador del IMCO.

Sunny Villa, del CIEP, recordó que una de las principales promesas del actual gobierno son las compras consolidadas y en la medida en que se cumpla con ello habrá transparencia en las licitaciones públicas.

“Creo que aquí una herramienta que ha sido muy poderosa es la rendición de cuentas y transparencia, esto de poder publicar las licitaciones, de que cada una de ellas tenga las bases bien definidas es algo que apoya mucho. Y más aún, una de las principales promesas esta nueva administración era la compra consolidada, que tiene que ver con distintas etapas de las licitaciones, y en la medida que esto termine de consolidarse vamos a tener mejores mecanismos de transparencia, siempre y cuando sean públicas”, explicó.