¿Dónde están los archivos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN)? Esa es la pregunta que nos hacemos historiadores, politólogos, víctimas de la violencia estatal y ciudadanos. Nos lo preguntamos en serio. Llevamos años buscando por aquí y por allá. Y no debería ser así: existe una instrucción de apertura y transparencia del Presidente López Obrador que no podría ser más explícita. 

El 28 de febrero de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo presidencial nítido y claro. En éste se instruía a todas las oficinas de Gobierno a transferir al Archivo General de la Nación (AGN) “la totalidad de los documentos históricos que posean y que se encuentren relacionados con violaciones de derechos humanos y persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales […]”. El acuerdo pretendía dar cumplimiento a una vieja promesa de campaña del presidente quien, conviene recordarlo, fue víctima del espionaje del CISEN durante su carrera como opositor. Ni más ni menos. 

A tres años y medio de la instrucción publicada en el Diario Oficial, ésta ha sido incumplida, entre otras instituciones, por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), sucesora del extinto CISEN. Es así. No hay espacio para matices ni para dudas. 

¿Por qué son importantes los documentos del CISEN, hoy CNI? Se trata de la institución que sucedió a la Dirección Federal de Seguridad (DFS, 1947-1985), organización desde la cual el Estado mexicano centralizó, dirigió y canalizó, durante décadas, gran parte de la represión política de nuestro país. Esto incluye casos de tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales. Conocer los archivos del CISEN y de sus organizaciones predecesoras ofrece una ventana desde la cual se observan las caras más obscuras del régimen político del pasado —y, mucho me temo, también del presente. 

Hay tres tipos de documentación que el CNI debería haber entregado al AGN y, con ello, a la sociedad mexicana: 

En primer lugar, los documentos faltantes de la Dirección Federal de Seguridad (DFS, 1947- 1985). Si bien, parte del archivo histórico de la DFS fue entregado al AGN a principios del milenio, lo cierto es que investigadores independientes han identificado faltantes en la documentación originalmente entregada. En algunos casos se trata de documentos que en algún momento estuvieron en el AGN, pero que, a la fecha, ya no se encuentra en tal archivo; esto, a pesar de estar asentada en distintos catálogos. ¿Cómo es posible esto? Increíblemente, durante 16 años, entre 2002 y 2019, personal del CISEN gestionó el fondo de la DFS en el AGN. Eran los amos y señores del fondo documental. Decidían qué entregar y qué no entregar. En enero de 2019, con el cambio de Gobierno, fueron obligados a retirarse. Al irse es probable (no hay otra explicación coherente) que se llevaran cientos de expedientes que pudieran serles problemáticos en el futuro. Esto incluye documentos relacionados con el levantamiento zapatista y a la conformación de la Brigada Blanca. La hipótesis del saqueo hormiga de documentos clave no es sólo verosímil; también es probable. 

En segundo lugar, el CNI debería desclasificar los documentos de la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional (DGISEN, 1985-1989), otra de las instituciones predecesoras del CISEN. Esos documentos nunca fueron transferidos al AGN. Por último, el CNI tiene posesión del archivo histórico del CISEN que contempla el periodo de 1989 en adelante y que incluye documentación clave, entre otras cosas, del asesinato de decenas de militantes del PRD desde 1988. 

A pesar del referido acuerdo presidencial publicado en febrero de 2019, hasta la fecha, el CNI sólo ha entregado un expediente al AGN. Se trata del expediente relativo al asesinato del periodista Manuel Buendía en 1984. Una sola caja con 10 legajos, conformada por 816 fojas más 315 negativos y seis fotografías. Es todo. Una triste caja en cuatro años. 

Al no entregar los archivos, el CNI no sólo viola el acuerdo presidencial de 2019; también incumple la Ley General de Archivos (LGA). La LGA dispone que cualquier información que haya cumplido 30 años desde su fecha de producción, es decir, hasta 1993, deberá ser transferida para consulta pública al Archivo General de la Nación. No se ha hecho. Por último, y con esto voy cerrando, el CNI tampoco cumple el decreto presidencial del 6 de octubre de 2021 por el que se crea la Comisión de Acceso a la Verdad (COVEHJ) y que autoriza a su personal para acceder a documentos históricos relacionados con su investigación. 

Hace dos semanas el GIEI anunció su salida motivada, en gran parte, por la reticencia de las Fuerzas Armadas y del CNI a entregar información relevante sobre el caso Ayotzinapa. Hoy la Comisión de la Verdad de la mal llamada Guerra Sucia (1965-1990) está en una situación similar. Sin acceso a documentación del CNI y de otras instituciones, su mandato de esclarecer eventos clave del pasado se ve entorpecido. 

Digámoslo como es: El CNI está en incumplimiento de tres marcos legales: un acuerdo, un decreto presidencial y la Ley General de Archivos (LGA). Eso es, sin embargo, lo de menos. Al incumplir con las leyes, el CNI coloca al presidente López Obrador en una falta aún más grave: a su palabra dada a las víctimas del periodo de Guerra Sucia el 11 de diciembre de 2021 en la Ciudad de Chihuahua, en el marco de la Creación de la Comisión de la Verdad. Testigos hubo cientos. Estoy seguro que todos recuerdan. 

Carlos A. Pérez Ricart

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Carlos A. Pérez Ricart es Profesor Investigador del CIDE. Es uno de los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (COVeH), 1965-1990. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y una licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Entre 2017 y 2020 fue docente e investigador posdoctoral en la Universidad de Oxford, Reino Unido.

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