Hace diez años, cuando el ahora Presidente Enrique Peña Nieto era Gobernador del Estado de México, más de una veintena de mujeres de Atenco fueron torturadas sexualmente por fuerzas de seguridad pública civil. La búsqueda de la justicia en el ámbito nacional no ha sido fácil para las víctimas. 11 de ellas acudieron a la CIDH para denunciar los actos cometidos por la policía el 3 y 4 de mayo del 2006, días en que la población local se levantó en contra de la construcción de un nuevo aeropuerto en la zona. La impunidad que hasta ahora ha imperado ante los abusos a estas mujeres puede tornarse en contra de altos funcionarios, e incluso de quien hoy es el Presidente de la República, aseguraron los abogados que llevarán el caso en una corte internacional. ¿Habrá castigos?

Ciudad de México, 8 de octubre (SinEmbargo).- El caso de 11 mujeres de Atenco que sufrieron tortura sexual por parte del Estado hace diez años se resolverá en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).  Abogados de los centros de derechos humanos que acompañan legalmente a las víctimas han dicho que altos funcionarios, como el otrora Gobernador Enrique Peña Nieto, aún no están libres de ser investigados por crímenes de lesa humanidad.

La búsqueda por la justicia no fue encontrada dentro de las fronteras. Hace ocho años el caso de tortura sexual de las mujeres de Atenco fue recibido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) quien emitió una serie de recomendaciones para reparar a las víctimas que no fueron atendidas por el Gobierno.

Ahora el caso toma nuevos vuelos. Las víctimas llevaron a la CorteIDH una denuncia por abusos cometidos contra la libertad e integridad personal, lo que incluye tortura sexual, y la necesidad de perseguir a quienes ordenaron al despliegue de más de 2 mil 524 efectivos, de los cuales 700 eran de la Policía Federal preventiva, y mil 815 de la extinta Agencia de Seguridad Estatal y nueve policías municipales, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

¿Puede el Presidente Enrique Peña Nieto ser investigado por lo ocurrido hace diez años? Abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH) creen que sí, si la CorteIDH emite una sentencia apegada lo que ya fueron las recomendaciones de la CIDH.

“La Comisión [CIDH] el informe que emite señala que no se han deslindado las responsabilidades en razón de la cadena de mando. No sólo a mandos medios, sino superiores”, dijo Araceli Olivos Portugal, encargada del área de defensa del Centro ProDH, ante la pregunta directa.

Si bien hasta ahora las denuncias de tortura sexual no mencionan el nombre del ex Gobernador Enrique Peña Nieto, en caso de que la CorteIDH mande al Estado a investigar la cadena de mando de los hechos ocurridos en Atenco, las autoridades deberán cumplir con las averiguaciones. “No es potestativo”, dijo Olivos.

El subdirector del Centro ProDH Santiago Aguirre Espinosa explicó que los funcionarios que podrían ser los autores intelectuales de los no pueden ser directamente sentenciados por la CorteIDH, porque no condena a personas individuales, sino al Estado. Mas, los nombres de funcionarios saldrían en los informes en los que se base la instancia internacional para emitir su veredicto, refirió, y puede haber una sentencia que exija a las autoridades de justicia que les investigue.

Aquel 3 y 4 de mayo la protesta de pobladores en contra de un aeropuerto internacional derivó en dos asesinatos, más de 200 detenciones y una serie de violaciones a los derechos humanos.

MUJERES DE ATENCO

 

Norma Jiménez es una de las 11 denunciantes en contra del Estado mexicano por la privación arbitraria de su libertad y tortura sexual, que engloba una serie de agresiones verbales y físicas a las mujeres por el simple hecho de serlo; así como abusos sexuales, por parte de los policías.

Jiménez fue detenida por llegar a documentar lo sucedido aquel mayo del 2006, cuando era una estudiante de 23 años. Diez años después acusa a las Policías Federales preventivas de haberla detenido de forma arbitraria. Acusaron personas directas es difícil, puesto que se violaron los procedimientos de ley, quienes la retuvieron de inmediato hicieron por taparle los ojos, recuerda.

A partir de ahí las complicaciones se enraizaron en el proceso judicial y la obligaron a pasar un año en prisión. “Pese a que me habían dicho que tenía derecho a fianza, después dictaron un auto de formal prisión. Inventaron que tenía un camión de polvora conmigo”.

Las autoridades la interpelaron por su presencia en San Salvador Atenco. “Nos preguntaban las mismas cosas todo el tiempo, tratando de que nos equivocáramos. Pero en realidad era un absurdo, porque todos los policías por los que habíamos pasado si no nos habían agredido sexualmente, sí nos habían golpeado, insultado, y todos habían presenciado lo que nos ocurrió”, dijo a este medio.

Las  autoridades minimizaron públicamente las acusaciones de las mujeres de Atenco. Durante una conferencia de prensa, Claudia Hernández, una de las víctimas, señaló al ex Comisionado de la Agencia Estatal de Seguridad Pública, Wilfrido Robledo Madrid, de haberles llamado “mentirosas”.

En octubre del 2014 las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México pusieron a disposición de un Juez en Toluca a 20 servidores públicos por los hechos ocurridos en Atenco.

Se trató de 11 médicos que revisaron a las mujeres en el momento que estaban detenidas; ocho policías de la extinta Agencia de Seguridad Estatal, ninguno estatal; y un agente del Ministerio Público que omitió investigar la tortura.

La mayor parte de autores materiales e intelectuales sigue en la impunidad. A la fecha no hay ni un solo mando medio o superior en la averiguación previa por el caso.

“En el informe se está pidiendo que se investigue la cadena de mando. A todos. Porque estamos hablando de policía municipal, Policía Federa y la Agencia de Seguridad Estatal. Hasta donde pudimos ver y sabemos que no se mandan solos”, dijo Jiménez.

Aguirre Espinosa resaltó que de ahora en adelante el caso recorrerá una fase litigiosa que tomará todo el 2017, y se prevé que una sentencia pueda obtenerse en el 2018.

La violencia sexual está en el caso Atenco. Pero también en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, que llegaron a la CIDH, ejemplificó Aguirre. Tres de siete procesos que la CorteIDH ha recibido en contra de México han sido relacionados con abusos sexuales o contra la mujer.

“El uso de la violencia sexual sigue siendo común en México, y la práctica de tortura sexual no ha sido erradicada dentro de las prácticas que realizan las corporaciones de seguridad en México”, dijo el subdirector del Centro ProDH.