El hecho de que un producto, como la Coca-Cola, que tiene un fuerte impacto en la salud de la población mexicana, se apropie, en los hechos, de la Navidad, en complicidad con las autoridades de varias ciudades de la Republica, es una violación de los derechos de la infancia, de acuerdo a lo establecido por la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de Naciones Unidas por la Infancia.

La caravana publicitaria navideña de Coca-Cola que toma las principales avenidas y plazas de un gran número de ciudades del país, habla del grado de penetración de esta empresa y sus embotelladoras en la sociedad mexicana y su contubernio con los poderes políticos. Esto ocurre en un país que presenta la mayor cantidad de muertes por diabetes en relación a su población, solamente superado por algunas islas que no producen la mayoría de sus alimentos y los importan.

Se estima que mueren alrededor 140 mil personas anualmente en México por diabetes y 40 mil se relacionan directamente al alto consumo de bebidas azucaradas. Esos son los muertos, ¿cuántas son las personas que sufren enfermedades crónicas por el alto consumo de azúcar a través de estas bebidas? Se estima que uno de cada dos niños y niñas mexicanos, nacidos a partir del año 2010, va a desarrollar diabetes a lo largo de su vida. Y en ello juega un papel fundamental el alto consumo de azúcar. La responsabilidad de las bebidas azucaradas, que por mucho Coca-Cola es la de mayor consumo, se puede observar si consideramos que el 70% de azúcar que se consume en la dieta de los mexicanos es a través de estas bebidas. Tómese usted 10 cucharadas cafeteras de azúcar en una sentada, en unos minutos, cada día, y será un buen candidato a muchas enfermedades, esta es la cantidad en una botella de 600 mililitros.

No es por ninguna otra razón de que una de las principales recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de UNICEF para proteger la salud de la infancia y de la población en general sea dejar estas bebidas. De ahí viene la insistencia en prohibir la publicidad de estos productos dirigida a la infancia, de prohibir su presencia en las escuelas, de establecerles impuestos. En este contexto, ¿por qué las autoridades municipales de las ciudades de Aguascalientes, Guadalajara, Tepic, Culiacán, Mexicali, Tijuana, Chihuahua, Torreón, Saltillo, León, Cuautla, Puebla, Xalapa, Tuxtla, Mérida, Toluca y la alcaldía de Iztapalapa han autorizado estos actos publicitarios en que la refresquera se apropia de la navidad y sus símbolos en nuestra sociedad del hiperconsumo? ¿Por qué se le permite a esta empresa tomar las calles principales de estas ciudades para publicitar un producto que genera un daño a la salud, en una acción cuyo mayor destinatario son las niñas y niños?

¿Quién sufre la mayor asociación del consumo de este producto con el llamado espíritu navideño?, ¿quién tiene la mayor atracción afectiva a la figura de Santa Claus? Para las niñas y los niños estas caravanas quedan impregnadas tanto en su consciente como inconsciente, la navidad y Santa Claus se vuelven sinónimo de Coca-Cola y no podrá faltar en la mesa familiar. No hay publicidad más persuasiva para la infancia que asocia el consumo de la bebida con la navidad y sus símbolos. La Real Academia de la Lengua Española dice de la navidad: “En el mundo cristiano, festividad anual en la que se conmemora el nacimiento de Jesucristo” Pensemos en lo que esto significaría en otra religión, lo que significaría la apropiación de una figura fundadora para la publicidad dirigida a menores de un producto no saludable. Y existe la otra dimensión del producto, su dimensión altamente adictiva por el alto contenido de azúcar y su mezcla con cafeína.

La Convención de los Derechos de la Infancia establece que en la formulación de políticas y procesos deben garantizar que los intereses comerciales y de otro tipo, no se le dé prioridad sobre el interés superior del niño. Distingue derechos humanos que son afectados por la comercialización de alimentos: el derecho a la salud, el derecho a alimentación adecuada y nutritiva.

El Comité de los Derechos de la Infancia de Naciones Unidas ha señalado que los gobiernos deben proteger a niñas y niños limitando su acceso a alimentos no saludables con altos contenidos de azúcares, grasas, sodio y, de la publicidad de estos productos dirigida a ellos.

Los municipios que están permitiendo estas caravanas, no sabemos si solamente a través de permisos o si éstos se obtuvieron con acuerdos económicos legales o ilegales, están contribuyendo a la explotación comercial de la infancia como lo establece el Comité.

Los municipios que han dado autorización a estas caravanas están contribuyendo a la explotación publicitaria de las infancias. Para fundamentar lo dicho, cito al propio Comité que destaca que existe el derecho fundamental de niñas y niños a no ser explotados. Este derecho incluye a la publicidad como forma de explotación:

“Las prácticas de publicidad manipuladora promueven ganancias económicas aprovechándose de la vulnerabilidad de niñas y niños, incluyendo sus emociones y su limitada capacidad para procesar y evaluar información”.

Los municipios señalados están siendo cómplices de la explotación comercial de nuestras infancias.

Alejandro Calvillo

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Sociólogo con estudios en filosofía (Universidad de Barcelona) y en medio ambiente y desarrollo sustentable (El Colegio de México). Director de El Poder del Consumidor. Formó parte del grupo fundador de Greenpeace México donde laboró en total 12 años, cinco como director ejecutivo, trabajando temas de contaminación atmosférica y cambio climático. Es miembro de la Comisión de Obesidad de la revista The Lancet. Forma parte del consejo editorial de World Obesity organo de la World Publich Health Nutrition Association. Reconocido por la organización internacional Ashoka como emprendedor social. Ha sido invitado a colaborar con la Organización Panamericana de la Salud dentro del grupo de expertos para la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia. Ha participado como ponente en conferencias organizadas por los ministerios de salud de Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Chile, así como por el Congreso de Perú. el foro Internacional EAT, la Obesity Society, entre otros.

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