Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo).– La Policía Federal detuvo al ex Subsecretario de Finanzas de Guerrero, Víctor Ignacio Hughes Alcocer de 63 años, por el presunto desvío de 287 millones de pesos, mismo delito que enfrentan Carlos Mateo Aguirre Rivero y Luis Ángel Aguirre Pérez, hermano y sobrino del Gobernador de Guerrero con licencia, Ángel Heladio Aguirre Rivero, quienes fueron arrestados ayer y hoy se encuentran en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, en el Estado de México.
Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) informó esta tarde que además de Víctor se detuvo a su hijo, Víctor Felipe Hughes Acosta, de 37 años de edad y a Henry Paul Hughes Alcocer, de 47 años de edad en la Ciudad de Acapulco, Guerrero, presuntamente en una discoteca cuyos propietarios son los Hughes, en cumplimiento de la orden de aprehensión girada por el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales, en el Estado de México, por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita.
Víctor Felipe Hughes Alcocer fue secretario particular de Ángel Heladio Aguirre Rivero cuando fue Senador de la República. También fue candidato a Diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Acapulco. Ayer, junto a los familiares de Ángel Aguirre, fueron arrestados cuatro de sus parientes: Paulo Ignacio Hughes Acosta; Mauricio Francisco Hughes Acosta, Alejandro Carlos Hughes Acosta, Jorge Eduardo Hughes Acosta.
En la revisión que SinEmbargo realizó en noviembre de 2011 de la nómina del gobierno de Aguirre Rivero aparecen los nombres de algunas de estas personas. Es el caso de Carlos Mateo, Luis Ángel Aguirre y de Paulo Ignacio Hughes Acosta.
En el reportaje publicado se informó que por lo menos 93 familiares directos de Ángel Heladio; de su Secretario General de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, así como del titular de la Secretaría de Finanzas, Jorge Silverio Salgado Leyva, tenían una plaza en el gobierno del estado.
De Carlos Mateo se dijo que era coordinador general del Ejecutivo Estatal, con número de nómina 48.128 y un sueldo de 109 mil 722 pesos. Fuentes locales dijeron a SinEmbargo que el hermano de Ángel Aguirre era una especie de Vicegobernador, que era “el número dos de la entidad”.
Se informó que entregaba obras de infraestructura urbana a nombre de su hermano, que es dueño del “Rancho San Carlos”, donde se cría ganado suizo. Mateo Aguirre fue también director de Administración de los Servicios Estatales de Salud cuando su hermano fue Gobernador Interino de Guerrero, entre 1996 y 1999, luego de que Rubén Figueroa Alcocer solicitara licencia para separarse del cargo, como consecuencia de la matanza de campesinos en Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, según consignó Julio Hernández en su columna “Astillero” del diario La Jornada.
A Carlos Mateo le llamaban el “Señor Diez Por Ciento”, por la influencia que ejerció en materia de contratos durante la primera administración estatal de su hermano, según consta en investigaciones reveladas por El Sur de Acapulco.
También se dio a conocer que Luis Ángel Aguirre Pérez, era director A general en la oficina del Gobernador con un sueldo de 32 mil 382 pesos. De Paulo Ignacio Hughes Acosta se informó que era Jefe de Departamento de Normatividad y Desarrollo Sustentable en el Ayuntamiento de Acapulco con Manuel Añorve. Su número de nómina era 48620.
La tarde de ayer, Tomás Zerón de Lucio, Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, dio a conocer en una conferencia de prensa sobre las detenciones.
Explicó que estas personas sin tener vínculo corporativo o relación comercial con empresas que obtuvieron contratos de obra pública en el estado de Guerrero, recibieron durante los Ejercicios de 2012, 2013, 2014, recursos provenientes del erario público local y federal en sus cuentas bancarias personales.
Zerón de Lucio dijo que familiares de estos ex servidores públicos, relacionados con estas operaciones ilegales, fungen como representantes legales, apoderados y autorizados en las cuentas bancarias en las diversas empresas, a través de las cuales se operaba el desvío de recursos.
Refirió que el monto de los recursos hasta ayer detectados que fueron triangulados entre enero de 2012 y septiembre de 2014, a través de las empresas Constructora Travesa S.A., de C.V., Comercializadora 2003 S.A., de C.V., y Comercializadora Topacio S.A., de C.V., ascienden a la cantidad de 287 millones 12 mil 594 pesos.
El funcionario federal dijo que las entidades de ámbito local y federal, de las cuales se obtuvieron los recursos públicos hacia las empresas que, a su vez los canalizaron a cuentas personales, fueron: Comisión Federal de Electricidad, Banobras, Tesorería de la Federación, Comisión Estatal del Agua, Consejo Estatal de Seguridad Pública, Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del estado de Guerrero.
