Hasta ahora, sólo tres estados de han declarado la Alerta de Género. Ante la ola de feminicidios, grupos civiles y legisladores de oposición acusaron al Estado de ser incapaz de responder con celeridad y proteger a las mujeres. En cambio sí se ha cuidado la reputación de los gobernadores. ¿Como se manipulan los procesos de la Alerta de Género?

Ciudad de México, 9 de mayo (Sinembargo) .- Los gobiernos estatales se han encargado de cooptar a los grupos de trabajo que dan seguimiento a las solicitudes de Alerta de Violencia de Género (AVG) en el país, refirieron legisladores y grupos civiles. Puebla es el caso más reciente denunciaron, donde 31 mujeres han perdido la vida en los primeros cinco meses del año, el 62 por ciento de todos los casos registrados en 2015.

El Gobernador panista de Puebla, Rafael Moreno Valle, se ha encargado de entorpecer los procesos de conformación de los comités que emiten recomendaciones contra la violencia de género en el estado, apuntaron grupos civiles y partidos de oposición.

Lourdes Pérez Oseguera coordina el Observatorio de Violencia Social y Género (OVSG) de la Universidad Iberoamericana Puebla, una de los pocos esfuerzos institucionales en la entidad de registrar la violencia desde el año 2010 a la fecha.

Después de percatar anomalías en el proceso de convocatoria para integrar dicho grupo de trabajo, Pérez denunció a este medio que su conformación resultó ser una “simulación”.

“Concursamos para el equipo especializado analizar lo de la solicitud de la Alerta de Violencia de Género. Mi compañera Rosario Arrambide y yo trabajamos desde hace muchos años el tema y mandamos toda nuestra documentación, para conformar este grupo de académicas. Pero nos enteramos posteriormente, porque conocemos a las compañeras elegidas, que ellas ni siquiera concursaron”, refirió Pérez.

De acuerdo con el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), el grupo multidisciplinario que se conforma después de la solicitud de AVG, debe estar integrado por un representante del Instituto Nacional de las Mujeres, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Conavim), un representante del mecanismo para el adelanto de las Mujeres; y cuatro académicos, al menos dos deben ser del estado.

“A una de las elegidas le llamaron por teléfono, y bastó con una carta de su Rector, avalando su participación, y la otra compañera, no es académica, está en una organización no gubernamental, supuestamente, de la que no está claro, si recibe dinero del Gobierno para el trabajo de seguridad. No cuenta con una trayectoria como conocedora de derechos de las mujeres. Es bastante indignante y decepcionante, porque entonces solamente es una simulación. Y yo al menos, como persona ya estoy cansada de eso, de este gobierno que ratifica convenios y tratados, y cuando se trata de hacer este trabajo de manera seria y objetiva”, apuntó Pérez.

Los puestos de académicos locales fueron ocupados por la historiadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Elva Rivera Gómez, y la abogada Catalina Aguilar Oropeza.

“Se supone que deberían ser especialistas, pero no lo son. Podrán ser sensibles, y todo, pero su especialización no es prevención de la violencia, no han hecho investigación sobre violencia a la mujer. Ya desde ahí eso está extraño, por qué eligen a estas personas y hacen todo lo necesario para que no lleguen los papeles de los demás especialistas”, dijo Vianeth Rojas Arenas, directora del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr).

Vianeth Rojas, quien ha estado atenta al proceso, aunque no es participe en ello, explicó que de acuerdo con el reglamento de la LGAMVLV, el comité tiene un mes para emitir recomendaciones con base en la situación de la violencia y después será el Gobierno de Moreno Valle el que decida si las acepta.

Si bien la directora desconoce hasta qué punto la escasa presencia de grupos críticos pueda resultar en recomendaciones que beneficien al Gobernador, sí aclaró que el proceso de convocatoria presentó anomalías.

“Hicieron dos convocatorias, por qué, eso ya de por sí dice que algo está extraño. Las salieron en la página del Conavim y del Instituto de la Mujer. Eso implica de que haya una ambigüedad de cuál es la correcta. La ley dice que debe haber una convocatoria no dos”, conjeturó Rojas.

En general, el proceso está a voluntad política, refirió. “De quienes lo eligen [al comité], a quienes lanzan la convocatoria, del estado poblano para implementar las recomendaciones”, agregó.

DIEZ AÑOS REZAGADOS

De la misma forma que sucede en puebla, la conformación de estos grupos interdisciplinarios en todo el país han derivado en problemas en el resto del país, apuntaron legisladores de oposición. La Senadora independiente Martha Tagle Martínez consideró que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia mantiene fallas de hace 10 años.

“En ese entonces encontramos una serie de resistencias. No habíamos podido implementar ninguna alerta, porque el tema estaba politizado, ningún Gobernador lo permitía, y por eso hubo necesidad de cambiar el mecanismo, porque quienes formaban el Sistema Nacional [de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres] siempre protegían al Gobernador”, recordó la legisladora.

Si bien una serie de reformas al reglamento de la LGAMVLV en el 2008 ampliaron la posibilidad a que las solicitudes de una Alerta de Género fueran hechas por más actores y ciudadanos, los grupos interdisciplinarios aún arrastran resquicios de inclinarse hacia los intereses de los gobernadores.

“Los gobernadores siguen buscando evadir y minimizar el tema. Es urgente replantear no sólo la Alerta de Violencia de Género, sino revisar la ley en su conjunto [LGAMVLV]. Desde hace 10 años se cuenta con recursos etiquetados para esta ley, y en los resultados aún vemos evidencia de la violencia sexual, física, y los diferentes ámbitos”, refirió Tagle.

La Diputada de Movimiento Ciudadano, Candelaria Ochoa Ávalos, apuntó que en las condiciones actuales los grupos de trabajo multidisciplinarios que analizan las solicitudes de AVG carecen de todas las herramientas para emitir recomendaciones puntuales.

“Se supone que por ley la conformación del grupo es un grupo especialista. Sí tiene legitimidad lo que el grupo haga, sin embargo, tenemos de repente muy poco tiempo para hacer el estudio [un mes]”, acusó.

A esas condiciones también se suma que la ley en la materia mandata la actualización constante de datos al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres. Sin embargo, esto, en la práctica, no se cumple. “Las procuradurías no lo hacen, y no tenemos datos sobre todos los tipos de violencia”, dijo.

AVGS: “BOTÍN POLÍTICO”

El 29 de julio del 2015, fue decretada por primera vez una AVG en el país, en 11 municipios del Estado de México. A casi un año de este hecho, poco ha cambiado la vida de estas personas, aseguró el Senador del Partido de la Revolución Democrática Luis Sánchez Jiménez.

Sánchez ve en el Presidente Enrique Peña Nieto una línea de indiferencia para atender la problemática que vive la mujer. “En el Edomex desde que Enrique Peña Nieto era Gobernador se negó a la Alerta de Género, se opuso a que se aplicará en el estado pese a las evidencias de un serio problema de violencia.

Finalmente, se dio la Alerta por la presión social y de partidos. Sin embargo, las cosas siguen exactamente igual”, lamentó. La oficina de la Organización de las Naciones Unidas alertó el mes pasado que en México alrededor de 15 mil denuncias por violación son registradas al año en el país. Sólo el 20 por ciento recibe sentencia. De acuerdo con un estudio que analiza cifras de 1997 al 2014.

En México siete mujeres pierden la vida diariamente. “El problema es que si se sigue viendo el tema como un asunto de uso político, yo me opongo, la muerte por violencia de género está costando más vidas que la influenza. Y hemos tenido más situaciones de emergencia y alerta ante la influenza que en el caso de la violencia de género”, dijo Tagle.

En Morelos, donde también existe la Alerta de Género, organizaciones civiles de han acusado al Gobernador, Graco Ramírez Garrido Abreu, de que no han actuado de manera urgente a solucionar las fallas en la implementación.

“El Gobierno [de Morelos] debe tener muchas excusas, lo que vemos es una cuestión de simulación. Hemos tenido dos reuniones con gente del Gobierno, pero vemos que dilata mucho, que hay acciones que están encaminadas haciendo reformas a la Ley para dar cumplimiento a la Alerta de Violencia de Género; sin embargo, son muy lentas las acciones […] Se trata de una situación de emergencia, y podemos decir que muchos de estos feminicidios [que se han suscitado en los últimos seis meses] se hubieran evitado, si se hubiesen aplicado correctamente todas las medidas “, explicó en su momento a Sinembargo Paloma Estrada Muñoz, Integrante de la Comisión Independiente de Los Derechos Humanos de Morelos (CIDHMORELOS).

Según la organización, en la implementación existen fallas en la coordinación entre instituciones estatales para erradicar la violencia de género -o falta de atención a mujeres-. Otro problema es la falta de castigo: en la única sentencia lograda en los últimos seis meses, sólo se le dio siete años de prisión al feminicida.

Refirió que falta acompañamiento de las autoridades federales y no hay sanciones a funcionarios estatales que no están cumpliendo con la Alerta.