Ciudad de México, 9 de marzo (SinEmbargo).– El titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Mikel Andoni Arriola Peñalosa, se deslinda de los recientes señalamientos de organizaciones civiles que defienden la salud alimentaria, que acusan tanto a él como a la Secretaría de Economía de apoyar a nivel local e internacional a las grandes compañías de tabaco y a las empresas que inundan el mercado con comida chatarra y bebidas azucaradas.
El pasado 23 de febrero, SinEmbargo publicó dos documentos que la Secretaría de Economía (SE), a través de la Subsecretaría de Comercio Exterior y de la Unidad de Negociaciones Internacionales, presentó con argumentos en contra del etiquetado de semáforo establecido por Ecuador para productos dañinos para la salud de niños y adultos, como refrescos y panecillos altamente procesados y endulzados.
Esta defensa de las autoridades mexicanas no ha sido informada a los ciudadanos y, hasta donde se sabe, tampoco al Congreso. Pero son los mismos argumentos que utiliza la industria para defenderse de etiquetados y legislaciones más severas.
En entrevista con SinEmbargo, el funcionario de este organismo desconcentrado de la Secretaría de Salud señaló que estos oficios fueron firmados por personal de la Secretaría de Economía (SE), no de la Cofepris, instancia a la que sólo se le remitió copia.
Jurídicamente, los documentos no tienen la capacidad de frenar las políticas de los países mencionados. Para hacerlo, México debía comprobar las afectaciones al flujo del intercambio comercial con Ecuador y así, continuar con el proceso del Tratado Internacional, sobre el que justifica sus argumentos, así como revisar la reglamentación y las observaciones e, incluso, interponer demandas.
Pero la posición de México contra Ecuador sí tiene efectos puntuales: pone en evidencia al país, ante la comunidad internacional, como uno que defiende los argumentos de la industria a pesar de que es una de las naciones más dañadas por la obesidad, por ejemplo, o la diabetes y el tabaquismo.
Las organizaciones integradas en la Alianza por la Salud Alimentaria han señalado a Arriola Peñalosa como el “Príncipe de las Industrias”. Dicen que en la Cofepris existen conflictos de interés que se sobreponen a la protección del consumidor mexicano.
Cofepris regula el 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). De cada peso que se gasta en el consumo del país regula 44 centavos. Sin embargo, el Comisionado argumentó que los términos comerciales se salen de las facultades de la institución.
Negó el conflicto de interés: “Nosotros somos el Estado mexicano y estamos muy por encima de cualquier corporación, industria, compañía”, dijo.
Aseguró que este verano entrará en vigor un nuevo etiquetado en la comida chatarra y en refrescos y, por otra parte, que sólo falta la autorización del Congreso para que México cuente con un etiquetado genérico en las cajetillas de cigarros.
Arriola Peñalosa habló de las acusaciones de las organizaciones civiles, los medicamentos genéricos y de las responsabilidades que Cofepris, SE, la Secretaría de Salud e, incluso, el Congreso tienen en materia de informar al consumidor.
LA COFEPRIS A DETALLE
-¿De qué manera actúa la Cofepris para proteger al consumidor?
-En general, ha habido para el consumidor un especial énfasis en la Cofepris. El objeto jurídico tutelado de esta Comisión es proteger al consumidor, proteger al paciente. Estamos hablando que la política es precisamente la de proteger al paciente. En términos de medicamentos, por ejemplo, el incremento y la ejecución de la estrategia de genéricos en México en los últimos tres años ha podido reducir 61 por ciento el precio de los medicamentos. En 2010, el mexicano pagaba 2 mil pesos al año por medicamentos y hoy paga 700 y eso es precisamente por una política activa de incrementar la oferta de genéricos. Somos el país que más genéricos ha emitido en un periodo de tiempo determinado, 340 genéricos en tres años. Hemos podido ahorrar 20 mil millones de pesos, hemos incrementado la rapidez en la resolución de las solicitudes.
-¿Ha habido más aseguramientos de estos productos?
-Los incrementos en los aseguramientos de estos productos se han incrementado 67 mil por ciento, estamos hablando de que en 2010, se aseguraron en el mercado informal alrededor de 10 cajetillas de cigarros, hoy llevamos casi 2017 millones de cigarros asegurados en el mercado ilegal. La Cofepris, además de ser un regulador en términos de fijar cuáles son los límites de la acción de la autoridad en términos de normas, es un jugador muy importante en el comercio para atacar a ilegalidad en materia económica, que es un tema que en mercado de la salud tiene una gran importancia. También hemos podido incrementar de manera muy significativa las multas por publicidad. El año pasado cobramos 70 millones por publicidad engañosa, bajamos publicidad de productos que se anunciaban como “curativos” sin tener registro sanitario, afortunadamente esto ya no ocurre. Ya casi llegamos a los 10 mil anuncios suspendidos en todos los medios de comunicación.
-¿Qué ha sido más complicado, enfrentarse a estas mafias que comercializan productos ilegales o atacar los intereses de grandes empresas farmacéuticas con gran poder económico, como el caso de Genoma Lab, que tiene dinero para poder pagar espacios estelares en televisión?
-Yo creo que en el mercado ilegal, los compañeros, los verificadores tienen un riesgo físico porque cierran rastros, porque cierran centros de mezclado de alcohol adulterado, porque en conjunto con la Procuraduría General de la República (PGR) y con el Sistema de Administración Tributaria (SAT) aseguran cigarros; puede ser en las aduanas o en los tianguis. Eso requiere de una gran valor de nuestro personal y yo siempre procuro que vayan con las mejores condiciones de seguridad a hacer estos operativos. En el caso de la gran industria, nosotros regulamos siempre con un criterio y eso es lo que le decimos a las empresas. Nosotros no hacemos política económica ni política industrial. Protegemos al consumidor y en ese sentido, no atacamos ni generamos ningún juicio subjetivo, sino que lo único que hacemos es aplicar la ley, lo que a veces implica multar, a veces implica suspender, a veces implica que van a generarse menos ganancias para la industria.
-¿Qué se ha hecho en el caso de los medicamentos?
-En el caso de los medicamentos, con el esfuerzo de incrementar el acceso de la gente a ampliar la competencia, hemos generado crecimiento en el acceso: México en el 2009, en gasto de bolsillo, cada mexicano gastaba 50 centavos de cada peso que se gastaba en salud, hoy gasta 44, y eso no fue con cargo a limitar la oferta, al revés, fue con cargo a incrementar la demanda. También del gasto total en salud, los mexicanos gastábamos en medicamentos casi el 30 por ciento, hoy en tres años, gastamos el 27 por ciento. Esos son efectos directos a la economía de las familias que pasa porque la industria regulada tenga muy claro el papel del regulador, en términos de que vamos a dar transparencia a los procesos, la autoridad no puede ser arbitraria, con nadie puede serlo. Tiene que promover decisiones en pro del incremento en el acceso; eso al final del día beneficia a los consumidores. Aumentamos la exportación de productos mexicanos en los últimos años en 30 por ciento. Eso ha equilibrado la balanza comercial.
-¿Aquí cómo se cuida esa entrada de productos? Porque no solo interviene Cofepris, sino también es Agricultura, Secretaría de Economía; ¿de qué manera se está controlando en forma coordinada para que no ingresen al país productos que dañen al consumidor?
-Depende de qué tipo de producto. Por ejemplo, en medicamentos, en la importación de un producto tiene que mediar el registro sanitario de México, lo que implica que nosotros ya revisamos la ciencia del producto. También tiene que mediar un permiso de importación donde interviene la autoridad aduanera en conjunto con la autoridad sanitaria. En el caso de los alimentos, también se tiene porque presentar un certificado de un resultado de inocuidad del país de origen, y con ese certificado, un permiso de importación. En el caso de los cosméticos, tiene que presentar certificados de buenas prácticas de manufactura y un servicio de importación. Digamos que la carga regulatoria la puedes determinar por producto, pero en todos los casos, lo que preocupa, es que el país de origen verifique y certifique las buenas prácticas de manufactura. Estamos activos en el intercambio de trabajo con otras agencias. Por ejemplo, con FDA [U.S. Food and Drug Administration] tenemos un programa activo de exportación de pesquerías mexicanas, donde ellos certifican nuestras aguas, ellos certifican nuestra plantas, y nosotros también por ejemplo, podemos ir a revisar una planta de papaya en Minessota, o cualquier producto que sea importado a México.
-Pero cuando existen tratados comerciales de por medio, ¿aquí cómo se cuida que en aras de éstos y de la permisividad que hay entren al país productos que sean nocivos para el consumidor?
-Esa pregunta me permite contar una historia bastante breve. A partir de las reformas estructurales de los 80, cuando México ajusta su economía a un modelo de comercio exterior, se van desarancelizando los productos, vamos quitándoles aranceles a los que vienen y ellos nos quitan a nosotros de manera gradual. Viene el TLC [Tratado de Libre Comercio] y de los mecanismos de comercio exterior en el mundo, las únicas agencias que se quedan con facultades de emitir permisos de importación y exportación son las agencias sanitarias; entonces a nosotros no nos afectó esa desarancelización toda vez que se quedaron las facultades de Cofepris para emitir permisos iguales a los que estaban antes de las reformas estructurales. Nosotros recibimos alrededor de 600 mil trámites al año en la Cofepris, y el 14 por ciento, casi 200 mil, son de comercio exterior, son permisos de exportación y de importación. Entonces la Cofepris actúa de manera activa en el comercio exterior. Regulamos el 12 por ciento del comercio exterior de México con el mundo y por eso tenemos tal volumen de trabajo en las áreas que regulamos: agroquímicos, alimentos, medicamentos, cosméticos, cualquier cantidad de productos médicos, vacunas, dispositivos médicos… estos productos tienen un flujo muy activo de comercio y donde la Cofepris tiene siempre la última palabra.
EL AZÚCAR Y LA CHATARRA
-¿Cuáles son los criterios para permitir que un alimento entre o no entre al país?
-Afortunadamente en el mundo, a partir de la propia creación de la ONU [Organización de las Naciones Unidas] ha generado mecanismo que le han tratado de dar homogeneidad a los criterios, de inocuidad alimentaria. Hay un rasero homogéneo que tiene dos fuentes de creación y de modificación que es el Codex Internacional, un código muy amplio que se produce a partir de decisiones de la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), y de la FAO [Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura] y también criterios de alimentación. Ese código que adopta México es un poco el rasero internacional para documentar inocuidad, pero también es distinto a revises norma contra norma y que sea igual. Hay facultades de verificación directa de manufactura nacional e internacional. Nosotros tenemos una comisión de operación sanitaria y esa comisión es la auditoria sanitaria. Esa comisión puede ir a revisar cualquier planta de elaboración de medicamentos en México y puede determinar si están respetando las buenas prácticas de manufactura, sino lo hacen hay clausuras. También pueden intercambiar información con naciones con las que México tiene comercio para revisar esas buenas prácticas, pero siempre antes de la entrada de un nuevo producto a México de consumo humano, tiene que mediar un certificado de buenas prácticas. Ese es el elemento esencial para que a un producto se le puedan abrir las puertas. En el caso de los medicamentos hay un tratamiento mucho más rígido, que es que medie un registro sanitario y ese registro es donde se establecen las características curativas del producto después de haber sido revisado en su calidad y eficacia. Son procesos para obtener el registro sanitario de un medicamento innovador, son de 10 o 15 años, con inversión de 10 millones de dólares cada caso. Con los genéricos, tiene que tener la equivalencia.
-Regresando al tema de los retos y entrando al asunto de la comida chatarra y los alimentos azucarados, ¿cómo ha avanzado la política del etiquetado en estos productos, cómo lo define y cuáles serían los retos que vienen a corto plazo?
Tenemos las prevalencias más altas de los dos grandes problemas en el mundo. Si sumamos sobrepeso y obesidad, estamos alrededor del 70 por ciento de la población. Tenemos un grave problema. El diagnóstico es de todos conocido, y derivado de ese propio daño, el Presidente plantea una estrategia integral que consiste en generar elementos adicionales de salud pública para reforzar la vigilancia epidemiológica. Es muy importante poder identificar a las personas con sobrepeso, obesidad y diabetes para el sistema de salud. También es muy importante promover la salud, la educación. Ese es el primer eje que señaló el Presidente y es el que corre a cargo de la Secretaría de Salud (SSa), al igual que la atención y después la prevención médica, incrementar la capacidad de atención médica y con una mejor identificación de los casos. Ya si nos vamos al eje regulatorio, el Estado mexicano tiene la capacidad de acción en dos grandes áreas: en lo sanitario, que es generar las herramientas para que la población tome la mejor decisión de consumo, derivado de datos claros, que es el etiquetado; y la segunda, tiene la facultad y el reconocimiento de las cortes para poder intervenir cuando hay un grave riesgo sanitario de manera directa y es el caso de la regulación de la publicidad, donde el Estado interviene en el comercio para modificar una conducta que es posiblemente permisiosa para ciertos grupos de la población. Tiene un tercer elemento, compartido con el Congreso, que es plantear política fiscal. Podemos decir que México ya entra al grupo de países que regula con más acuciosidad el tema, primero en materia de etiquetado, que incluso va a entrar en vigor la norma en el verano, de no tener ninguna información en los envases a tenerla muy clara, primero, del contenido total de calorías por envase; segundo, el porcentaje que esas calorías representan de una dieta diaria, en el caso de los azúcares, en el caso de las grasas saturadas, en el caso del sodio, internacionalmente los valores que nosotros tenemos que señalar. Eso es una realidad y entrará en vigor ya en este verano. Hemos también generado una política en materia de publicidad enfatizando a la que más nos preocupa que es la dirigida a los niños. El horario infantil ya tiene una característica que no tenía la reforma que es un prohibición exprés, que en horarios infantiles no se pueden emitir publicidades de cuatro familias de productos con alto contenido calórico y también de todos los demás productos que rebasen un rasero de contenido calórico. Después tenemos un impuesto especial que mandó el ejecutivo al legislativo y que ellos aprobaron de un peso por litro en bebidas azucaradas. Se aprueba en el contexto de la Reforma Fiscal en el propio Congreso, un nuevo impuesto especial para desincentivar también el consumo de calorías vacías en productos comestibles.
– ¿Qué tan apropiada es esta regulación?
– Si comparamos el antes y el después de México, vamos a encontrar que nuestra regulación se parece muchísimo a lo que hacen los países que más han invertido tiempo y esfuerzo.
– El nuevo etiquetado que se va a implementar ¿ya tiene fecha?
-Sí, hay varias fechas de entrada en vigor. Como parte de la nueva regulación ya se han bajado la mitad de los anuncios relacionados con esos productos de la televisión y el cine. Estamos hablando de que en un año normal, en toda la programación, se generaron alrededor de 22 mil spots de refrescos, botanas, confitería y chocolates. Tenemos ya una muy clara reforma para entrar en vigor el año que corre, en julio, de cómo se van a ver los productos en el etiquetado. Los envases que más nos preocupaban, como reguladores, son los familiares. Si observan la racionalidad del impuesto, ¿por qué se establece un peso por litro? Porque lo que veíamos en los patrones de consumo es que se estaban vendiendo mililitros muy baratos. Empezabas con un refresco de 350 mililitros que era el precio mucho más caro por mililitro que uno de tres. Ese era un patrón anti sanitario, por lo que se establece un impuesto fijo por mililitro, no importa el tamaño.
-¿Qué es lo que va a cambiar?
-En la parte de etiquetado, antes de la reforma, nosotros podemos ver un envase de tres litros y lo único que nos va a decir son las calorías por porción, no obstante que este envase tiene tres litros, entonces lo único que se veía era 84 calorías y 4 por ciento, en azúcares, 21 gramos y decía 23 por ciento. Eso incluso da más confianza, entonces la gente podía pensar que tomarse tres litros de refresco representaba un consumo de 4 por ciento de calorías, lo que totalmente engañoso. Hoy lo que vamos a ver que el envase nos va a decir que son tres litros, que la energía total son mil 260 calorías y que es el 350 por ciento de la ingesta diaria.
-¿Quién hace las etiquetas de los productos, cómo es ese proceso?
– Antes de la reforma no hubiera podido responder esa pregunta porque solamente existían normas oficiales mexicanas que establecían requisitos de la etiqueta, pero no establecían la forma en la cual se deben expresar. Con la reforma se generan dos decretos: el primero, el de etiquetado, que establece por la vía sanitaria que a norma en materia de economía que es igual a la de etiquetado después de la reforma, y la vía de salud, que lo que hace el Ejecutivo por decreto es decir los valores que se van a expresar en las etiquetas y se va a expresar la información de esta manera, para que no exista un tramo de subjetividad en la forma en que se presentan los nutrimentos. Hoy, después de la reforma, hay un decreto del Ejecutivo donde se establecen los requisitos de las etiquetas.
-Le preguntaba eso porque, de acuerdo con una solicitud de información, se hizo público que las etiquetas fueron realizadas por dos abogados y una doctora en ciencias ambientales, lo que decían que era erróneo que estuviera en manos de pocas personas y que tuvieran poca relación con el tema. ¿Quién hace las etiquetas?
-Ya había escuchado ese argumento y se me hace una preocupación natural y que estoy obligado a responder desde el inicio y la naturaleza de esta institución que es un órgano desconcentrado de la SSa, que tiene una propia ley orgánica. Nosotros tenemos un mandato del Congreso para efectos de básicamente hacer tres cosas, fomentar la protección contra el riesgo sanitario, regular para que la protección sea una realidad y tercero, generar acciones cuando no se cumplen. Son básicamente nuestras tres grandes facultades. En este organismo, distinto a quiénes son los que redactan, se hacen diagnósticos de manera propia y que también se comparte información de diagnósticos, se compara la regulación existente en otros países, las mejores prácticas con lo que existía en México, entonces nosotros sí hacíamos un contraste de lo que estaban haciendo, por ejemplo, los europeos y lo que estamos haciendo en México, naturalmente nos teníamos que acercar a lo que están haciendo los europeos, porque aquí sólo había autorregulación y, cuando hicimos ese ejercicio nos damos cuenta que con prevalencia de la obesidad y sobrepeso, teníamos que actualizar nuestra regulación. Nosotros emitimos regulación, la proponemos y estamos cuerpeados por la SSa que hubo que generar la directriz para poder modificar nuestras normas. Trabajamos con la Subsecretaría de Prevención, con el Instituto Nacional de Salud Pública, con el Instituto nacional de Nutrición, con diversos actores, muchas ONGs, y una vez que se tuvo lista esta política, tuvo que pasar por un proceso de revisión previsto en la Ley General de Procedimiento Administrativo. Esa ley ordena que todas las iniciativas y los documentos que en su momento se hagan coactivos conforme a los reglamentos, tienen que pasar por consulta pública. Estos decretos y los lineamientos pasaron por consulta pública a partir de la Cofemer [Comisión Federal de Mejora Regulatoria] a disposición de toda la población sin ninguna excepción durante los plazos de la propia ley. El producto de la propia ley que firma el Presidente ya es el resultado de un planteamiento que hace Cofepris enriquecido por la evidencia local e internacional, mejores prácticas internacionales, comentarios de todos los interesados y desde luego, una revisión rigurosa en lo jurídico de la Consejería Jurídica de Presidencia de la República.
EL TEMA DE LAS ETIQUETAS
-Insistiendo un poco en el tema el etiquetado, ¿qué tan importante es para combatir los problemas de salud que mencionaba al principio? ¿Por qué acercarnos a los estándares de Europa y no a los de Ecuador que ahora es un ejemplo a nivel internacional de buena información a sus consumidores?
-De qué sirve el etiquetado: es parte de la solución del problema. Los consumidores enfrentan en muchos mercados problemas de información asimétrica, donde ellos saben menos que el que produce el producto y para eso está el Estado, para resolver esos problemas del mercado, para obligar al productor a ser claro respecto a los ingredientes y a manifestarlo así. Nosotros no habíamos agotado todas nuestras facultades, precisamente para obligar al productor a ser claro y se nos estaba generando un problema. El ángulo que resuelves con etiquetado es buena información para que el consumidor tome una buena decisión, eso es un poco la teoría y la lógica de la política. Al carecer de una norma mexicana obligatoria, de un reglamento, no estábamos obligando a los productores a hacerlo.
-¿Qué tipo de proceso se ha seguido para escoger el etiqueta más adecuado para el consumidor?
-Hay cuatro escuelas de pensamiento en materia de etiquetado en el mundo y hay que revisar su evolución respecto a los efectos. Son el “panel nutricional” que es el que utilizan Estados Unidos y Australia y que México también utilizaba de manera muy desordenada; el “etiquetado frontal” que utiliza la Unión Europea, Canadá, España, Colombia, Chile y ahora, México; los “GDA” también es un etiquetado frontal; y el “semáforo”, que hasta donde nosotros tenemos evidencia, en el momento en que planteamos la reforma, la información que había en el mercado era neutral. México no tenía la combinación de dos cosas. De esa combinación sí hay evidencias de que ha influido en el consumo y en generar mejores decisiones de consumo y eso sí tiene que ver con el decremento de la masa corporal, ahí sí hay evidencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE]. Lo que México hace es optar por el etiquetado frontal y el GDA para que quede clara la información. No desacreditamos ninguno de los otros dos mecanismos, adoptamos uno para efectos de medirlo en el tiempo porque hay que decir que ya se constituyó el observador de la reforma, que además recae en una instancia independiente, que es la Universidad Autónoma de Nuevo León y es la encargada de generar los indicadores de resultados, porque hoy no existe muchísima evidencia. Éstas nuevas políticas son relativamente jóvenes. De todos los países que mencioné, el que más lleva se remite a los primeros años de la década de los 2000. Entonces estamos revisando nuestra política de etiquetado, pero también estamos obligados a medirla, no está escrita en piedra. Si el etiquetado de semáforo en Ecuador genera evidencia de que hay correlación con la pérdida de peso, o la baja en las prevalencias de diabetes, tendremos que adoptarlo nosotros y al revés. Para eso está el observador, que nos dará el pulso tanto nacional como internacional para precisar, eliminar, poner, fortalecer o de plano eliminar correlaciones que eran intuitivas pero que no existen.
-¿Cómo va a trabajar este observatorio?
-Con datos del sistema de salud, que le provea la SSa, revisará las encuestas nacionales de salud que elabora el Instituto Nacional de Salud Pública y va a tener la capacidad propia de generar indicadores adicionales. Tiene toda la flexibilidad para emitir recomendaciones. Además su estructura permite que organizaciones no gubernamentales, que actores del sector social, público y privado, puedan intervenir.
-Si esto está regulado, si de alguna manera está auditado, por decir, ¿por qué hay tantos cuestionamientos de organizaciones civiles?
-Yo no sé por qué haya tantos cuestionamientos, pero nosotros estamos obligados a contestar uno por uno en la medida que tengamos evidencia científica. Hay, desde luego, un problema evidente de explosión en el sobrepeso, en la obesidad y en la diabetes, que nos cuesta casi una tercera parte del presupuesto de salud anual, y a partir de esos números crecientes, de la década de los 70 y 80 y hasta hoy, hay que decir que no ha dejado de crecer la prevalencia y que el primer objetivo es poder estabilizar el crecimiento. Los cuestionamientos son válidos y fortalecen el debate. Nosotros estamos obligados a contestarlos con la evidencia que tenemos.
-Estos cuestionamientos, continuamente lo ligan a la defensa de los intereses de las empresas.
-Es totalmente falso que yo defienda empresas. Yo soy el regulador sanitario y mi mandato es la protección contra riesgos sanitarios. No encuentro tampoco ninguna evidencia en esos señalamientos; encantado también de poder contestar uno por uno, si es el caso, pero en la Cofepris lo que sí tenemos es evidencia de que le hemos generado cada vez mejores condiciones al consumidor en los precios de los insumos, en la información que tiene al alcance para tomar mejores decisiones de consumo, en las sanciones que le hemos generado a los propios actores privados y no encuentro ningún elemento que pueda señalar, desde ningua instancia del Gobierno de la república se favorece a ningún actor de cualquier categoría. Tampoco podemos discriminar desde sector social, público, privado, las propias organizaciones de la sociedad civil. Enfáticamente te digo que no es cierto.
-Con el tema de Ecuador, los cuestionamientos iniciaron o más bien, se incrementaron a partir de la publicación de un documento que la Secretaría de Economía en contra del etiquetado semáforo, con argumentos comerciales. Eso se contradice un poco con lo que usted ha estado comentando sobre la lucha contra la publicidad, la información contenida en los productos. El documento marca copia a la SSa y a Cofepris.
-Es totalmente falso que nosotros hayamos influido en una posición en la cual no tenemos ninguna facultad para influir. Una cosa es que nos marquen copia en un documento y otra, que la facultad que tiene el Estado mexicano para ser representado en paneles y foros de comercio internacional sea de la SE y los argumentos que vierte son totalmente comerciales, nosotros no nos hemos posicionado al respecto de cuál es la mejor política local para controlar la publicidad y el etiquetado, esos sería ir mucho más allá de nuestras facultades, no tenemos elementos para debatir si es bueno o malo el semáforo, porque incluso no hay evidencia fresca de que haya generado efectos negativos o positivos. Nosotros no hemos ido a ningún panel, no hemos aportado ninguna información a la SE en ningún caso, para defender un tema de carácter comercial. Nos marcaron copia, pero no tenemos facultades de comercio exterior en ese sentido, distintos a dar comercio de importación o exportación. No me parece correcto que se ligue a la Cofepris a un procedimiento meramente de comercio exterior, donde se hace valer argumentos de violaciones por nuevas políticas de etiquetado, por violaciones a derecho de los agentes económicos, nosotros no participamos ahí.
-¿El azúcar daña o no daña la salud de los mexicanos?
-Yo creo que daña y tenemos que alertar que no puede superar, diariamente, cierto porcentaje.
Daña más dependiendo de los índices de consumo, te acerca más a la obesidad, al sobre peso y a la diabetes.
-Se lo pregunto porque estas organizaciones comentaron que usted en foros internacionales ha señalado que no existen argumentos científicos para ligar el consumo de azúcar con daños a la salud de la población…
-Me gustaría revisar la declaración. Estoy seguro que no lo dije en ese contexto, creo que otra vez, en la medida en que el consumidor sepa que el azúcar es dañina y tiene un tope diario, tendrá un mejor control de su consumo y estará más lejos del riesgo de enfermar con sobrepeso, obesidad o diabetes. Mi posición solamente se basa en la evidencia que tengo a la mano. Jamás me atrevería a emitir un comentario respecto a la cualidad positiva o negativa de un producto si no tengo las pruebas.
-De acuerdo con el argumento de organizaciones, ¿podría ser que el Ejecutivo por una parte esté sobreponiendo los argumentos comerciales por sobre la protección del consumidor con este tipo de documentos?
-Yo creo que los funcionarios que llevan esas posiciones a esos foros, las llevan porque tienen argumentos en lo comercial. Yo los desconozco, no es mi terreno el hacer valoraciones, ahí tendrían que dirigirse a esos funcionarios. Nosotros tomamos una decisión de política pública que dice cuál es nuestro modelo de etiquetado y nosotros no se lo vamos a tratar de imponer a ningún país y tampoco osaríamos a recomendar en qué sentido tendría que ir la decisión de otro país en materia de etiquetado. Si hay casos de éxito, desde luego los tomaremos en cuenta. Qué bueno que me preguntas eso para que quede claro, no tenemos nada que ver con ese procedimiento.
-Está también el tema del tabaco. La SE emitió un documento dirigido a Australia que criticaba de algún modo el empaquetado genérico de los cigarros, ¿no estaría también el Gobierno contraponiéndose a una mejor política? ¿en México cómo está avanzando el empaquetado de cigarros?
– La pregunta me permite reiterar que en ese proceso, la Cofepris no tuvo absolutamente nada que ver y que ahí sí hay una métrica muy clara para la Cofepris que el Legislativo estableció, la Ley General del Control del Tabaco, que establece varias obligaciones; una de ellas son los pictogramas, las leyendas y se establecen las características de tamaño, caras de la cajetilla, comercialización de espacios libres de humo. Ese mandato está en la ley, incluso las características de las cajetillas y si el tema que me platicas de Australia tiene que ver con algún comentario en términos de etiquetado o de pictogramas, yo creo que hay que remitirse a la Ley y la Cofepris lo único que revisa es, en ese sentido, que el punto de venta se cumpla. Si nosotros revisamos por cierto, llevamos 107 millones de cigarros asegurados, muchos de ellos por no cumplir pictogramas, tenemos que asegurar que eso se cumpla. Otra vez, desconozco esos argumentos en materia comercial respecto de Australia pero nunca, por facultades, ni por naturaleza jurídica de esta institución, tendríamos nosotros que estar opinando en paneles internacionales donde la controversia es estrictamente comercial.
-¿Las sanciones a las tabacaleras por el incumplimiento de la política de los pictogramas cómo ha sido?
-Hay una diferencia entre los decomisos que estamos haciendo en las fronteras con las sanciones que generamos a nivel local por incumplimiento a la publicidad o a los pictogramas. Cofepris sólo sirve como ventanilla para mandar a Cofemer los pictogramas, no tenemos facultades de política pública para fijarlos, no nos lo da la ley. Es una gran herramienta el pictograma para que yo, cuando lleguen los cigarros a la aduana, a partir de la información que me da la Administración General de Aduanas, llegue al punto y ahí ordene el aseguramiento y destrucción. Es una gran cosa la que nos dan los pictogramas, sino tendríamos que dejarlos pasar y tendríamos que ir a buscarlos. ¿Por qué nos fuimos 500 por ciento arriba en tres años? Porque las decisiones fueron ir a atacar el contrabando al punto de llegada. Hoy tenemos abiertos seis procedimientos a las tabacaleras por violar las condiciones rigurosas para publicitar sus cajetillas. En la parte externa, inhibimos que llagaran seis millones de cigarros.
-¿Cómo es la relación con las empresas tabacaleras que emprenden demandas contra países como Australia y Uruguay para frenar el empaquetado genérico?
-La relación es legal, pero nosotros somos el Estado mexicano y estamos muy por encima de cualquier corporación, industria, compañía… A nosotros no nos importan las órdenes de magnitud, el capital, si infringen las normas sanitarias van a ser sancionadas porque el Estado mexicano tiene el imperio de la ley. La relación es legal, no podemos ser arbitrarios porque estaríamos extralimitándonos en nuestras funciones, pero no vamos a permitir que ninguna corporación por grande que sea o por internacional que sea, se pase por encima de nuestras leyes.
-Por lo que nos explica, está debidamente distribuido el trabajo de quién hace qué en materia de todas estas normas de etiquetados. ¿Entonces por qué todas estas quejas de las organizaciones civiles llevan a la Cofepris?
-Porque la Cofepris, ciertamente, es la que firma los criterios secundarios, conforme a los decretos en materia de publicidad y etiquetado y nosotros somos los que legalmente enviamos los proyectos a Cofemer, eso es lo que yo explicaría. La Cofepris no está sola en la generación de política pública, somos un órgano desconcentrado de la SSa y desde luego no tenemos la facultad de manera unilateral de fijar criterios. En general en lo procedimental, nosotros somos los que enviamos los proyectos, somos los que reciben los proyectos, somos los que contestan. Pero estos decretos los firmó el Presidente y los lineamientos a la publicidad y etiquetado fueron de firma mía por una facultad delegada.
-¿México podría aspirar a tener un empaquetado genérico en las cajetillas de cigarro?
-A mí me encantaría, pero tiene que pasar por el Congreso, tendría que modificarse la Ley General del Tabaco. Todo lo que se haga a favor de bajar el consumo de tabaco, nosotros lo vamos a apoyar de manera incondicional como hemos apoyado la reciente reforma de comercialización de muestras médicas, donde ya se establecen delitos de carácter grave federales, nosotros acompañamos esa iniciativa. También estamos apoyando, muy ilusionados, la promulgación de la reforma en materia de tabaco del Congreso, donde ya se prohíban los espacios para fumar, eso sería muy bueno para el país en materia sanitaria. Si se plantea esto, desde luego estaremos de acuerdo.
-De avanzar un empaque genérico, ¿México estaría preparado para enfrentar una posible demanda de una empresa tabacalera?
-Por supuesto, porque el Poder Judicial, con los actos de protección sanitaria ha tenido siempre un criterio muy respetuoso. No nos asusta ni cómo se llamen ni de dónde vengan. Nosotros tenemos el mandato de ley para hacer cumplir la protección sanitaria.
