No han sido legitimados por ninguna autoridad. Sin embargo, al gobierno y a especialistas les preocupa el crecimiento de grupos de autodefensa en México y, en especial, saber quiénes los proveen con armas de alto poder.

Ciudad de México, 11 de marzo (SinEmbargo).– A principios de enero pasado, un grupo de pobladores del municipio de Ayutla, en Guerrero, llamó la atención de los procuradores de justicia en todos los niveles y de los medios nacionales e internacionales. Habían detenido, por su propia cuenta, a 40 personas a quienes acusaban de formar parte del crimen organizado y pretendía someterlos a “juicio popular”.

El grupo, armado con rifles y herramientas de campo, instaló retenes y se autoproclamó responsable de la seguridad de su comunidad. Al poco tiempo, otras comunidades de Guerrero siguieron su ejemplo y, hasta ahora, se han contabilizado 17 grupos en el estado. El fenómeno no es exclusivo de Guerrero, se repite en la zona centro-sur del país como Michoacán y Oaxaca, pero también se conocen casos en Jalisco, Tamaulipas, Veracruz y Chihuahua.

Los grupos se han llamado “grupos de autodefensa” o “guardias comunitarios”; sin embargo, no han sido legitimados por ninguna autoridad. El Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria de la Costa Chica y Montaña de Guerrero se ha deslindado de estas acciones pues, asegura, que no han sido asignado bajo el debido proceso.

En Guerrero operan, desde los años 90, policías comunitarios que se rigen bajo las reglas locales, que son elegidos democráticamente y que son conocidos por todo el pueblo. No obstante, esto no sucede con los grupos de autodefensa, quienes se han nombrado a sí mismos procuradores de la justicia, están armados y se mantienen en el anonimato, “condición que debe alertar a las autoridades”, dice Erubiel Tirado Cervantes, maestro en Ciencias Políticas por la London School of Economics y profesor investigador en la Universidad Iberoamericana.

Sobre el origen de sus armas, los grupos de autodefensa en Guerrero, y algunos de Michoacán, se han respaldado en el artículo 9 de la Ley Federal de Armas y Explosivos, en el que se establece que los ejidatarios, comuneros y jornaleros que no habiten en zonas urbanas podrán poseer rifles y escopetas los cuales deberán estar estrictamente registrados. De acuerdo con ellos, las armas que portan son las mismas a las que tienen derecho de uso  y que utilizan en su trabajo diario, por esa razón, también portan picos y machetes.

Sin embargo, se ha advertido –con más frecuencia en Michoacán que en Guerrero– que las armas que portan algunos miembros de estos grupos son rifles AK47 y metralletas R15, armas semiautomáticas diseñadas para uso exclusivo del Ejército ruso y estadounidense en años 50 del siglo pasado. Ambos modelos se pueden adquirir legalmente en Estados Unidos e ingresan al mercado negro de México, donde son unas de las armas más comunes en los grupos del crimen organizado. En 2011, se aseguraron más de 4 mil  armas de este tipo en el país, según datos del Woodrow Wilson Center.

EN BUSCA DE MECENAS ARMAMENTÍSTICOS

En Michoacán, el gobierno municipal de Buenavista Tomatlán, presentó el 28 de febrero pasado una denuncia formal contra los grupos de autodefensa que se han formado en la región de Apatzingán y a cuyos miembros se les han detectado rifles AK47 y R15. Una semana después  fueron detenidas 34 personas que, de acuerdo con la Procuraduría General de la República, tenían nexos con el cártel de Jalisco Nueva Generación, que opera en los estados de Jalisco, Colima y Michoacán. Según investigaciones de la PGR, el crimen organizado ha estado armando a los grupos de Michoacán.

“Este fenómeno es algo que debemos diferenciar. Algunos de los grupos no necesariamente están armados con armas de alto poder, sino con rifles y escopetones viejos, rústicos, armas que les pertenecen”, expone Tirado, quien destaca que cualquier grupo armado desafía a la autoridad.

Para deslindarse del crimen organizado, los miembros de los grupos de autodefensa argumentan que las armas de alto calibre que portan son las que han asegurado durante sus retenes. Sin embargo, Jesús Reyna García, secretario general de Gobierno de Michoacán, denunció que en Buenavista un grupo de autodefensa despojó de sus armas a policías del municipio.

Pero una posible relación con la delincuencia organizada no es la única arista que se debe analizar sobre el origen de las armas, plantea Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, experto en Seguridad y director general de México Seguridad: “Los municipios donde se han levantado estos grupos coinciden con las zonas de acción de grupos subversivos de los años 60, dirigidos por Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, donde tradicionalmente han estado armados y se sabe de luchas entre los propios pueblos”. Esos movimientos derivaron en los grupos guerrilleros Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) que tienen su influencia mayoritariamente en la Costa Chica de Guerrero y en las montañas.

El EPR y el ERPI están bajo la mira de las Fuerzas Armadas pues, según un reporte de la Secretaría de Marina revelado a finales del año pasado, los grupos se están armando con lanzacohetes, granadas y armas automáticas y semiautomáticas de alto poder. Dicho reporte destaca como zona de alta influencia la región de Ayutla, San Marcos y Copala.

“Curiosamente estos grupos (de autodefensa) han aparecido mayoritariamente en zonas donde por muchos años han operado organizaciones armadas clandestinas con móviles políticos e ideológicos”, coincide José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, en un análisis publicado en la página web del Consejo.

AÚN LEJOS DE COLOMBIA

El acceso a las armas, sin importar su origen, debe alertar a las autoridades, quienes legitiman a estos grupos al aceptar y promover reuniones de negociación, critica Rodríguez Sánchez Lara y destaca que “aún no es un problema de Seguridad Nacional”, como lo fue en Colombia.

En los años 90 del siglo XX, el gobierno colombiano no sólo legitimó sino promovió a grupos de autodefensa que se organizaron para enfrentar, decían, a los grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el el Ejército Popular de Liberación (EPL). Sin embargo, lograron financiarse y conseguir sus armas gracias al apoyo de narcotraficantes y ganaderos. En 2009, un estudio de la Fundación Ideas para la Paz detectó que casi todas las armas de estos grupos provenían de Europa del Este y que, gracias a un fraude cometido por militares colombianos, pudieron importarse miles de armas de uso exclusivo del Ejército. En 2006 se habían recuperado casi 20 mil armas que estaban en manos de estos grupos.

Con lo que sucedió en Colombia, “la autoridad debe tratar de forma inteligente lo que sucede con las autodefensas”, dice Tirado.

En Colombia, el acceso a los recursos permitió que los grupos de autodefensa se transformaran en grupos paramilitares de extrema derecha que violentaron los derechos básicos de las comunidades. Los grupos pasaron a ser otro factor de la inestabilidad de la seguridad colombiana junto con las guerrillas y los narcotraficantes.

“No estamos viendo grandes cantidades de dinero en México como lo vimos con Colombia, pero sigue en pie la pregunta: ‘¿Quién los financia?’”, dice Rodríguez Sánchez Lara. “El riesgo está en que siga la tendencia al acceso de armas de asalto que utiliza la delincuencia organizada. Preocupa, sí, las que tienen, pero preocupa más que quieran adquirir más armas distintas a sus rifles de caza. ¿Quién se las va a proporcionar?”.