Al día siguiente de la aprobación de la reforma constitucional que en 2019 creó la Guardia Nacional como un cuerpo civil y estableció un plazo perentorio para el completo retiro de las fuerzas armadas de tareas de seguridad –al tiempo que establecía el carácter extraordinario y subordinado a la autoridad civil de sus actuaciones durante los cinco años de gracia concedidos en el artículo 5º transitorio del decreto– hubo indicios de que ni el Presidente de la República ni los altos mandos del ejército y la marina tenían voluntad de cumplir con ese mandato. Pronto se hizo todavía más evidente su decisión de violar la Constitución cuando fue nombrado un militar al frente de la Guardia Nacional y con el proceso de reclutamiento de soldados y marinos para disfrazarlos de guardias, mientras marginaban y maltrataban a los ex policías federales absorbidos por el nuevo cuerpo.

La violación de la Constitución se profundizó con el acuerdo presidencial para simular los términos de utilización por parte del jefe del Ejecutivo de la fuerza armada ordinaria en tareas de seguridad establecidos por el mismo transitorio que ordenaba su retiro en un período de cinco años. Nunca hubo un calendario, ni plan alguno, para cumplir con el plazo, ni se crearon protocolos para garantizar que la milicia actuara bajo el mando civil en las condiciones acordadas por el Constituyente permanente.

El desacato constitucional quedó impune por la complacencia de la Suprema Corte, que dejó pasar el tiempo e ignoró los recursos presentados contra el acuerdo presidencial, lo mismo que contra otros aspectos del abrumador proceso de militarización, un golpe blando en toda la extensión del término: actuaciones de facto que pasan por encima del orden jurídico, violan derechos fundamentales y subordinan a las autoridades electas a la voluntad de los mandos castrenses, que imponen jefes policiacos a los gobernadores, como acaba de mostrarse de manera descarnada en Quintana Roo.

Me parece ingenuo y torpe suponer que el imparable proceso de militarización ha sido resultado de decisiones erróneas de tres presidentes sucesivos proveniente cada uno de un partido distinto. Aunque sin duda ha sido López Obrador el que más terreno les ha cedido, tanto Calderón como Peña Nieto marcharon al ritmo de la banda militar en materia de seguridad. La verdad es que, desde los tiempos de Ernesto Zedillo, los gobiernos civiles se han mostrado pasmados frente al avance de las organizaciones criminales y los militares han aprovechado la inepcia civil para ocupar espacios cada vez más conspicuos de poder en todos los ámbitos del Estado.

La ignominiosa reforma aprobada el martes en el Senado se hizo para dejar impune la violación sistemática a la Constitución que sin pudor alguno han cometido los mandos militares y, mucho más ominoso, el Presidente de la República que se daba baños de pureza y se presentaba como faro ético frente a la corrupción. Un señor que suele soltar admoniciones contra sus adversarios y ha calificado de traidores a la Patria a quienes difieren de él en un proyecto político, ha cometido durante todos los años que lleva de gobierno la mayor traición a la Patria que se pueda concebir: desconocer el mandato constitucional, despreciar la soberanía del Poder Legislativo.

Si en México el Congreso sirviera para algo, simplemente por dignidad y sentido político de largo plazo todo el Congreso y no solo los legisladores de oposición se hubieran mantenido firmes frente a la añagaza: una reforma para dejar impunes cuatro años de violación constitucional, un parche para cubrir el desgarrón legal que de manera consciente provocaron el Presidente, los generales y los almirantes. Los legisladores y la Corte se sometieron a la bota militar que impone su paso por encima de lo construido durante la transición democrática. Contra lo que sus acólitos pregonan y la mayoría de los analistas supone, en realidad el Presidente no ha sido sino el instrumento de un proceso de sustitución del Estado civil, en buena medida fallido, por el orden castrense que avanzado en la medida en la que los políticos se han dado por derrotados.

El espectáculo grotesco del Senado, con la mayoría de los senadores priistas y del casi inexistente PRD doblados, no fue producto de una genial operación política del espectro de Bucareli, sino resultado del intenso cabildeo y presión militar, como ocurrió antes con ambas versiones de la Ley de Seguridad Interior. Entonces como ahora el objetivo ha sido cubrirle las espaldas al mando militar por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, a la Constitución y a las leyes cometidas en nombre de la guerra contra el crimen organizado.

Lo curioso es que el cuento que nos han vendido los militares es que ellos sí saben. Que tienen capacidades técnicas de las que carecen los civiles en diversas materias. Se presentan como tecnócratas en uniforme, capacitados, disciplinados, honrados y eficientes. O al menos así los pretende vender su gerente de relaciones públicas todas las mañanas en sus peroratas. No importa que durante quince años no hayan sido capaces de dar resultados notables en reducción de la violencia y de los delitos, ahora administran una larga lista de agencias del Estado y se encargan directamente de la obra pública, con las evidentes consecuencias distributivas que a su favor representan las correspondientes tajadas presupuestales.

La evidencia muestra que las heroicas fuerzas armadas mexicanas no son un dechado de eficiencia técnica, aunque siempre pretendan que el honor ha quedado a salvo. El inconmensurable hackeo que han sufrido muestra que no son buenos ni para cuidar su propia seguridad. El incidente de la caída del helicóptero que participó en la detención de Caro Quintero parece un sainete de Gila. Rodolfo Vergara, profesor de la UAM y fino analista de la realidad, me hizo notar que según la narración oficial de lo ocurrido el motivo de orgullo era que la aeronave no había sido abatida por el enemigo, mientras el hecho de que se hubiera caído por falta de combustible resultaba menor: ineptos pero invictos. En cualquier país con rendición de cuentas la caída del helicóptero por cualquier razón técnica, no digamos ya por un error tan tonto como quedarse sin gasolina, hubiera sido motivo de una indagatoria seria y habría tenido consecuencias, con renuncias y procesamientos. Aquí el Presidente casi lo celebra.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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