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El caso Collado no es venganza sino justicia: Chihuahua le dio 14 millones ilegales, dice Consejero

07/09/2020 - 8:36 pm

Por la mañana, la Jueza de Control Guadalupe Hernández Lozano calificó como válidas las pruebas presentadas por la Fiscalía General de Chihuahua en contra de Juan Ramón Collado Mocelo, en un caso de presunto peculado por 13 millones 780 mil pesos que, según el Fiscal estatal, involucran al expresidente Carlos Salinas de Gortari y al exgobernador César Duarte Jáquez.

Ciudad de México, 7 de septiembre (SinEmbargo).- El Consejero Jurídico de Chihuahua, Jorge Espinoza Cortés, aseguró a SinEmbargo que el proceso contra Juan Collado es un acto de justicia, y no de venganza, como asegura la defensa del abogado.

“El proceso contraJuan Collado no es más que la justicia, es decir, recibió indebidamente cerca de 14 millones de pesos de supuestos servicios que nunca prestó al Gobierno del estado de Chihuahua y como se ha dicho eso es lo único que existe en este proceso judicial: pagos indebidos, ilegales que recibió Juan Collado porque no hay soporte que los haya prestado. Todo lo demás que diga la defensa no tiene ningún sustento. La única realidad es que recibió de manera ilegal casi 14 millones de pesos”, dijo a SinEmbargo el consejero jurídico de la entidad.

La aclaración de Espinoza Cortés surge después de que la defensa de Collado Mocelo acusara que la acusación en contra de su cliente es parte de una estrategia de persecución política emprendida por el Gobernador Javier Corral Jurado, quien, puntualizó, busca construir su candidatura a la Presidencia de la República.

“Es una persecución política, por (parte del) Gobernador Javier Corral, con la finalidad de proyectarse una vez más a nivel nacional, ya que siempre ha querido que lo tomen en cuenta para en un futuro poder ser candidato por el PAN a la Presidencia de la República”, apuntó la defensa en un posicionamiento.

Collado fue detenido la tarde del 9 de julio de 2019 en la Ciudad de México. Foto: Francisco Rodríguez, Cuartoscuro.

La defensa acusó que el Gobierno de Chihuahua realizó un juicio mediático, y aplicó presiones en contra de Alejandro Gutiérrez, para que este personaje declarara contra el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray.

“[El Gobierno de Chihuahua] instigó a jueces de distrito y colegiados del circuito de Chihuahua, ya que, en su calidad de ex consejero del consejo de la judicatura, litigaba en forma ofensiva e ilegal en contra de los intereses de la defensa del imputado Alejandro Gutiérrez”, aseveró la defensa.

Por la mañana, la Jueza de Control Guadalupe Hernández Lozano calificó como válidas las pruebas presentadas por la Fiscalía General de Chihuahua en contra de Juan Ramón Collado Mocelo, en un caso de presunto peculado por 13 millones 780 mil pesos que, según el Fiscal estatal, involucran al expresidente Carlos Salinas de Gortari y al exgobernador César Duarte Jáquez.

La decisión de la Jueza se dio a conocer en una audiencia virtual que se realizó el día de ayer entre las autoridades chihuahuenses y el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde Juan Collado se encuentra preso, y que culminó durante las primeras horas de este día.

Hernández Lozano determinó que se presentaron suficientes pruebas que permiten iniciar el proceso penal contra Collado Mocelo. Además, concedió un plazo de cuatro meses para que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua presente la investigación complementaria.

El exabogado de Enrique Peña Nieto deberá permanecer un año en prisión preventiva, la cual fue impuesta el pasado 3 de septiembre.

La Fiscalía de Chihuahua acusó a Collado por la simulación de contratos que no se brindaron al Gobierno del estado y que aún así se cobraron mediante transferencias bancarias desde una cuenta de la Secretaría de Hacienda estatal. Estos hechos ocurrieron presuntamente durante la administración de César Duarte.

Juan Collado, junto a servidores públicos y personas externas, habrían efectuado el desvío de los 13 millones 780 mil pesos del erario destinados a fines públicos entre enero de 2013 a marzo de 2014, según apuntó la FGE.

Fue el primero de septiembre cuando la Fiscalía General de Chihuahua cumplimentó una orden de aprehensión en contra del abogado Juan Ramón Collado Mocelo por el delito de peculado.

COLLADO Y SALINAS

Ahora que el nombre de Carlos Salinas de Gortari apareció en el juicio oral que se le sigue al abogado Juan Collado Mocelo, acusado de peculado, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua estaría en la mira del expresidente que gobernó México de 1988 a 1994.

De acuerdo con el Fiscal estatal, César Augusto Peniche Espejel, la dependencia a su cargo busca recabar más pruebas para tener un señalamiento sólido en caso de que el Ministerio Público llame a declarar a Carlos Salinas.

“Con la investigación complementaria que se tiene que dar dentro de la etapa procesal, pretendemos recabar la mayor cantidad de pruebas y es probable que el Ministerio Público tome la determinación de girar un citatorio a esta persona (Carlos Salinas) para que declare en relación a los hechos”, dijo en entrevista. “Desde luego, por estrategia judicial hay que reunir más datos de prueba para que efectivamente cuando sea citado se le pueda ya hacer algún señalamiento en particular”.

El expresidente Carlos Salinas junto al abogado Juan Collado. Foto: Cuartoscuro.

El abogado Collado es acusado de desviar, junto con servidores públicos, 13 millones 780 mil pesos del erario, de enero de 2013 a marzo de 2014 a través de un contrato de servicios profesionales en materia jurídica que nunca se concretaron y cuyo destinatario fue Salinas de Gortari.

“En esta audiencia de juicio oral se da a conocer que existe un compromiso de entregar determinada cantidad de dinero a este abogado (Collado) para lograr algunos contactos o reuniones con el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Es decir, es un pago de compromisos políticos extralegales y desde luego no previstos en el presupuesto del estado de Chihuahua”, dijo a SinEmbargo el Fiscal Peniche.

La tarde del jueves, un juez dictó prisión preventiva oficiosa en contra del abogado Juan Collado por el desvío realizado en este contrato simulado.

“El contrato se celebra entre el abogado Collado y el Gobierno del estado para juicios jurídicos y en donde se le pagó casi 14 millones de pesos y que no existe evidencia de que haya prestado los servicios. No hay evidencia de que haya un litigio o algún caso, no hay forma de que se demuestre que efectivamente se le pagó por un servicio”, confirmó en entrevista el Consejero Jurídico de Chihuahua, Jorge Espinoza Cortés.

Los testigos de la Fiscalía de Chihuahua fueron los que revelaron que detrás de este desvío estaba el nombre de Carlos Salinas, quien recibiría este monto a cambio de impulsar la candidatura del exgobernador César Duarte Jáquez a la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Existe un compromiso de entregar determinada cantidad de dinero a este abogado para lograr algunos contactos o reuniones con el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Es decir, es un pago de compromisos políticos extralegales y desde luego no previstos en el presupuesto del estado de Chihuahua”, explicó el Fiscal de Chihuahua.

Juan Collado, preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, se habría beneficiado con 13.7 millones de pesos durante la administración del exgobernador César Duarte y, ahora se sabe, el destinatario de este dinero sería Salinas de Gortari, uno de los expresidentes que podrían ser juzgados a través de la consulta que el Presidente Andrés Manuel López Obrador plantea.

Collado permanece preso desde julio de 2019 por la compra de Caja Libertad por 156 millones de pesos y el descongelamiento de una cuenta por 76.5 millones de euros en Andorra.

La firma legal de Collado defendió a Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) de la acusación de asesinato del político José Francisco Ruiz Massieu, cometido en septiembre de 1994.

También llevó la representación legal de Mario Ruiz Massieu, un exfiscal mexicano que se suicidó en Estados Unidos mientras estaba bajo arresto domiciliario, así como de Mario Villanueva, exgobernador del estado mexicano de Quintana Roo, sentenciado por narcotráfico.

Recientemente se hizo cargo de la representación del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) en el proceso de divorcio de su esposa Angélica Rivera, un proceso que colocó al letrado en el centro de la polémica y a sus clientes y amigos bajo la lupa pública.

-Con información de Guadalupe Fuentes.

 

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