Luego del rechazo de la Reforma Electoral ante la falta de la mayoría calificada, las modificaciones planteadas en materia electoral a leyes secundarias finalmente fueron aprobadas en lo general y en lo particular para su envío al Senado de la República.

Ciudad de México, 7 de diciembre (SinEmbargo).- La Cámara de Diputados ha aprobado en lo general el llamado “Plan B” de la Reforma Electoral, consistente en modificaciones a cuatro leyes secundarias para modificar la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE).

La aprobación se dio durante la madrugada de este miércoles, con un resultado de 261 votos a favor, 216 en contra y 0 abstenciones, modificando, tanto en lo general como en lo particular, reformas la las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales; de Partidos Políticos; y Orgánica del Poder Judicial. Asimismo, también para expedir la Ley General de Medios de Impugnación en Material Electoral.

261 votos a favor, 216 en contra y 0 abstenciones. Avalan en general y particular reformas a leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales; de Partidos Políticos y Orgánica del Poder Judicial; y expedir la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

— Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) December 7, 2022

Inicialmente, la aprobación de las modificaciones en lo general a las leyes en dicha material se dieron con un resultado de 261 votos a favor, 216 en contra y 0 abstenciones.

Asimismo, con 267 votos a favor, 221 en contra y 0 abstenciones, se aprobaron las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ambas en materia electoral.

#ÚltimaHora 267 votos a favor, 221 en contra y 0 abstenciones. Aprueba el Pleno en lo general las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia electoral. pic.twitter.com/4KShETO6Hy

— Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) December 7, 2022

Durante la Sesión Ordinaria de este martes, la Reforma Electoral Constitucional impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador no alcanzó la mayoría calificada en el Pleno de la Cámara de Diputados para su aprobación, por lo que se desechó el dictamen.

Por tratarse de una reforma constitucional se requerían de 334 votos para su aprobación. No obstante, Morena y sus aliados del PVEM y del PT contaban con 276 votos. La votación final quedó: 269 votos a favor, 225 en contra y una abstención.

Sin embargo, los legisladores de Morena y sus aliados alistaron la votación del “Plan B”, que va por cambios estructurales dentro del INE, como reducir los salarios de los consejeros, eliminar fideicomisos y la destitución del Secretario Ejecutivo Edmundo Jacobo Molina.

#ÚltimaHora 269 votos a favor, 225 en contra y 1 abstención. El dictamen que reforma diversas disposiciones de la Constitución, en materia electoral, no alcanza mayoría calificada. Se desecha el proyecto. pic.twitter.com/JEVRaQpgVy

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Uno de los principales puntos de esta reforma a las leyes secundarias en materia electoral es precisamente establecer que las remuneraciones que reciban los consejeros electorales del INE “no podrán justificar la excepción de especialización o trabajo técnico calificado para rebasar el límite establecido en la fracción II del artículo 127 de la Constitución”, es decir, el salario que perciban los integrantes del Consejero General del órgano electoral no podrá superar al del Presidente de la República.

Además, en los transitorios se establece que dadas las modificaciones de las facultades de la Secretaría Ejecutiva del INE, la persona titular de dicho cargo cesará en sus funciones a partir de la publicación de estas reformas. Con ello, se destituiría a Edmundo Jacobo Molina, quien lleva en ese cargo 14 años y es una de las personas más cercanas al consejero presidente del órgano electoral, Lorenzo Córdova.

“Dada la modificación de las facultades de Secretaría Ejecutiva con la entrada en vigor del presente decreto, la persona titular de dicho cargo cesará en sus funciones a partir de su publicación”, dice el artículo décimo séptimo transitorio de la reforma.

Una vez que se destituya del cargo, de inmediato el Consejo General del INE nombrará de entre los directores ejecutivos a un encargado de despacho. Es decir, en la sesión ordinaria del mes de mayo de 2023 se designará a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva para el periodo 2023-2029 que cumpla los requisitos correspondientes.

Jacobo Molina se desempeña como Secretario Ejecutivo del INE desde junio de 2008, es decir desde que este organismo era el Instituto Federal Electoral (IFE). En este puesto estará hasta 2026, luego de que —impulsado por Lorenzo Córdova— fuera reelecto en febrero de 2020 para otros seis años más, un acto que fue denunciado en su momento por el Consejero Roberto Ruiz Saldaña, quien cuestionó que la reelección se haya dado dos meses antes de que el Secretario finalizara su cargo.

Uno de los argumentos que expuso el Consejero Presidente Lorenzo para mantener a Jacobo Molina hasta 2026 fue, según informó el INE en un comunicado, “superar dos grandes desafíos que requieren de un conocimiento detallado sobre el funcionamiento de la institución y de un incuestionable compromiso con la legalidad”: el proceso electoral de 2021, “y, el otro es más de tipo administrativo, para encontrar el punto de equilibrio entre esos preparativos y el déficit financiero inédito e inaudito con el que hemos iniciado este año fiscal”, abundó Córdova. Los mismos argumentos fueron expuestos por el Partido Acción Nacional (PAN) que reconoció a Edmundo Jacobo Molina.

La iniciativa de reforma destaca cómo “otro de los efectos negativos de la alta burocratización del INE es su pésima administración” y señala que su estructura “contiene duplicidad de funciones, posee áreas sin trabajo durante varios meses en el año, se despilfarran recursos mediante el pago de rentas, la compra permanente de material para urnas de mala calidad, se realizan gastos suntuosos, pago de comidas, viáticos, seguros médicos privados, compra de papelería a precios por arriba del mercado, pago de servicio de software injustificados, contratación de edecanes, arrendamiento de automóviles, etcétera”.

En ese sentido se propone la creación del Sistema Nacional Electoral (SNE) conformado por el Instituto Electoral, como su autoridad rectora, y los Organismos Públicos Locales, como autoridades electorales a nivel estatal. “Este nuevo sistema establece la integración de ambas estructuras para su mejor funcionamiento”, se lee en el documento.

A nivel local la iniciativa plantea la eliminación de las figuras de Vocal Secretario y Vocal de Organización en la estructura del INE. Al mismo tiempo, a nivel distrital se suprimen los cargos de Vocal de Organización Electoral, Vocal de Registro Federal de Electores, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica y Vocal Secretario. Se mantiene únicamente el Vocal Operativo en la estructura.

Otro de los puntos clave de la iniciativa es la eliminación de los fideicomisos que el Gobierno federal ha calificado como “ilegales”. Se trata del Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y el Fondo para Atender el Pasivo Laboral, que desde inicio de este año las secretarías de Hacienda y de la Función Pública propusieron eliminar de cara a la Consulta de Revocación de Mandato —para la cual el INE alegó no tener los recursos suficientes para su organización— para ahorrar dos mil 972 millones de pesos.

La iniciativa señala que el Fondo para el Cumplimiento reportó 235 millones y el Fondo para Atender el Pasivo Laboral en 2022 tuvo un saldo de 40 millones de pesos. Una muestra de cómo son empleados estos fideicomisos se dio con la salida de los consejeros Marco Antonio Baños y Benito Nacif. Del Fondo para Atender el Pasivo Laboral se les pagó en 2020, en términos netos y con motivo de su baja, ​​un millón 721 mil 566.80 pesos y dos millones 027 mil 434.98 pesos, según reconoció el propio INE a pregunta expresa de SinEmbargo.

De eliminarse con el Plan B, “los recursos obtenidos producto de la reforma serán utilizados para cumplir con las obligaciones de ley conforme a la propuesta de reducción de estructura que se propone”.

Asimismo, la iniciativa busca limitar las facultades ”indebidamente discrecionales” que se ha dado el INE con “una extensa facultad normativa”: Propone en ese sentido que las autoridades “no podrán emitir ninguna normativa fuera de sus atribuciones establecidas en la Constitución. Con ello se garantiza mayor certeza jurídica para los actores políticos que contienden en los procesos electorales”.

Por otra parte, busca “otorgar mayor certeza jurídica” respecto a las tareas de fiscalización y las sanciones de las autoridades electorales sobre los partidos políticos, respetando en todo momento su derecho a la autorganización y autodeterminación.