De acuerdo con los reportes judiciales, Anastasio Hernández Rojas, de 42 años de edad, fue golpeado y electrocutado por agentes varias veces mientras estaba tendido y con grilletes en el piso, en el puerto de entrada de San Ysidro, en San Diego. Como consecuencia, tuvo daños cerebrales, cinco costillas rotas y otras lesiones, por lo que murió días después en un hospital.
SAN DIEGO (AP).— La actual dirección de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) tomó parte en un esfuerzo para proteger a agentes por la muerte en 2010 de un hombre que recibió varias descargas eléctricas tras ser detenido después de tratar de cruzar la frontera desde México a California de forma irregular, según un documento de un caso internacional de derechos humanos.
El documento hecho público el jueves se refiere a la muerte de Anastasio Hernández Rojas, de 42 años. Fue golpeado con porras y electrocutado varias veces mientras yacía tendido y con grilletes en el piso en el puerto de entrada de San Ysidro, en San Diego.
Hernández sufrió daños cerebrales, cinco costillas rotas y otras lesiones, según documentos judiciales, y murió días después en un hospital.
Una autopsia concluyó que las descargas, además del esfuerzo físico y el consumo de metanfetamina, contribuyeron a su muerte por un infarto.
This is the first known extrajudicial killing case that will be decided involving U.S. law enforcement. The outcome of this case could set a precedent for other cases against both border authorities and police who have killed with impunity. 2/2
— UC Berkeley Law (@BerkeleyLaw) February 4, 2021
El deceso atrajo un intenso escrutinio en 2012, tras la publicación de un video de un testigo en la televisora PBS que parecía mostrar a Hernández recibiendo una descarga mientras estaba tirado en el piso, rodeado por alrededor de una docena de agentes.
Según documentos judiciales, ocho policías y agentes de la CBP y otras agencias reconocieron haber utilizado la fuerza mientras otros nueve estaban presentes.
“Más que nada, quiero una disculpa por lo que los agentes fronterizos le hicieron a mi esposo”, dijo la viuda de Hernández, María Puga, en un comunicado de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de Berkeley, de la Universidad de California. “Lo trataron como a un animal, no como a un humano, y lo mataron. Destruyeron a mi familia y siguen destruyendo a otras familias. No pararán hasta que se les exijan responsabilidades”.
La CBP no respondió de inmediato a correos electrónicos pidiendo comentarios en jueves en la noche.
A petición de la familia, el caso está siendo revisado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha examinado abusos de derechos humanos, incluyendo masacres y desapariciones, principalmente en Centroamérica y Sudamérica.
Esta es la primera vez que la comisión estudia acusaciones de asesinato extrajudicial que afecta a las fuerzas de seguridad de Estados Unidos.
El fallo de la comisión no tendrá validez legal en el país, pero una decisión negativa podría tener un impacto simbólico e internacional en la reputación de Estados Unidos.
