Cecilia Flores Armenta, la madre buscadora que envió un mensaje a los cárteles para poder seguir con la búsqueda de sus hijos, señaló que hasta la fecha ha tenido solo una llamada del Subsecretario Alejandro Encinas, ello luego de que desde Palacio Nacional dijeron que la buscarían para ofrecerle apoyo.
Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).- Cecilia Patricia sabe que dirigirse a los integrantes del crimen es el último recurso, uno no deseado. Al final, ellos son los causantes de su dolor por la desaparición de sus dos hijos, Marco Antonio y Alejandro.
Sin embargo, la desesperación por no tener una respuesta y vivir en un país con alta impunidad la orillaron a enviarle un mensaje al narco para que la dejen buscar a sus hijos. Cecilia lo hizo en Sonora, pero no ha sido la única madre que frente “a la indolencia” de las autoridades y la crisis de desaparición pide una tregua a los delincuentes para continuar con su búsqueda.
“Frente a la indolencia y la falta de apoyo no nos queda más que recurrir a eso. No nos queda opción porque la verdad hay mucha impunidad por parte de las autoridades estatales y nacionales”, platica la buscadora de Sonora en entrevista con SinEmbargo.
Cecilia Patricia Flores Armenta es líder y fundadora del colectivo Madres Buscadoras de desaparecidos de Sonora. El pasado domingo pidió a los líderes de los cárteles del estado, incluido Rafael Caro Quintero, que le permitan seguir investigando el paradero de sus familiares desaparecidos, aunque no haya justicia ni culpables.
A través de un video compartido en redes sociales, destacó estar en la necesidad de comunicarse con los líderes delictivos para pedirles que no desaparezcan ni maten a las buscadoras, pues no están en búsqueda de culpables, solamente quieren regresar a casa a sus hijos.
La líder de Madres Buscadoras de desaparecidos de Sonora, colectivo que fundó el 4 de mayo de 2019 cuando le desaparecieron a otros dos de sus hijos, actualmente se encuentra fuera de su estado natal, desplazada por la ola de amenazas que ha recibido desde julio de 2021, luego del asesinato de su compañera, Aranza Ramos, una joven que buscaba a su esposo desaparecido en diciembre de 2020.
“Tengo la necesidad de seguir buscando a mis hijos, por lo cual, me veo en la necesidad de pedirles a ustedes, los jefes de los cárteles de Sonora, Salazar y Caro Quintero y demás líderes, que no nos maten, que no nos desaparezcan, que no nos amenacen, que nos dejen seguir buscando a nuestros hijos, que no buscamos culpables, no buscamos justicia, lo único que queremos es traerlos de vuelta a casa. Tenemos la necesidad de traerlos porque buenos o malos, culpables o inocentes, para nosotros es toda nuestra vida”, expuso en el videoclip compartido en la cuenta de Twitter de Madres Buscadoras de Sonora, el 2 de enero.
Varios cárteles, incluyendo uno manejado por Rafael Caro Quintero —buscado en Estados Unidos por el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985–, han estado luchando por el control de Sonora y sus valiosas rutas de tráfico a Estados Unidos. Entre ellos están las dos principales facciones del Cártel de Sinaloa, una de las cuales opera a través de una banda local conocida como “Los Salazar”.
Frente a la petición de la madre, el lunes 3 de enero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció en su conferencia mañanera que en los lugares donde hay resistencias y amenazas a madres buscadoras, la Guardia Nacional puede acompañarlas.
Sobre el tema, el mandatario afirmó que la Guardia Nacional ya ha apoyado en Chihuahua y Guanajuato y afirmó que pediría al Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, que se ponga en comunicación con los colectivos de Sonora para ofrecerles apoyo ya que —afirmó— no hay ningún lugar de México en el que no puedan entrar.
La activista aceptó el apoyo y dijo estaba dispuesta a dialogar con el Presidente para que ayude al colectivo, sin embargo, demandó a las autoridades que no ofendieran su inteligencia y que ya no hubiera simulación. Para ello, al día siguiente, el 4 de enero, acudió a Palacio Nacional para buscar una reunión con el mandatario o con el Subsecretario Encinas y en sus redes sociales publicó una fotografía en la que se encontraba fuera del recinto para pedir la audiencia.
“Queremos hablar con usted. Pero sin ofender nuestra inteligencia, sin mentiras y sin simulaciones. Gracias”, escribió.
Cecilia platicó a SinEmbargo que ese mismo día las autoridades federales enviaron una comitiva de funcionarios del Mecanismo de Protección, pero que no estuvo presente Alejandro Encinas, quien le llamó hasta el viernes 7 de enero, sin embargo, hasta el momento, aseguró que no ha logrado audiencia con el Presidente ni con el Subsecretario de Derechos Humanos.
“El Presidente mandó rápido algunas personas para que nos atendieran y nos mandaron a una reunión al parecer con el Subsecretario Encinas, pero él nunca apareció. Nos atendieron otras personas de mecanismo federal”, comentó la buscadora.
Flores Armenta detalló que los funcionarios que la atendieron escucharon las peticiones que ella ha hecho desde hace tiempo, sin embargo, dijo que está igual que como llegó porque “los funcionarios me dijeron que no me pueden resolver las peticiones hasta que las resuelva Encinas”.
Hasta el momento @A_Encinas_R no se ha puesto en contacto con nosotras @lopezobrador_ , seguimos en la valla esperando ser atendidas como usted ofreció. @kiquinta @CRVillaQ @ONUDHmexico @CNDH @BeatrizGMuller @azucenau @AristeguiOnline @julioastillero @tvunam @lajornadaonline pic.twitter.com/XDXLofQEld
— Madres Buscadoras de Sonora (@buscadorasonora) January 5, 2022
La activista demanda que se realicen las investigaciones necesarias ante las amenazas que ha recibido y que se actúe de tal forma que ella pueda volver a Sonora para continuar con la búsqueda de sus hijos.
A Cecilia le han desaparecido a tres hijos. Alejandro, fue el primero que desapareció, en el año 2015 en Sinaloa. En ese entonces ella se dirigió a ese estado para buscarlo.
En el año 2019, el 4 de mayo, le desaparecieron a sus otros dos hijos: Marco Antonio, el mayor, y Jesús Adrián, el más pequeño de los tres, el cual, fue liberado por criminales el 10 de mayo de ese año en la Costa de Hermosillo.
“Cuando me entregaron a mi hijo Jesús Adrian, me hablaron y me dijeron que cerca de ese lugar (Costa de Hermosillo) iba a encontrar a mi otro hijo, Marco Antonio. Cuando yo acudí a buscar al lugar, en noviembre del año pasado, encontré 24 cuerpos, pero todavía no hay resultado de las pruebas de ADN; no debería de tardar tanto”, dijo.
La activista ha sido amenazada en múltiples ocasiones desde mediados del año anterior: la primer vez fue al poco tiempo de que su compañera Aranza Ramos fuera asesinada a balazos en Guaymnas, Sonora.
“Luego del asesinato a las 24 horas empecé a recibir yo llamadas o mensajes de perfiles falsos que me decían que yo era la que seguía, que la orden ya estaba dada por el ‘Jefe'”.
Frente a los amenazas, Cecilia llamó a defensores de derechos humanos para reportar su situación. Los activistas de inmediato le ayudaron para activar el mecanismo federal de protección y dejó Sonora.
“Yo pensé que iba a ser por poco tiempo, pero ya han pasado seis meses”, comentó.
A pesar del riesgo, Cecilia ha viajado en algunas ocasiones a Sonora para seguir la búsqueda de su hijo y de otras personas desaparecidas. Ella cree que localizó a su hijo en la brigada de búsqueda que hicieron en la Costa de Hermosillo en noviembre pasado en la Costa de Hermosillo.
La madre buscadora compartió que ha tenido que lidiar con la violencia institucional: la inacción, la simulación en el apoyo que se da a los colectivos, la pasividad de las fiscalías y el nulo apoyo para la búsqueda e investigaciones de las desaparecidas. Todo esto la orilló a tener que pedir al crimen organizado una tregua para que le permitan seguir con la búsqueda de sus dos hijos.
Cecilia denuncia que a su desesperación se suma “el nulo apoyo de las fiscalías para investigar” las amenazas de las que ha sido víctima y que la mantienen en estos momentos desplazada, cuando no debería de ser así porque ella no es la que ha cometido ningún delito.
“Yo no le debo nada a nadie, nunca le he hecho daño a nadie. No tengo porque estar huyendo ni tengo porque estar alejada de mi madre, de mi familia y de la búsqueda de mis desaparecidos”, destacó.
EL CASO DE DELIA
El tener que llegar al extremo de enviar mensajes al crimen organizado es un acto de desesperación al que, al igual que Cecilia, otras madres han tenido que recurrir para continuar con sus labores de búsqueda.
Abrumada por la búsqueda de su hermano, las escasas diligencias de las autoridades y desesperada por encontrar respuestas, a Delia e integrantes de su colectivo no les quedó de otra: pidieron permiso al crimen organizado de Tamaulipas.
Delia Quiroga Flores, activista y líder del colectivo 10 de marzo en Reynosa, también escribió una carta y publicó un video en donde solicitaba a la delincuencia una tregua y permiso para poder ingresar a un campo de exterminio en Tamaulipas para buscar a sus seres queridos.
La activista ha explicado que recurrir a esa alternativa es “humillante”, pero aclaró que son la impunidad y la corrupción las que orillan a los familiares de personas desaparecidas a tomar esas medidas.
“Imagínese que uno tenga que llegar a humillarse y sobajarse para poder encontrar lo que estamos buscando. Es lamentable que uno tenga que llegar a ese grado, pero ¿sabe qué? aquí en Tamaulipas los que mandan son los cárteles. Son ellos los que mandan, los que hacen, deshacen; los que deciden, porque la autoridad está ausente totalmente. No hay un estado de derecho”, narro la mujer en una entrevista con SinEmbargo desde el pasado mes de octubre.
