La situación en las escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México, ya sea por problemas de seguridad o de presuntas irregularidades en las finanzas, ha generado en los últimos meses varias protestas de alumnos y profesores quienes exigen una mayor transparencia en el uso de los recursos de la institución.

El problema no es reciente y escaló: las quejas pasaron de ser asuntos a nivel interno a ser expuestas en Rectoría, pero las soluciones aún no llegan y ya se incurre en la omisión de posibles hechos ilícitos.

Ciudad de México, 11 de mayo (SinEmbargo).-  El pasado 7 de enero dos maestros de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) iniciaron una huelga de hambre para solicitar una audiencia con el Rector Enrique Graue y entregarle un listado de problemáticas y anomalías que han detectado en el plantel.

Rectoría se comprometió de inmediato, pero meses después delegó la atención de los problemas a las autoridades del plantel a pesar de que están incluidos en los señalamientos de malos manejos y de que la comunicación con los demandantes quedó agotada.

De acuerdo con los documentos que un grupo de maestros obtuvo a través de transparencia y que le fueron entregados al Rector y a la Oficina Jurídica de la UNAM el pasado 10 de enero, en esa Facultad hay 21 maestros que cobran su plaza de tiempo completo y además cobran beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt); la implementación de cobros ilegales; pagos de servicios sin registro fiscal; opacidad en el Consejo Técnico que opera sin reglamento; acoso laboral contra profesores y acoso sexual a alumnas.

La protesta de los profesores fue la salida que encontraron luego de agotar los medios institucionales para solicitar atención a las problemáticas denunciadas desde finales del año 2016, que continuaron hasta inmiscuir a la administración del nuevo director de la Facultad, Fernando Macedo Chagolla.

Sin embargo, posterior al diálogo que profesores y estudiantes sostuvieron con el Rector, las quejas llegaron nuevamente a manos de las autoridades de la FES.

“En la dirección de la FES Aragón tenemos cerradas las puertas, no nos escuchan […] La idea de la protesta era llegar al Rector. De inmediato la primera persona que bajó a atendernos fue Maricela Morales, que es la Coordinadora de Oficinas Jurídicas nos invitó a Rectoría a hablar con la Abogada General y nos negamos porque teníamos que hablar con el Rector, porque la Ley Orgánica de la UNAM dice que el Rector es el Jefe nato de la UNAM y como tal, tiene la obligación de resolver cualquier problemática”, explicó a SinEmbargo el académico de la Facultad, Alfredo Bravo Olivares.

“Si él sabe de los problemas tiene la obligación de resolver porque está al frente de una entidad de corte paraestatal. Queríamos una audiencia y nos la dieron rápido”, agregó.

A la cita posterior le presentaron un documento con diez puntos en los que denunciaron faltas administrativas, irregularidades, manejos inadecuados de los asuntos por parte del Consejo Técnico, acoso laboral y acoso sexual que plantearon las estudiantes.

La reacción del Rector ante el tema del acoso fue que inmediatamente iban resolver; se acordó una reunión después en la oficina con la abogada y que tendrían una línea directa con ella para resolver las problemáticas de acoso.

El Rector canalizó los problemas con Mónica González Contró, Abogada General de la UNAM y con Maricela Morales Ángeles, Coordinadora de Oficinas Jurídicas, a quien le presentaron los casos de probable fraude a Conacyt y a la Universidad de parte de 21 profesores de tiempo completo, funcionarios y el Director mismo, el caso de presunto plagio por parte de Orlando Eleazar Moreno Pérez y de parte el ex Director y los cobros ilegales que se hacen en la FES en transporte de las prácticas, diplomados y en salas de Fundación UNAM.

EL DIÁLOGO POSTERIOR

“Nos reunimos con Maricela Morales en varias ocasiones. Denunciamos todo esto. Sobre el acoso no se resolvió nada, no hay ninguna acción que se haya tomado en favor de ellas y ya lo han denunciado”, agregó Bravo Olivares.

Contó que en el caso de los estudiantes, se abrieron tres ejes temáticos: resolver el transporte a través de la red Sendero Seguro, un comedor estudiantil y el asunto de los cobros ilegales.

Hasta este mes se han realizado nueve reuniones entre los estudiantes, los representantes de la Rectoría y los profesores para resolver el problema del transporte sin que se llegue a acuerdos. Por otro lado se implementó un servicio de transporte que no ha dado los menores resultados, además que ya se han registrado asaltos en el Metro Impulsora, que es el punto en el que el transporte deja a los alumnos.

Además se trata de un servicio que fue concesionado por la FES a una empresa del Estado de México.

“Y falta el comedor y lo de cobros ilegales. No se ha hablado todavía en las mesas. Tiene más de dos meses que no nos recibe Maricela Morales, ni nos toma la comunicación”, agregó el profesor.

Morales les marcó copia de un documento fechado el 25 de febrero de 2019, en donde dice que “de conformidad con los preceptos legales antes referidos, la Abogada General no cuenta con atribuciones para interferir en la vida académico-administrativa”, por lo que el asunto sería atendido por director de la FES, que es el responsable para que a través del Consejo Técnico resuelva.

“Ese Consejo Técnico es al que estamos denunciando y es el Director al que estamos denunciando. Entonces hace juez y parte al Director y al Consejo Técnico. El Rector dijo que le había comisionado a la Abogada General, pero no puede ser omiso. Él ya sabe de las faltas, puede intervenir”, sostuvo.

De igual manera, sobre las quejas de acoso laboral de parte del Consejo Técnico hacia profesores que han denunciado estos hechos, las autoridades han argumentado que no se puede intervenir en la vida interna de las Facultades, aunque en la Ley de Obligaciones Administrativas se establece que las contralorías internas serán las encargadas de verificar los casos de probables faltas administrativas o en el manejo de presupuesto, omisiones, conflicto de intereses.

“Entonces se supone que las dependencias deberían tener una oficina de contraloría interna que dependiera del contrato general. Como eso no existe, quien debe atender es el contralor de la UNAM. Nadie más tiene facultades legales. Se supone que tenga que ser atendido por el contralor de la UNAM, porque es el único que tiene facultades de investigación, sustanciación y resolución que establece la ley. Si el Rector conoce de una probable falta administrativa, omisión o conflicto de interés, le tiene que informar al contralor porque tampoco él tiene facultades”, agregó Bravo Olivares.

LAS DENUNCIAS DE LA COMUNIDAD

Los profesores tienen 21 casos documentados de profesores de tiempo completo y funcionarios que al mismo tiempo que han ocupado esas plazas han cobrado beca Conacyt, lo que viola el reglamento de ambas instituciones.

Cuando se accede a una beca Conacyt, se firma una carta compromiso para asegurar que no se tienen más de ocho horas clase.

En esa lista de 21 personas que caen en ese supuesto, está incluido el Director de la Facultad que ocupó una plaza como funcionario en la FES Aragón, horas como profesor y además cobró beca como estudiante de maestría de Conacyt.

Derivado de una nota anterior al respecto publicada en este medio, Conacyt emitió una carta en la que anunció a los becarios que aquel que fuese descubierto en esa situación se le cancelaría la beca de manera inmediata.

“Conacyt sí tomó cartas en el asunto, la UNAM no y es un fraude para la Universidad porque paga por un tiempo completo. Si quieres percibir una beca pides un permiso especial, se analiza el monto de la beca y si se da el sueldo completo o una parte del sueldo […] Se lo dijimos a la abogada pero no han hecho nada”, añadió.

Sobre la facturación de los recursos, es una práctica común que los estudiantes no obtengan un recibo cuando pagan por utilizar la sala de Fundación UNAM o por seminarios y diplomados.

De acuerdo con información obtenida a través de transparencia, la FES Aragón tiene más de 300 diplomados y seminarios cuyos costos van entre los 11 y los 53 mil pesos y se dan más de una vez, a veces hasta tres veces al año.

“Cuando se pagan esos seminarios no dan factura. No hay facturación de los recursos y la UNAM no puede hacer eso”, añadió Bravo Olivares.

En el caso de los viajes de prácticas escolares le cobran la mitad del costo del camión a los estudiantes. En una práctica a Unión Hidalgo, Oaxaca después del sismo de 2017, se les dio a los estudiantes un camión con cucarachas. También se detectó el uso de unidades con 12 años de vida, cuando el protocolo establece que el límite son 10 años.

“Se lo dijimos al Rector: no queremos, exigimos una auditoria externa a la Universidad. Se necesita una auditoría legal y financiera. ¿Dónde están los comprobantes fiscales de todo lo que se ha hecho? El Rector está informado, tiene conocimiento de todos estos hechos y Maricela Morales también, ella puede iniciar el procedimiento y apoyar para que se levante un acta. Si hay una probable falta del Director, tendría que proceder”, concluyó el académico.