Hasta ahora, la estrategia del Gobierno mexicano no es clara y, lo que es peor, pareciera totalmente fallida. Foto: Dassaev Téllez Adame, Cuartoscuro

El tema de la seguridad es quizás el principal desafío en la frontera norte de México a un año del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Justo al celebrarse este aniversario se conocieron, con mayor detalle, los hechos ocurridos el 30 de noviembre en el municipio de Villa Unión, Coahuila donde murieron por lo menos 25 personas. En esta ocasión, elementos de las fuerzas del orden fueron emboscados por miembros de la “Tropa del Infierno”, brazo armado del Cártel del Noreste (una célula que se desprendió de lo que fueron Los Zetas). A este ataque se sumó un tiroteo contra las instalaciones de la Presidencia Municipal de Villa Unión. Además, habitantes de la comunidad reportaron, a través de redes sociales, la presencia de grupos armados y balaceras en distintas zonas del municipio.

Este terrible incidente se añade a los múltiples acontecimientos violentos que se registraron en la frontera norte de México durante el primer año de Gobierno de López Obrador (llamado también el Gobierno de la Cuarta Transformación o 4T). Destacan, en particular, la masacre de las familias mormonas en la frontera entre los estados de Sonora y Sinaloa y los múltiples enfrentamientos en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas que involucran a grupos armados del Cártel del Noreste, algunas células del Cártel del Golfo y miembros de las fuerzas del orden. En esta violenta e importante ciudad tamaulipeca se conjuntan diversos problemas, desde alegados actos de paramilitarismo que se explican por supuestas ejecuciones extrajudiciales, hasta el secuestro de migrantes—e incluso la desaparición del director y un colaborador de un albergue de migrantes, quienes fueron privados de su libertad por hombres armados.

Las ejecuciones y los enfrentamientos entre grupos armados son frecuentes en todos los estados fronterizos de México. Estos acontecimientos reproducen por sí mismos el ciclo de la violencia en el norte del país y esta dinámica parece no tener fin. Al mismo tiempo, y derivado de la respuesta de las fuerzas del Estado, se registra la fragmentación de grupos que un día tuvieron un control regional de los mercados de droga. Hoy por hoy, las actividades criminales/ilícitas de estos grupos se han multiplicado, al igual que las células criminales que operan en el norte de México, las cuales se va desprendiendo de grupos que antes operaban regionalmente y que estaban bien organizados. Actualmente, no es fácil diferenciar a los grupos criminales que operan en la frontera. Identificamos múltiples células que bien podrían aliarse inclusive con las fuerzas del Estado, como parece ser el caso de Tamaulipas (https://www.sinembargo.mx/16-09-2019/3646401). Se ha perdido la cuenta de todos los grupos armados que van causando destrozos, muerte y violencia; entre ellos se encuentran múltiples células del Cártel del Golfo y de lo que fueron los Zetas; operan también el Cártel de Sinaloa, el CJNG y grupos como la Línea, Gente Nueva, Los Salazar, Los Jaguares, entre muchos otros.

El panorama de seguridad en los estados fronterizos de México durante el primer año del Gobierno de AMLO parece ser bastante problemático. Pero lo más trágico resulta ser la aparente ausencia de una estrategia clara para enfrentar este problema. En lugar de aminorarse, la violencia en México parece recrudecerse, al punto en el cual algunos actores, incluyendo incluso gobernadores fronterizos y miembros de la sociedad civil—en su desesperación algunos y otros quizás con mala intención—han pedido la intervención del vecino país del norte. En esta coyuntura, que representaría para el Presidente estadounidense grandes réditos políticos en un momento crítico, se ha (re)planteado recientemente la intención de denominar a los mal-llamados cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras (FTOs por sus siglas en inglés). Por ahora, Estados Unidos ha decidido no hacer efectiva la amenaza, pero ha dejado abierta esta posibilidad. Los efectos de una acción de este tipo podrían ser bastante negativos.

¿Qué hacer entonces ante este panorama tan delicado?

La situación es efectivamente compleja y existen muchos intereses en juego. Está, por un lado, el actual Gobierno de López Obrador que heredó una difícil situación, la cual se salió de control por una estrategia de seguridad fallida y doce años de militarización. Por el otro lado, se encuentra una oposición resentida que parece creer que su sobrevivencia política se sustenta en el fracaso de la llamada 4T. Juegan también en contra de México: negocios criminales transnacionales, grandes intereses en el sector energético y un Presidente estadounidense que enfrenta un proceso de destitución (impeachment) y una elección clave en el 2020 en la cual el tema de México podría también ser determinante como lo fue en el 2016.

No obstante lo anterior, y ante la muy difícil situación de seguridad en el país, no está México del todo perdido pues Andrés Manuel López Obrador goza de una amplia popularidad, lo cual le da un gran margen de maniobra para intentar mantener el orden y la gobernabilidad. En este contexto—bastante favorable para el mandatario mexicano—es posible delimitar con toda claridad las prioridades y trabajar en establecer una estrategia efectiva de seguridad, generando instituciones, haciendo una verdadera reforma policial y mejorando los mecanismos de coordinación interinstitucional y entre los diferentes órdenes de Gobierno.

Es preciso que el Gobierno de la 4T delimite sus acciones en un plan concreto, estableciendo prioridades que deberían enfocarse en tres áreas fundamentales: 1) completar la reforma policial a través de una formación completa y de una asignación clara y efectiva de funciones de la Guardia Nacional; 2) un enfoque en el combate al lavado de dinero y a la corrupción en temas de delincuencia organizada; y 3) mejorar la coordinación entre las agencias seguridad y la coordinación entre los estados y el Gobierno federal.

Este último punto es crucial; no se puede combatir el problema sin que los gobernadores de oposición cooperen con el Gobierno Federal. El caso de Tamaulipas es emblemático y muy problemático en este sentido. El conocido periodista de Torreón, Javier Garza Ramos, en un tuit del día sábado 6 de diciembre se extraña de la ausencia de operativos de fuerzas federales en Tamaulipas y Nuevo León contra el peligroso Cártel del Noreste (véase https://twitter.com/jagarzaramos/status/1203100937532915712). En la región noroeste de México la situación en muy compleja pues no se trata únicamente de ir contra un grupo de la delincuencia organizada. Existen otras peligrosísimas células criminales cuyo negocio fundamental no son las drogas, sino es infligir terror para extraer rentas a la sociedad. Y lo que es peor, eventos recientes nos muestran algunas evidencias de posibles actos de paramilitarismo en el estado.

Es preciso mejorar la capacidad de investigación de las autoridades mexicanas y fincar responsabilidades cuando así se requiera. En el caso de que los gobernadores no deseen colaborar, la situación es mucho más complicada. Las autoridades estadounidenses no pueden coordinarse directamente con los gobiernos estatales, dado que la situación de inseguridad y delincuencia organizada en el norte de México constituyen temas de seguridad nacional. La coordinación debe suceder al interior de México. Por su parte, se requiere además de un enfoque de fortalecimiento institucional que incluiría acciones específicas en otras áreas como la de comunicación social, sistema penitenciario, procesos judiciales, desarrollo de las policías locales, seguridad ciudadana, entre otras.

Hasta ahora, la estrategia del Gobierno mexicano no es clara y, lo que es peor, pareciera estar destinada al fracaso; algunos la consideran fallida. En general, pareciera ser que, al igual que en las dos administraciones anteriores, la (denominada) guerra emprendida para luchar contra la extorsión y la delincuencia organizada en México es totalmente improvisada y, por lo tanto, está destinada a fracasar. Es preciso que el Gobierno de la llamada 4T actúe cuanto antes y de forma efectiva para enfrentar el que pareciera ser uno de los mayores retos en este momento. Y este reto se visibiliza, y presenta probablemente sus peores síntomas, en la frontera norte de México.