La semana pasada se vivió en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal un capítulo que refleja con claridad nuestra vida pública. Ese cuerpo legislativo, encargado por definición de crear leyes para armonizar la convivencia ciudadana, alteró la balanza de la justicia. Y como siempre, con cargo al ciudadano a nivel banqueta.
El tema son mil millones de pesos ($1,000’000,000) que siempre no irán a obras y servicios para la comunidad, porque los asambleístas de 9 de los 10 partidos ahí presentes decidieron que se apliquen a “Comisiones”, que por cierto se repartieron ellos dejando fuera a Morena. ¿Por razones ideológicas? No. Por dinero.
Esa cantidad tiene como destino los bolsillos de los asambleístas. Son comisiones, viajes, el seguro de gastos médicos mayores y “apoyos extraordinarios”, rubro intencionalmente ambiguo que se traduce en privilegios personales que se pagan sacrificando inversiones de interés social: educación superior, educación media, pensión alimentaria para adultos mayores, conservación de zonas ecológicas, etc.
Desafortunadamente este es sólo un pequeño ejemplo de los escándalos de corrupción que sangran al país sin parar. Semana tras semana podría llenarse este espacio repitiendo sólo los encabezados de los informativos que reportan hechos de corrupción grandes, pequeños, rebuscados, descarados, solitarios, masivos, aislados o recurrentes. La Casa Blanca, la Constructora OHL, el número 43, el nombre de Carmen Aristegui, por citar algunos ejemplos, son temas que han minado la imagen de México en el globo y la credibilidad de nuestro gobierno. México pasó del “México dream” a Ayotzinapa, como dijo Viridiana Ríos, directora del Observatorio México Cómo Vamos, “por los inesperados casos de corrupción que han aflorado a lo largo del sexenio”.
Y no se trata de abstractos, sino de concretos: en el dictamen de la reforma a la ley de aguas se introdujo “a última hora” (¡otra vez la maldita chapuza!) una modificación que deja a criterio de la Conagua en qué porcentaje puede participar la iniciativa privada en infraestructura, explotación, distribución, facturación y cobro de agua potable al usuario final, según lo estipulado en un reglamento interno que está vedado a los legisladores.
En este país, paraíso de la subcontratación “outsourcing”, de una deuda pública en franco ascenso, con el petróleo en el peor estado de su historia y una seguridad social en ruinas, Carlos Salinas de Gortari hace su reaparición en el Westin Santa Fe, con motivo del foro de The Economist, para que a él sí lo vean y lo oigan. Una idea recurrente en su participación fue que su gestión no provocó la crisis, sino las decisiones de otros; que no empezó con el arranque del TLC, sino con la devaluación del peso. En una forma y en otra insistió en que ha sido incomprendido, estereotipado.
Los hechos de la vida social de nuestro México no son sólo noticias, comentarios, temas de charla, causa de asombro. Son eso: hechos. ¿Hasta dónde se puede aguantar el hambre? ¿Hasta dónde puede aguantarla una persona si no tiene qué comer ni tampoco esperanza de conseguirlo? ¿Hasta dónde, si además tiene la responsabilidad de alimentar a su familia? ¿Hasta dónde puede aguantarse la urgencia de gritar su desesperación?
Pero en este México de hoy, el que se queja pierde: es anarquista, subversivo, atenta contra el orden social y es castigado conforme a la ley… o al margen de ella, pero castigado al fin.
