En un documento el organismo expresó que el objetivo de su nueva propuesta es de proteger el empleo, los salarios y los ingresos de las familias; una recuperación inmediata; evitar que se convierta en una crisis de solvencia y contar con recursos para continuar programas sociales actuales.

Ciudad de México, 7 de abril (SinEmbargo).- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) hizo un llamado a suscribir un “gran convenio nacional” entre el Gobierno, empresarios, sindicatos y organizaciones sociales para afrontar la crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19 en México.

En un documento el organismo expresó que el objetivo de su nueva propuesta es de proteger el empleo, los salarios y los ingresos de las familias; una recuperación inmediata; evitar que se convierta en una crisis de solvencia y contar con recursos para continuar programas sociales actuales.

Para la implementación del convenio nacional, instó a la creación de un Consejo Económico Permanente, que trabaje en coordinación con el Gobierno, trabajadores, sector privado, sindicatos y el sector social.

En materia de salud, el CCE anunció que trabaja en la posibilidad de que el sector empresarial apoye con equipamiento médico. Apuntó que el paro de sectores para frenar los contagios de coronavirus debe realizarse en coordinación con Estados Unidos y Canadá, y en sitios propensos.

Respecto a la economía del país planteo un programa para los próximos 90 días que contenga medidas diferenciadas por mes y por problemáticas para asegurar el empleo y la solvencia de las empresas.

Por lo que consideró que no es viable despedir a los trabajadores por el costo de liquidación. Sin embargo, “si no se resuelve la crisis de liquidez, se perderán los empleos en la insolvencia”, previó.

Para abril, el Consejo planteó un programa generalizado de vacaciones pagadas para los sectores no esenciales, con la finalidad de garantizar la medida de aislamiento. En tanto que para los sectores críticos -aviación, hotelería, restaurantero- propuso diferir el pago de ciento por ciento de las contribuciones a la seguridad social pero no la condonación. Así como fondos públicos por 100 mil millones de pesos para que la banca de desarrollo garantice créditos a través de la banca privada dirigido en particular a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), con tasas de interés blandas.

Para los mese de mayo y junio, el CCE propuso apoyo a las empresas que acepten el convenio de sostener empleo y salarios por 60 días. La utilización del programa de garantías para las empresas solventes que tengan problemas de liquidez.

El organismo planteó que se difieran -sin condonar- las contribuciones a la seguridad social por 60 días y los pagos de impuestos hasta 90 días sin cargo de intereses. Además, la suspensión temporal de pagos provisionales del Impuesto Sobre la Renta (ISR) -propio y retenido por sueldos- y diferir contribuciones a 12 pagos en 2021, así como plantear incentivos por pronto pago.

Para el sector primario, permitir la deducción en la adquisición de terrenos con destino agrícola o ganadero; la revisión de sectores y regiones que puedan volver a operar; regreso a labores de personas infectadas y recuperadas y analizar la posibilidad para grupos de bajo riesgo sanitario.

Propuso establecer un procedimiento expedito para agilizar la devolución de los saldos a favor de Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicable durante todo el ejercicio de 2020. Una compensación universal para todo el año y para las empresas grandes comprometidas a disminuir los tiempos de pago a proveedores MiPymes.

Para el sector informal propuso para los siguientes 90 días créditos a la palabra mensuales de 25 mil pesos, con el requisito de que el adquirente se formalice.

Para el financiamiento de programas proyectó el uso de fondos de estabilización por 243 mil millones de pesos, postergar el objetivo de finanzas públicas de 2020 y un incremento  temporal del
nivel de endeudamiento hasta en 4 por ciento del PIB.

Para reactivar la economía propuso un programa  de infraestructura público y privado para asignar un gran proyecto a cada estado. Proyectos de inversión privada en energía, además de crear un “agresivo programa de exportaciones” a Estados Unidos.

El CCE advirtió que de no implementarse el convenio nacional podría registrarse una caída del Producto Interno Brutpo (PIB) de entre 7 y 10 por ciento, una inflación del 6 al 10 por ciento. El tipo de cambio del peso se mantendrá en 25 y se perderán entre 800 mil y un millón de empleos.

En cambio, si se aplica aseguró que el PIB podría ubicarse entre -2-5 por ciento y hasta 0 por ciento con una inflación de entre 3 y 5 por ciento. El tipo de cambio del peso oscilaría entre 21 y 22 y se perderían entre 300 y 400 mil empleos.