La impunidad con la que ha operado el crimen organizado en Ciudad Juárez, Chihuahua, permitió a una nueva red de trata de jovencitas sentar sus reales, incluso a plena luz del día y desde el Centro mismo de la ciudad.

Enganchadores de esta banda atrajeron a decenas de muchachitas hacia un infierno de prostitución y violencia que sólo terminó con su muerte.

Los casos del campo algodonero pusieron a esta urbe fronteriza en la mira de las organizaciones civiles y la prensa internacional por decenas de feminicidios. Ahora, las víctimas del Arroyo del Navajo muestran que ni los Gobiernos local y federal con las recomendaciones hechas por la Corte Interamericana de los Derechos en la década del 2000, y el resultado es una nuevo hallazgo de restos de jovencitas, incluso menores de edad, que ha derivado en otro proceso histórico en la búsqueda de justicia.

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Ciudad Juárez, Chihuahua, 7 de julio (SinEmbargo).– Irma Pérez Franco le dijo al Tribunal de Juicio Oral que deseaba declarar públicamente y no en la sala contigua, de testigos protegidos. Había esperado 20 años para ver en un proceso penal a Manuel Vital Anguiano, “Don Meny”, y quería encararlo. Desde 1995, dijo en su testimonio, había sospechado que ese hombre hoy de 49 años estuvo involucrado en el secuestro de su hija, encontrada un mes después de su desaparición en un predio conocido como Lote Bravo.

–Pero todo se paga –dijo la madre desde el estrado, con la mirada fija en Vital Anguiano. “Todo se paga, y tenía que llegar el día”.

La hija de Irma, Olga Alicia Carrillo Pérez, de 20 años al momento de su secuestro, fue una de las cinco mujeres encontradas en el citado lote, ubicado al sur de la ciudad, en septiembre de 1995. Estudiante y empleada de medio tiempo en un despacho de la zona Centro, donde también vivía, Olga había desaparecido un mes antes, el 10 de agosto de ese mismo año. Su madre desconfió desde las primeras horas de un hombre mayor que ella y que, tres o cuatro días antes de que dejara de verla, la estuvo llamando insistentemente por teléfono para pedirle que fuera su novia. Era Vital Anguiano, a quien ella se había topado también días antes, caminando por la calle Juan Mata Ortiz y casi 16 de Septiembre, a dos cuadras de la estación municipal Delicias, donde ella notó que saludó a su hija y que llevaba un maletín con dulces y burritos que ofrecía a los policías. Veinte años después, la Fiscalía dice en la acusación que, en el maletín, Vital Anguiano también cargaba fotografías de las solicitudes de trabajo de sus víctimas.

–¿Qué hiciste con ella?, ¡dime! –le gritó Irma Pérez en el juicio, casi en llanto y sin perder de vista al hombre hoy cano y semicalvo que, también viéndola fijamente desde su silla en el lugar de acusados, trató de darle una respuesta que fue interrumpida por su abogada.

-¿Por qué? –insistió Pérez Franco.

Era el 15 de abril de 2015 y el segundo día del Juicio Oral 267/2014. Manuel Vital Anguiano escuchaba junto al resto de acusados de pertenecer a la pandilla de los Aztecas y de operar una red de trata que, interpretan los coadyuvantes, ha operado por décadas en Juárez pero que multiplicó sus crímenes con la guerra por el control del territorio, a partir de 2008.

“Son 20 años y las autoridades, desgraciadamente en ese tiempo, y creo que en todos los tiempos, porque como están las cosas, no hicieron nada, torcieron las investigaciones y empezó a salir en el periódico mi hija”, lamentó Irma Pérez en la audiencia.

“Le cayó a toda madre a este ‘jijo de su’ que las cosas se torcieran, y yo no tenía la certeza, pero mi corazón me decía. Pasan los años y yo nunca acepté chivos expiatorios, que ‘El Egipcio’ que ‘Los Rebeldes’… No: a mí pruebas, yo no quiero chivos expiatorios… Cuando era la procuradora ésta… pues ésta que estuvo con Baeza, ella luego luego arregló sus chivos, que hay que ver el daño; (le dije) ‘señora, ¿qué hago yo con mis sospechas? Porque usted luego determina esto y esto y se acabó. Pero yo sospecho’. Y donde quiera que me paraba, decía de este fulano, siempre decía, y donde lo encontraba lo maltrataba, y es una vieja, porque se pone al tú por tú, ‘vieja loca, cabrona’, y fueron muchos años y yo siempre dije: ‘han de caer, Dios me ha de dar vida de saber qué pasó”, agregó Irma en su declaración.

La impunidad con la que ha operado el crimen organizado por años habría permitido que Vital Anguiano, como sospecha Irma que hizo con su hija, siguiera enganchando víctimas hasta su detención en 2013. En ese año, en la investigación derivada del hallazgo en el Arroyo del Navajo, la Fiscalía encontró que la referencia a “Don Meny” aparecía en los antecedentes de desaparición no sólo de Olga Alicia Carrillo, sino de al menos otros cuatro casos recientes, como el de Jusalet Alejandra de la Cruz, una de las víctimas asesinadas en la vecindad de la calle Melchor Ocampo. Otro era el de una joven encontrada en el Arroyo del Navajo y que, en 1995, como Olga Alicia Carrillo, también había aparecido en los periódicos, pero ella por haber sido la primera bebé nacida ese año en Ciudad Juárez: Andrea Guerrero Venzor, desaparecida en agosto de 2010, a los 15; también, según su madre, después de haber sido constantemente acosada por Vital Anguiano.

Por eso, nueve días después que Irma Pérez, María Venzor, madre de Andrea, encaró de la misma forma al acusado, narró el mismo modus operandi y le hizo el mismo reclamo que la mujer cuya hija había desaparecido hace dos décadas: “¿Qué hicieron con mi hija? ¿Por qué me la fueron a aventar tan lejos? ¿Por qué? Mi hija no se merecía eso, Don Meny, ninguna de las muchachitas”, dijo Venzor, quien, como Irma Pérez, también quiso testificar públicamente.

Foto: Alicia Fernández

Las madres de jovencitas incluso menores de edad siguen dando una lucha incansable por hacer justicia y encontrar a sus hijas desaparecidas. Foto: Alicia Fernández

JUÁREZ, FEMINICIDA

En medio de la violencia y la impunidad que caracterizan cada vez más territorios de México, Juárez se ha medido aparte. Su posición geográfica, al centro de la franja entre México y Estados Unidos, la masiva llegada de industrias extranjeras antes que a otros territorios, los inusitados niveles de migración, la falta de infraestructura urbana y una profunda corrupción en todos los gobiernos convirtieron a esta frontera, desde los años 90, en un nuevo paradigma de violencia.

Uno de los primeros indicios de este nuevo tipo de operación criminal fue encontrado en 1995, en el Lote Bravo, al sur de la ciudad, donde, como Olga Alicia Carrillo Pérez, fueron arrojados los cuerpos de al menos otras cuatro mujeres víctimas. Al siguiente año, en el asentamiento llamado Lomas de Poleo, en la frontera con Nuevo México, fueron encontradas 12 más, entre 1996 y 1998. Otros ocho cuerpos fueron abandonadas en el conocido como campo algodonero, en 2001, y seis más en el cerro del Cristo Negro, en los meses siguientes. Al menos 31 víctimas en esos años, y ningún proceso judicial exento de vicios y delitos.

El Arroyo del Navajo está ya en esa misma cartografía de violencia feminicida. Pero a diferencia de los otros casos, dice Cecilia Espinosa, integrante de la Red Mesa de Mujeres, el juicio 267/2014 “brinda la posibilidad de generar una mayor investigación, más profunda, de problemas que hemos vivido por más de 20 años”.

Y en un contexto histórico, agrega, significa la posibilidad de dar un mensaje diferente al que se ha enviado en las últimas décadas en Ciudad Juárez, de permisividad ante el crimen y de que cualquiera puede ultrajar la vida. “Y de que podía quedar impune si dejaba a las víctimas en cierto espacio en el que pudiera borrar evidencia, como ocurrió desde el Lote Bravo, el campo algodonero, el Cristo Negro, donde no hubo mayor indagación para saber qué estaba pasando”, agrega Espinosa.

Otro mensaje que envía el actual proceso judicial, menciona, es que prueba que las familias son fundamentales en las investigaciones, porque son quienes más buscan y más pistas encuentran. “Han sido las madres quienes mayormente han aportado información y quienes han estado en pie de lucha para exigir justicia, para vigilar las indagaciones. Es una muestra de que puede haber un trabajo conjunto con las familias de las víctimas, más transparente”, agrega.

Foto: Alicia Fernández

La madre de Idaly se siente mutilada, desde la pérdida de la tercera de sus ocho hijos. Foto: Alicia Fernández

“ESCUCHAR LO QUE PASARON”

Norma Laguna habla constantemente de la muerte. Le dice “querer desaparecer”, “ya no estar”, “ya no seguir”. El dolor de haber perdido a Idaly, la tercera de sus ocho hijos, se agudiza sobre todo en estos días, dice, cuando está por llegar el que sería su cumpleaños número 25, el 29 de julio. También se agravan la hipertensión y la profunda depresión que la tiene bajo medicamento hace un año y que, en una ocasión, la mandó al hospital siquiátrico. Aún así, desde abril pasado y como el resto de los familiares, ha tenido que acudir por horas a las audiencias realizadas en la Ciudad Judicial para escuchar las narraciones de todo lo que decenas de testigos han declarado que le sucedió a su hija y al resto de las víctimas. “Son cosas que uno no quería pensar que sucedían –dice Norma, hoy de 48 años. Pero que lamentablemente sí pasaron así, y oír todo eso le duele a uno mucho, saber que ellas pasaron por todo eso”.

Nada puede reparar ni compararse con la pérdida de un hijo o una hija, dice la madre de familia en entrevista. Es como sentirse mutilada, que hubiera perdido un pedazo. Es un dolor que está siempre presente, evitable, insiste, sólo con la muerte. Nada repara tampoco los años de impotencia, de desesperación por ver que el ministerio público del estado dejaba pasar días y meses sin seguir las pistas que ella y el resto de las madres aportaban gracias a las pesquisas que hacían entre las calles más peligrosas de ésta que, justo entonces, era la ciudad más peligrosa de México.

Por eso el juicio, dice Norma, no es lo que exigían, lo que hubieran querido, sino una investigación a tiempo, que las ubicara con vida. Aun quienes las tenían cautivas, agrega, pudieron haberlas regresado a casa y, en cambio, tomar a sus padres, que se hubieran ido con gusto en lugar de sus hijas.

Pero haber encontrado sus restos, considera Norma después de mucho preguntarle, sí es una especie de descanso. Sus hijos ya no la ven diario llegando a casa llorando, desesperada después de horas de buscar hasta medianoche. Es un descanso también saber que hay personas detenidas y a quienes no considera chivos expiatorios, dice. Y ya no siente la ansiedad de antes, como cuando no tenía una idea de dónde podía hallar a su hija.

Foto: Alicia Fernández

La solidaridad a las madres de víctimas de feminicidio es fundamental en este proceso de búsqueda de la justicia. Foto: Alicia Fernández

“EL DESEO DE SABER”

Gabriela Reyes es tanatóloga y una de las colaboradoras de la Red Mesa de Mujeres que acompaña el proceso legal y de duelo de las familias Pérez Montes, Juache Laguna y Delgado Castillo. En las entrevistas que presencia, menciona la importancia de la empatía y de, siempre, dice, procurar un cierre de las conversaciones. No dejar a las madres afectadas, explica, sólo con las memorias removidas. Sino recordar y reforzar su lugar en este proceso histórico de búsqueda de justicia.

Todas las familias afectadas han vivido procesos distintos, dicen Reyes y Espinosa. Afectada la salud varios, algunos han mostrado más confianza que otros en la acusación de la Fiscalía. La mayoría, sin embargo, ha “resignificado” sus duelos para, como miles de familias en el país, convertirlos en motivos de lucha.

“Con el tiempo el dolor se transforma en coraje, en desesperación, en seguir haciendo manifestaciones, cosas para que se busque la prevención, para que no haya más madres y más familias como nosotros. Aunque a veces llega el dolor y nos tumba, pero nos levantamos otra vez, por el deseo de saber”, dice Norma Laguna en su casa, también en el poniente de Juárez.

“Si seguimos adelante es porque queremos que no se quede esto impone”, agrega Susana Montes. “Porque no se lo merecía; ella quería seguir adelante. Dios nos ayude, y todo salga bien. Hay una luz que sabemos, que es la justicia, y estamos ahí aunque nos duela, oyendo lo que les hicieron, pero estamos ahí para que no vuelva a pasar, para que el gobierno mire que las que investigan son las organizaciones, las personas”, agrega.

En la entrevista, Susana recuerda también que los crímenes que ahora se juzgan se cometieron casi mientras se dictaba la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado mexicano por los casos del campo algodonero, ordenando también la no repetición. “Pero volvió a pasar”, dice la madre de familia. “Y ahora está ahí el Arroyo del Navajo. Y lo que queremos es que no vuelva a pasar, que otra madre no sufra lo que estamos pasando. Esa es la lucha, que no vuelva a pasarle a otra familia”.

Foto: Alicia Fernández

Las víctimas del Arroyo del Navajo han vuelto a poner a Juárez en la mira de la tragedia. Foto: Alicia Fernández