Con tres votos en contra y cuatro a favor, el Tribunal Electoral –sujeto al Poder Judicial– revocó el dictamen del INE –órgano autónomo– y le pidió registrar bajo “supuestos” a Jaime Rodríguez Calderón como candidato independiente a la Presidencia, pese a sus múltiples irregularidades, así como darle 10 días al otro candidato independiente, Armando Ríos Piter, para revisar sus firmas catalogadas como inválidas.

No es la primera vez que ambas instituciones electorales no coinciden y el Tribunal da revés a determinaciones del órgano electoral: en noviembre pasado validó la elección del priista Miguel Riquelme como Gobernador de Coahuila, pese a los señalamientos de rebase de gasto de campaña, y en diciembre dio luz verde al reparto de tarjetas o monederos electrónicos cuestionados desde las elecciones de 2012. Especialistas consultados por SinEmbargo lo atribuyen a los fines políticos de los magistrados que integran el TEPJF.

Ciudad de México, 11 de abril (SinEmbargo).– Las diferentes determinaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) –órgano autónomo– y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) –sujeto al Poder Judicial– dejan un ambiente de desconfianza y cuestionada credibilidad hacia las instituciones electorales a 12 semanas de las elecciones, coincidieron especialistas.

Algunas de las últimas sentencias “cuestionables” o “inadecuadas” del Tribunal –como los resultados en Coahuila, la validez del reparto de tarjetas de apoyo, o el registro de dos candidatos independientes aún bajo investigación– han echado para atrás las resoluciones previas del órgano electoral por afinaciones políticas o falta de diálogo, expusieron los expertos.

José Antonio Crespo, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), politólogo y doctor en historia, dijo en entrevista que “en el INE hay una bancada del PRI que está formada por cuatro de los 11 consejeros electorales y no son mayoría. En cambio en el Tribunal Electoral también hay una bancada del PRI de cuatro de siete magistrados que sí son mayoría favorable al PRI; de ahí los puntos de vista divergentes que corresponden más a criterios políticos”, por lo que es necesario rediseñar la institución.

Crespo aseguró que “quizás es válido” argumentar que el INE no le dio el derecho de una audiencia al candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón para revisar las firmas, pero, consideró, debió determinar que las recibiera el órgano electoral en los próximos días para brindarle la reposición, mas no darle el registro para la boleta presidencial “porque no queda claro que haya tenido el número de firmas que exige la Ley”.

Respecto al último dictamen de la máxima instancia jurisdiccional en materia electoral, “El Bronco” agradeció a Dios y Armando Ríos Piter dijo que la lucha independiente está viva.

El 7 de octubre de 2017, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, Gobernador de Nuevo León, entregó en el Instituto Nacional Electoral su solicitud de registro como aspirante a candidato independiente a la Presidencia para la elección del 1 de julio de 2018. Foto: Adolfo Vladimir, Cuartoscuro

Para el analista político José Antonio Crespo, la intención política más que jurídica era “restarle votos” al candidato puntero Andrés Manuel López Obrador, “porque ‘El Bronco’ se presenta como un candidato antisistema, pero el efecto va ser el contrario: va a llevar a debilitar más el voto antiLópez Obrador”. El académico de El Colegio de México (Colmex), Sergio Aguayo, determinó en Twitter que buscan quitarles votos a López Obrador en el norte, zona que gobernó “El Bronco” y en la que el morenista no lidera en las preferencias.

En noviembre del año pasado, la magistrada presidenta de la Sala Superior del TEPJF, Janine Otálora Malassis, aseguró que para preservar su neutralidad las instituciones electorales deben mantenerse por encima de la disputa por el poder político y su única guía debe ser la Constitución y los valores democráticos. El magistrado José Luis Vargas Valdez sostuvo que no existe “desencuentro” entre ese órgano jurisdiccional y el INE, ya que cada una tiene distintos roles constitucionales y atribuciones. “Así está construida la arquitectura electoral mexicana, de tal forma que unos ejecuten y otros revisemos lo ejecutado”, afirmó.

El Consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello, por su parte ese mes, sostuvo que en materia de justicia electoral, la multiplicidad de enfoques “nos recuerda una y otra vez que es indispensable que todo sistema democrático cuente con la presencia de órganos imparciales en donde se resuelvan las controversias” y eso requiere que “tomen distancia” de los actores de las contiendas. Ayer martes Córdova anunció que el INE acatará la sentencia y eso provocará el rediseño de la boleta electoral, modificaciones en el debate presidencial, así como en la repartición de spots.

LOS 3 VOTOS EN CONTRA

El 23 de marzo el Consejo General del INE determinó que el aspirante a candidato independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, no reunió el porcentaje de apoyo ciudadano válido establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que le negó el registro. Pero la madrugada del martes 9 de abril, la Sala Superior del Tribunal Electoral, con cuatro votos a favor y tres en contra, revocó ese dictamen basado en una “posibilidad”, “válida presunción” y al haber considerado que “no se respetó” la garantía de la audiencia en el proceso de revisión de firmas, por lo que instruyó a la autoridad electoral registrar a “El Bronco”, ex Gobernador de Nuevo León.

Los tres magistrados de la Sala del Tribunal Electoral que votaron en contra del registro de “El Bronco” fueron la presidenta de la Sala, Janine Otálora, Felipe de la Mata Pizaña y Mondragón Reyes Rodríguez. Otálora dijo durante su argumento del voto que como autoridades no pueden permitir que “cualquiera que aspire a un cargo de inicio realice acciones que cuestionen su ética y compromiso con la democracia”. Y agregó que “los ciudadanos merecemos que quienes aspiren a ser líderes políticos representen lo más altos valores de la civilización actual”.

Los cuatro magistrados que votaron a favor fueron Felipe Fuentes Barrera, José Luis Vargas, Indalfer Infante González y Mónica Aralí Soto Fregoso. En diciembre, el magistrado itamita José Luis Vargas también votó a favor de la entrega de tarjetas durante las elecciones, como la de “Avanzar Contigo” de la campaña del candidato priista José Antonio Meade Kuribreña o las pasadas Soriana o Monex en las elecciones de 2012 y la Tarjeta Rosa o la Efectiva en la jornada electoral del Estado de México.

Leonardo Núñez González, politólogo por el CIDE, expuso en entrevista que el problema fue que la decisión del Tribunal Electoral se basó “en un formalismo legal en un extremo bastante peligroso”. Lo que hizo la mayoría de la Sala fue “asumir bajo un principio de buena fe” que el aspirante contó con los apoyos válidos suficientes y que el INE no revisó todos, sólo una muestra.

“Bajo esa suposición construyeron una argumentación bastante extraña y curiosa”, apuntó. No obstante, el Tribunal pidió al INE pronunciarse respecto al cumplimiento de los demás requisitos legales y, de ser el caso, otorgar el registro correspondiente. “Cabe la posibilidad de que el INE todavía sostenga que los apoyos de Jaime Rodríguez no cumplen con los parámetros necesarios”, dijo el politólogo.

La mayoría del TEPJF, informó el boletín de la institución, refirió que “El Bronco” subsanó 8.4 por ciento de los registros que se habían considerado inválidos, unos 62 mil 730. “De ahí que, si al aspirante le falta 1.92 por ciento para cumplir con el porcentaje exigido, que equivale a 16 mil 656, está ante la posibilidad de que, derivado de una revisión exhaustiva de los apoyos, su situación jurídica frente a la oportunidad de postularse cambie”, resolvió.

En entrevista, el investigador del IIJ de la UNAM, César Astudillo, dijo que el mensaje que da el Tribunal Electoral es que “no importa” cómo hayan conseguido los apoyos que pide la ley, sino que hayan pasado el umbral requerido, lo cual consideró “grave” porque, enlistó, hay una serie de firmas apócrifas, otras que no aparecen en el listado nominal, hay fotocopias ilegibles o que hacen referencia a credenciales inexistentes, y hay evidencia de que “El Bronco” utilizó el aparato gubernamental de Nuevo León para su beneficio o apoyo económico.

“Hay muchas otras irregularidades que hoy hacen que desde el INE y la Fepade estén abiertos expedientes de investigación. La resolución del Tribunal viene a cubrir con el manto de la legalidad esta serie de conductas […] No será sometido a ningún juicio de responsabilidad e incluso se te puede premiar con una candidatura a la Presidencia. El mensaje, en un contexto de gran impunidad como el que vivimos en este país, es lamentable y altamente negativo”, aseveró Astudillo.

Entre las irregularidades de “El Bronco” destacan 58 por ciento de firmas apócrifas, más de 810 mil firmas no encontradas en la lista nominal, más de 158 mil firmas simuladas y más de 205 mil fotocopas de firmas, así como 17.3 millones de financiamiento sospechoso.

El boletín del TEPJF agregó que “la Sala Superior determinó ordenar a la autoridad responsable [el INE] que tenga por cumplido el requisito relativo al número de apoyos necesarios para la postulación de Rodríguez Calderón como candidato a la Presidencia de la República por la vía independiente”.

El politólogo Leonardo Núñez explicó que lo que hizo el Tribunal Electoral, perteneciente al Poder Judicial, fue “dar por bueno” todos los apoyos que eran necesarios a pesar de que el INE, órgano autónomo, resolvió que la mayoría de las firmas eran inválidas. Consideró que sus recientes sentencias han sido “cuestionables por razones de afiliaciones partidistas de algunos de los magistrados”.

El investigador de la UNAM, César Astudillo, declaró que el INE debe acatar en todos sus términos la sentencia, otorgarle el registro a “El Bronco” y abrirle un espacio en la boleta. “Eso sí: los procedimientos de investigación que tiene abiertos el INE los debe continuar y si comprueba que hay quienes hicieron mal uso del padrón electoral, de la lista nominal o algunas otras irregularidades pues imponer las sanciones del caso. La Fepade también debe de avanzar para ver si hay delitos configurados y de comprobarse debe de sancionar”, reiteró.

Eso significa, explicó, la posibilidad de una “representación teatral”: aunque “El Bronco” esté en media campaña, el INE o la FEPADE puede sancionar a los colaboradores que recogieron las firmas o cometieron otros delitos electorales. “Va a quedar para la antología de esta elección”, consideró el especialista en derechos y elecciones.

Asimismo, en días previos el INE realizó una reclasificación de apoyos al aspirante Armando Ríos Piter invalidando 906 mil 417 cédulas por lo que concluyó que el aspirante no alcanzó el 1 por ciento de respaldo del listado nominal, que equivalía a 866 mil 593 personas. Pero este martes la Sala Superior del TEPJF consideró que se violó la garantía de audiencia en perjuicio de “El Jaguar”, quien no alcanzó el umbral de firmas para el registro, y le pidió al INE darle 10 días más para la revisión de firmas que fueron clasificadas como inválidas por inconsistencias.

TEPJF RECHAZA RESOLUCIONES DEL INE

No es la primera vez que el Tribunal Electoral da revés a una determinación previa del INE. Sucedió en noviembre respecto a los cuestionados resultados de la elección de Gobernador en Coahuila, territorio priista, y en diciembre en la validez de la entrega de las tarjetas o monederos electrónicos señalados desde las elecciones de 2012. Puede ser por falta de diálogo o intereses, dijeron los especialistas consultados.

El 24 de noviembre, casi seis meses después de las elecciones de 2017, el Tribunal confirmó por unanimidad de votos la validez de la elección de Gobernador en Coahuila y la entrega de la constancia de mayoría en favor de Miguel Ángel Riquelme Solís, postulado por la coalición “Por un Coahuila Seguro”. Un mes previo, el INE determinó que el priista había rebasado por 2 millones 23 mil pesos el tope de gasto de campaña (10.5 por ciento más del permitido), pero el Tribunal lo revocó. El Tribunal estatal “llevó a cabo un estudio exhaustivo” y “en todos los casos se determinó que las irregularidades señaladas no quedaban acreditadas a partir de las pruebas aportadas por los actores”, argumentó.

En diciembre del año pasado volvió a pasar. El Consejo General del INE modificó el reglamento de fiscalización y agregó impedir la entrega de tarjetas u otro tipo de propaganda que en la percepción de la ciudadanía se dirija a un beneficio directo en un futuro inmediato. No obstante, el Tribunal Electoral –en esa ocasión por unanimidad de 6 magistrados– eliminó del reglamento que impedía la repartición por parte de candidatos y partidos.  “El Consejo General del INE se extralimitó en el ejercicio de sus atribuciones reglamentarias”, pues eso corresponde al Poder Legislativo, argumentó Vargas.

“Más allá de los antecedentes de los magistrados, que algunos tienen afinidad o cercanías con figuras políticas, vale la pena individualizar porque sistemáticamente tienen una postura y hay otros magistrados que se han posicionado históricamente en contra de determinadas decisiones electorales”, afirmó el politólogo Leonardo Núñez.

“Hay un escenario ciertamente sombrío”, dijo. Por las últimas decisiones, “lo que se está generando es un clima de desconfianza que abonan incertidumbre electoral y pone un velo de sospecha innecesario”, añadió.

Janine Otálora, magistrada presidenta del Tribunal Electoral, y Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE, firmaron el 3 de abril un convenio de colaboración entre ambas instituciones electorales. Foto: Cuartoscuro.

Para el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diego Valadés, la resolución sobre las tarjetas “no contribuye a que en 2018 haya pulcritud y equidad en el proceso electoral”, tuiteó en diciembre. Sobre lo de “El Bronco” escribió que “la actuación del Tribunal Electoral generará muchas dudas acerca del destino de las elecciones. El derecho está dejando de ser un elemento para prever las decisiones de la autoridad. Infringir la ley y quedar impune es muy grave; pero infringir la ley y recibir un premio es alarmante”. Miguel Carbonell, Director del Centro de Estudios Juridicos Carbonell, también lamentó la resolución y comentó que “al legitimar una candidatura que se construye con firmas falsas, el Tribunal Electoral abre la puerta para que se haga todo tipo de transas”.

César Astudillo alertó que entregarle la candidatura a Rodríguez Calderón en esas condiciones “es un golpe a la credibilidad de ambas instituciones”, pero ahora parece que la institución que le da un golpe “más duro a su legitimidad es el Tribunal Electoral” porque, consideró, fue una sentencia “inadecuada, negativa y que trata de utilizar principios de interpretación de una manera interesada”.

Asimismo, afirmó que “hay poco diálogo” entre el INE y el Tribunal Electoral, pese a que en un contexto de elecciones deben tener mayor contacto.

“Si las dos se dicen instituciones electorales debe haber un diálogo abierto sobre cómo están imaginando su resolución o algún procedimiento, al margen de que cada uno tenga sus competencias y se muevan en el cumplimiento de sus responsabilidades”. Ante la falta de comunicación, “el INE lo piensa de una manera, pero como no se dialoga, saca un acuerdo y el Tribunal lo valora bajo otros parámetros”, concluyó Astudillo.

Finalmente, el politólogo Leonardo Núñez previó que no se generará un gran movimiento en las preferencias electorales, aunque la opción es que Jaime Rodríguez solamente se dedique a criticar a un solo candidato o a emitir otro tipo de mensaje.