Una noticia que llega desde España ha llamado la atención. En medio de la severa crisis económica que se manifiesta de forma perniciosa en el desempleo con una tasa de 27.2%, la más alta de la Unión Europea, más de seis millones de personas buscando trabajo sin encontrarlo, la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros de Empleo (FEACEM) dio a conocer que la contratación de personas con discapacidad creció 3.33% en el primer trimestre de 2013 en comparación con el año pasado.
Este crecimiento se traduce en 14 mil 455 nuevos contratos en comparación con los 13 mil 987 del mismo período de 2012. La mayor parte de estas plazas se han generado en los centros Especiales de Empleo (CEE), empresas creadas por asociaciones civiles con apoyo de subsidios públicos con el objetivo de promover la integración laboral “y por tanto social”, definen, de las personas con discapacidad. Para obtener la calificación de CEE y acceder a subvenciones y beneficios fiscales, al menos 70% de su plantilla laboral debe ser de trabajadores con discapacidad. Esta política pública surgió en 1985 impulsada por organizaciones de la sociedad civil y ha resultado en una de esas llamadas buenas prácticas con resultados medibles. Sin embargo, los empresarios advierten que fuera de estos centros el empleo sigue a la baja.
La noticia contradice la idea de que las personas con discapacidad tienen pocas esperanzas de encontrar trabajo cuando éste escasea para los trabajadores regulares. En España, en México y en todos lados su principal demanda es el empleo y también el principal reto para los gobiernos. Cabe citar la Encuesta Nacional de Discriminación ENADIS 2010, elaborada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), según la cual los principales problemas de los mexicanos con discapacidad son el desempleo, la discriminación y el no ser autosuficientes. La fuente de ingresos para el 43.2% son familiares distintos a sus padres, y para el 38.9% es el trabajo propio. Sólo 28.7% vive de una pensión y 9.1% de sus padres.
Sin sobrevalorar los resultados positivos de los Centros Especiales de Empleo ante la crisis en España, vale la pena echar un vistazo a ese esquema de integración laboral que, por cierto, también está siendo amenazado por los recortes al gasto público que ha desatado el gobierno para salir de la crisis (mientras el gasto militar sigue en aumento, por ejemplo).
Los CEE se crearon hace 28 años, son empresas que tienen en común el estar conformados por trabajadores con distinto grado y tipo de discapacidad –física, intelectual, sensorial– pero son diferentes entre sí. Las hay desde menos de 10 trabajadores hasta más de mil. Surgieron ligadas a la maquila para diversas industrias y ahora operan también en el área de servicios. En la información que ofrece la Federación de estos emprendimientos sociales destacan que son líderes en el ramo de la lavandería industrial. Se les ubica sobre todo en las áreas de limpieza, telemarketing, montajes industriales, industria textil, imprenta, jardinería y ensamblado. En los años recientes han incursionado en la gestión de residuos hospitalarios, desarrollo de proyectos de accesibilidad, gestión empresarial, desarrollos tecnológicos y correduría de seguros.
De acuerdo con cifras del Servicio Público de Empleo a finales de 2010 había más de 59 mil trabajadores con discapacidad en 1,871 Centros Especiales en España. La cifra ha ido aumentando cada año. Hay que decir que el tipo de contratos también es diverso, va desde empleo temporal, eventual según las necesidades de producción, contratos de formación o capacitación, hasta permanentes o sin temporalidad definida. El empleo en el ramo de servicios es el de mayor crecimiento.
La política de subvenciones para la creación de este tipo de empresas opera en casi todas las provincias y está respaldada por una sólida y extensa normatividad que comprende decretos reales, resoluciones del Ministerio del Trabajo o de entidades locales, hasta legislación sobre el reparto de las subvenciones y tablas de salarios para esta población. Esto va más allá de una normatividad creada específicamente para los Centros Especiales de Empleo, se trata de legislación laboral en general que termina beneficiando a los CEE. Para todas las empresas de más de 50 trabajadores existe la obligación de reservar el 2% de las plazas para trabajadores con discapacidad.
En México no se ha querido establecer esta política de cuotas como una obligación y en cambio se ha optado por la política del convencimiento otorgando incentivos fiscales y de responsabilidad social a las empresas para motivarlas a que voluntariamente contraten a estas personas. No está mal, aunque parece insuficiente. Es un tema polémico sobre el que no hay acuerdo a nivel internacional, aunque sí se ha demostrado que cuando hay una obligación de cumplir con una cuota al menos se pueden medir los alcances de estas políticas.
Sin duda un elemento que debe acompañar una política de inclusión laboral exitosa es la información estadística. El modelo español al que me he referido cuenta con este respaldo y en este caso está a cargo del Observatorio Estatal de la Discapacidad. No sólo hay que saber a cuántas personas se está contratando, también es importante conocer si son mujeres u hombres, quienes tienen contratos más sólidos, de qué edades son, qué sector está teniendo mayor demanda, entre otros datos.
En nuestro país ha habido importantes esfuerzos en el ámbito de la capacitación laboral, etapa básica en el ciclo de la inclusión, pero muchos jóvenes y adultos que cumplen las horas de capacitación y certificación se siguen quedando atorados en la etapa siguiente, pues no consiguen una plaza. Sería injusto decir que no se ha intentado desarrollar modelos como el español, pero lo que sigue haciendo falta es una política pública que articule los esfuerzos y conduzca a resultados medibles y sobre todo, tangibles para los cientos de miles de hombres y mujeres con discapacidad que quieren ejercer su derecho al trabajo.
