Ciudad de México, 5 de junio (SinEmbargo).– La madrugada de este viernes, agentes ministeriales del estado de Puebla catearon casas y detuvieron a siete estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) por motín y terrorismo al, supuestamente, haber participado en los ataques con explosivos en las instalaciones de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE). Familiares, amigos y activistas denunciaron que los arrestos se realizaron de forma violenta y sin órdenes de aprehensión y acusaron directamente al Gobernador Rafael Moreno Valle Rosas por represión.

Tras darse a conocer los hechos, la institución de educación se pronunció y exigió que las autoridades realicen las investigaciones en estricto apego a derecho, “salvaguardando en todo momento la integridad física y respeto a los derechos humanos de nuestros estudiantes”.

Personas cercanas a los detenidos ya se encuentran a las afueras de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ). Ahí se detalló que se encuentran retenidos: Juan Carlos Tepde Ixtacua, Axel Jiménez Morillo, Ana Rosa Zilli Colorado, Erick López Cruz, Shariff Guerrero Contreras, Carlos Arafat Rosas Burguess, Dulce Carolina Parra Escalona; quienes podrían ser trasladados hoy mismo al Centro de Rehabilitación Social de San Miguel.

El doctor en Sociología Miguel Ángel Rosas-Bourgess, padre de Carlos Arafat Rosas-Bourgues, declaró a medios locales que los jóvenes se encuentran dentro del Ministerio Público en calidad de presentados y que todos son estudiantes de Ciencias y una de Sociología, y precisamente han sido interrogados si saben elaborar explosivos.

“Nos sometieron, saquearon mi casa, fue una atrocidad la que vivimos. Se llevaron unas matrices en la que los muchachos hacen volantes contra el metrobús y del #Yosoy132”, dijo Ángel Rosas-Bourgess a La Jornada de Oriente.

La defensa de los muchachos, Mareli Vélez, aseveró al diario que la detención de los jóvenes fue ilegal.

Después de la denuncia de los familiares y amigos de los detenidos, la Procuraduría emitió un comunicado donde especifica que los siete estudiantes sí están detenidos por los “actos vandálicos” registrados en las oficinas del INE.

El documento especifica que “con apego a la Ley, por una parte se llevaron a cabo cateos ordenados por la autoridad judicial, y al mismo tiempo, fueron presentadas ante el Ministerio Público, siete personas de quienes se definirá su situación jurídica en un lapso de 48 horas”.

“Para deslindar responsabilidades, prevalecen diligencias a cargo de la PGJ Puebla, a través de la  Dirección General de Servicios Periciales  y  de la Policía Ministerial. En tanto que, respetando en todo momento sus Derechos Humanos, las siete personas permanecen a disposición de las autoridades”.

Por su parte, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla pidió al Gobernador Rafael Moreno Valle la inmediata liberación de sus alumnos.

“La Universidad exige que las autoridades correspondientes realicen las investigaciones en estricto apego a derecho, salvaguardando en todo momento la integridad física y respeto a los derechos humanos de nuestros estudiantes”, dice el documento de la BUAP.

La Universidad también dijo que desde que se tuvo conocimiento del hecho, “integrantes de la Oficina del Abogado General, acudieron a la Procuraduría a investigar los actos que les imputan”.

Mientras que el Coordinador del Doctorado en Economía Política, también de la BUAP, dirigió una carta al Gobernador donde exige la libertad de tres de sus estudiantes, Carlos Arafat, Erick López y Ana Colorado.

“Exigimos su libertad inmediata y el respeto irrestricto de sus derechos civiles y humanos. Le hacemos responsable de su integridad física y pedimos se esclarezcan las causas de su ilegal detención”.

Luego de darse a conocer que los siete presos podrían ser trasladados al penal de San Miguel, estudiantes tomaron las instalaciones de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla para exigir la libertad de sus compañeros.

Otros testigos denunciaron que el operativo se realizó de forma simultánea cerca de las 4:00 horas de este viernes contra integrantes del Comité para la Libertad de los Presos Políticos y el Cese a la Represión Social en Puebla. Además, informaron que el paradero de al menos otros cinco estudiantes se desconoce y no se han podido comunicar con ellos, por lo que se presume que también pueden estar detenidos.

En una rueda de prensa realizada esta tarde, madres de familia reclamaron el paradero de sus hijas. Otras personas más, anunciaron que se les ha impedido el contacto con los presuntos responsables.

Miguel Rosas-Bourgess agregó que el estado de Puebla que encabeza Rafael Moreno Valle busca culparlos de los bombazos del pasado lunes 1 de junio en las oficinas del INE.

Por su parte, Aurelio Fernández Fuentes, director de La Jornada de Oriente, publicó un pronunciamiento luego que la tarde del jueves el medio estuviera bajo un ciberataque.

“La madrugada de este viernes 5 de junio, policías ministeriales entraron a varios domicilios particulares con el pretexto de buscar armas y explosivos para localizar a los autores de las explosiones de petardos contra el proceso electoral, mismos que ocurrieron esta semana, y han sido detenidos los miembros de la BUAP Carlos Arafat Rosas-Bourgess y otros tres compañeros, acusados de haber cometido estos atentados.

En lo personal, doy fe que estos jóvenes no cometieron dichos atentados y estoy dispuesto a declararlo ante quien sea.

Por otro lado, estamos recibiendo mensajes de personas de los distritos más competidos para la elección de próximo domingo, denunciando que las policías estatales y otros personajes sin identificación están presionando sin ningún recato a los militantes de los partidos contendientes a los de Moreno Valle para asegurar el triunfo de los candidatos del mandatario”, expuso.

En marzo de este año, el Comité para la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión Social en Puebla presentó el listado de las personas que han sido encarceladas en lo que va de la administración del Gobernador panista. Algunos continúan su proceso judicial en libertad, pero los juicios, firmas y comparecencias no terminan.

Moreno Valle lleva cuatro años al frente del Gobierno poblano, mismo que asumió el 1 de febrero de 2011. Durante su mandato, medios de comunicación, organizaciones civiles, pobladores y partidos políticos lo han acusado de “represor”.

Actualmente, existen 134 “presos políticos”, acusados por encabezar protestas, oponerse a construcciones gubernamentales, exigir el esclarecimiento de procesos electorales, rechazar reformas como la “Ley Bala”, negarse a firmar la venta de sus tierras o pedir la restitución de servicios como el Registro Civil a sus comunidades.

El pasado 1 de mayo cuando el encargado de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Jorge Benito Cruz Bermúdez, aseguró ante legisladores de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados que “en Puebla no existen personas perseguidas por sus ideas o posturas políticas o ideológicas”.

Sin embargo, los hechos derriban sus palabras. Los casos que a continuación se enlistan tiene un delito en común: el activismo. En la mayoría de los casos tanto su defensa como diversas organizaciones han denunciado irregularidades en sus procesos jurídicos, comenzando por la forma en que fueron detenidos.

Aunque no existe un reporte detallado sobre las situación de las personas encarceladas, SinEmbargo se dio a la tarea de investigar y entrevistar a algunos de ellos. Los 18 casos que aparecen en la siguiente lista son parte de esa indagación. La lista fue agrupada por número de casos (18), causa, nombres de las personas, su estatus legal y fecha de la detención.