El testigo protegido señaló que había cerca de mil 500 personas espiadas, de las cuales se tenía un registro con fotografías, contactos, correos electrónicos, reportes de llamadas de entrada y salida, videos y mensajes.
Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).- Un testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR) confesó que el expresidente Enrique Peña Nieto ordenó utilizar el sistema Pegasus para espiar a los empresarios Carlos Slim Helú, Germán Larrea, y a periodistas como Carmen Aristegui.
De acuerdo con “Zeus”, el testigo protegido de la Fiscalía, era el propio Peña Nieto, a quien se le conocía como “El Patrón”, el que ordenaba a quién se debía espiar.
La revelación se dio ayer ante el Juez Luis Benítez Alcántara, durante la primera audiencia del juicio oral contra Juan Carlos García Rivera, empleado de una filial del Corporativo KBH, red de empresas fachada que utilizó el empresario de origen israelí Uri Emmanuel Ansbacher para vender Pegasus al Gobierno mexicano, celebrada en el Centro de Justicia Federal con sede en el Reclusorio Sur.
“Zeus” –quien trabajó en el Corporativo KBH–, dijo que hubo cerca de mil 500 personas espiadas, y señaló que los nombres estaban incluidos en una lista elaborada en Excel, y que fueron enviados al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), que en ese entonces era dirigido por Eugenio Ímaz Gispert; en la lista también aparecían Héctor de Mauleón, Pedro Ferriz de Con, Carlos Loret de Mola, Genaro Villamil, entre otros.
“A mí me tocó ser testigo varias veces de llamadas que [Uri Emmanuel Ansbacher] recibía directamente del Presidente [Enrique Peña Nieto], a quien Uri le decía ‘Patrón'”, explicó el testigo y dijo que también había llamadas con Miguel Ángel Osorio Chong, entonces Secretario de Gobernación, a quien Ansbacher le decía “Jefe”.
El testigo protegido también precisó que cada registro de las personas que eran objeto de espionaje incluía fotografías, contactos, correos electrónicos, reportes de llamadas de entrada y salida, videos y mensajes.
El pasado 16 de octubre de 2022, la FRG dio a conocer que hay dos carpetas de investigación relacionadas con al sistema conocido como Pegasus, por la compra de dicho software computacional para realizar espionaje contra periodistas y defensores de derechos humanos.
Por medio de un comunicado de prensa, la dependencia informó que hasta este momento las dos carpetas de investigación abiertas son por la adquisición del equipo de inteligencia por parte de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. La segunda indagatoria es por un procedimiento por el delito de intervención ilegal de comunicaciones privadas en perjuicio de diversos periodistas y defensores de derechos humanos.
En el primer caso, la Fiscalía detalló que la anterior administración adquirió Pegasus por la cantidad de 456 millones 843 mil 149.00 pesos, “sin que existiera justificación para su celebración y evadiendo los procedimientos de licitación pública, así como el uso irregular de la partida de Gastos de Seguridad Pública y Nacional”.
En dicha investigación se advierte la existencia de un concurso de delitos consistentes en peculado, fraude equiparado y asociación delictuosa; y cuyos presuntos responsables fueron Tomás “N”, director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, así como otros servidores públicos que, por razón de secrecía y viabilidad procesal, no se identifican en este momento.
La FGR agregó que el otro es un procedimiento por el delito de intervención ilegal de comunicaciones privadas en perjuicio de diversos periodistas y defensores de derechos humanos, aunque no precisó mayor información sobre esto.
Asimismo detalló que por este hecho, el pasado el 26 de agosto de 2021 se ejerció acción penal a través de la obtención de una orden de aprehensión en contra de Juan Carlos “N”, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de intervención ilegal de comunicaciones; “todo ello como coautor material de dicho hecho delictivo. En este caso se solicitó aplicación de la agravante prevista en Artículo 51 del Código Penal Federal, que establece que la pena se incrementará cuando el delito se comete en contra de la libertad de expresión”.
La Fiscalía recordó que el 1 de noviembre de 2021 se cumplimentó la orden de aprehensión en contra de Juan Carlos “N” y fue puesto a disposición de la autoridad judicial. Cinco días después, un Juez de Control determinó vincular a proceso al imputado, así como también la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por existir riesgo de fuga y posibilidad de intervención en el desarrollo de las investigaciones.
“En este caso se han presentado ante la autoridad judicial, las notas de prueba que señalan que la empresa NSO Group vendía ilegalmente el sistema Pegasus mientras que, al mismo tiempo, lo utilizaba por su cuenta para entregar la información a otras personas. Conforme se vaya obteniendo mayor información al respecto, se dará a conocer”, explicó.
TOMÁS ZERÓN, EL ESPÍA DEL PEÑISMO
Una pieza clave en el entramado de espionaje establecido durante el Gobierno de Peña Nieto es Tomás Zerón de Lucio, quien se encuentra en Israel sujeto a un proceso de extracción.
La Fiscalía General dio a conocer que la información correspondiente a Zerón de Lucio y a este caso de espionaje se le hará llegar al Gobierno israelí, por los canales procedentes. “Hasta este momento, la triangulación entre Pegasus, sus operadores y quienes los contrataban ha quedado debidamente comprobada en un primer caso judicializable”, destacó la dependencia.
Tomás Zerón jugó un papel clave en el aparato de inteligencia del peñismo, primero en las negociaciones para adquirir el sistema de ciberespionaje de la empresa italiana Hacking Team, ya que pretendía centralizar el sistema de espionaje digital en las procuradurías locales, según reportaron medios mexicanos, y después cuando él mismo se valió de la “urgencia” derivada de “la situación” que atravesaba el país para adquirir otro programa espía: Pegasus.
Zerón de Lucio firmó el contrato de adquisición de Pegasus justo un mes después que la agencia que entonces encabezaba, la Agencia de Investigación Criminal (AIC), atrajera el caso Ayotzinapa, y a horas de que él fuera captado con gorra y gafas oscuras a orillas del Río Cocula, en una incursión que no figuró en la averiguación previa y que llevó a los observadores del caso a señalarlo por plantar evidencia, algo que siempre negó.
El documento que selló la compraventa —difundido en 2017 por Aristegui Noticias— fue signado por los representantes de la Procuraduría, Tomás Zerón de Lucio, entonces jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Vidal Diazleal Ochoa, titular del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) y Rigoberto García Campos, director de información sobre actividades delictivas del Cenapi.
La entonces PGR sustentó en ese momento la adquisición bajo el término de urgencia porque “la situación que atraviesa el país pone a la Institución como un blanco para la delincuencia organizada”. Además, dijo que era una “necesidad indispensable e inmediata” la adquisición del sistema para la realización de actividades “sustantivas”.
Otro de los argumentos que dio la dependencia en ese momento fue el supuesto riesgo que implicaba no contar con este sistema en 2014, ya que de no haberlo adquirido, dijo, ponía en desventaja y vulneraba “la capacidad y margen de operación de la procuraduría al encontrarse en situaciones de alto riesgo”.
