La Arquidiócesis de México denunció en su editorial Desde la Fe de este domingo que la designación de un Fiscal Anticorrupción lleva dos años congelado, como consecuencia de la “debilidad” del Estado mexicano para hacer frente a problemas que aquejan al país como la corrupción.
Ciudad de México, 7 de mayo (SinEmbargo).- La corrupción en México no es un daño económico solamente, es el resultado de un Estado débil donde no hay imperio de la ley o se maneja a modo según sea el cañonazo de billetes. A pesar de ello, el Congreso lleva dos años paralizado y evade la designación de un Fiscal Anticorrupción, destacó la Arquidiócesis de México en su editorial dominical.
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La Iglesia católica mencionó que el nombramiento del Fiscal Anticorrupción ha quedado en la parálisis legislativa mientras los partidos componen y descomponen.
“Si es cierto el compromiso de los líderes en el Congreso de la Unión para realizar un periodo extraordinario de sesiones, entonces deberán escoger al mejor hombre o mujer ajeno a la contaminación e intereses de los partidos políticos”, detalló la Arquidiócesis en su editorial Desde la Fe.
Ese Fiscal Anticorrupción, añadió, deberá ser un servidor público de impecable trayectoria y compromiso ético, con “un corazón grande, visión amplia y de bolsillo pequeño”.
Según cifras del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en 2015 los costos de la corrupción alcanzaron los 906 mil millones de pesos, equivalente al cinco por ciento del Producto Interno Bruto.
Por otro lado, y de acuerdo con el Índice de Percepción de Corrupción 2016, el nombre de México se situó en el lugar 123 de entre 176 nacionales estudiadas, y lo más grave es que los mexicanos son poco confiables en exterior.
Esos mismos estudios revelaron que las familias, a nivel nacional, destinan el 14 por ciento de sus ingresos para sortear actos de corrupción, desde las típicas mordidas hasta defraudaciones.
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La semana pasada, el Consejo de Participación Ciudadana (CPC), presidido por Jacqueline Peschard Mariscal, envío una carta al Congreso de la Unión y al Presidente de la República para pedir se cumpla con los principios de transparencia, gobierno abierto y máxima publicidad, luego de que el mandatario hiciera llegar al Senado la propuesta de 18 candidatos anticorrupción.
Las sugerencias del Presidente Enrique Peña Nieto para ocupar los tres cargos en la Sección Tercera de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y las 15 de las cinco salas especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas, fueron criticadas por el Consejo, pues no se revela el procedimiento seguido para su designación.
El CPC solicitó al Presidente trasparentar la propuesta, a través del envío, con el consentimiento de los interesados, de la lista de todos los aspirantes y sus perfiles personales y profesionales. Así como, una explicación del por qué los 15 nuevos magistrados son los mejores para ocupar dichos cargos.
También, en la misiva, el Consejo pidió saber las razones por las que solo cinco de los 18 nuevos magistrados son mujeres, cuando el TFJA cuenta con un alto porcentaje de magistradas y secretarias de acuerdos. Además, de los estándares internacionales de equidad de género a los que se ha comprometido el gobierno mexicano y se han adoptado en el país.
Ademas, el CPC exhortó a la Cámara de Senadores difundir en medios oficiales, prensa o redes sociales los elementos que se considerarán para valorar la capacidad profesional de los 18 magistrados y hacer públicas las sesiones sobre la posible ratificación de los magistrados anticorrupción.
